Reino de España: Sánchez en los “márgenes”
Dos meses después de la moción de censura que acabó con el minoritario gobierno Rajoy, apoyado por Ciudadanos, las esperanzas mayoritarias de un giro a la izquierda, que permitieron llegar al PSOE de Pedro Sánchez al gobierno con solo 84 diputados, se enfrentan a la dura realidad de una inestable correlación de fuerzas institucional establecida en 2015. Ya entonces, la crisis del bipartidismo -reflejo de la crisis más general del régimen del 78, agravada por la Gran Recesión- obligó a unas nuevas elecciones anticipadas en junio de 2016. Y la crisis constitucional en Cataluña acabó por erosionar la minoría gobernante conservadora que sostenían el PNV y el autonomismo canario.
La moción de censura fue posible, en primer lugar, porque la dirección del PSOE de Pedro Sánchez superó el vetó interno de la rancia aristocracia de su partido, los barones autonómicos y el aparato de Ferraz (que lo habían descabalgado de la secretaria general en 2016 para permitir la abstención a Rajoy) limitando su objetivo a “recuperar la normalidad institucional y política”, ante la gravedad de las acusaciones de corrupción del PP. Es decir, a no negociar con “populistas e independentistas” su apoyo a la moción de censura. Y dicho apoyo se produjo ante una opción táctica de “mal menor” que sumo 176 votos en el Congreso, incluyendo el trasvase de los votos del PNV de los que dependía la balanza institucional.
Lo que se abría, por lo tanto, era un interregno para la preparación, en “condiciones de normalidad” (de entrada, sin financiación ilegal de campañas electorales puestas de manifiesto en la retahíla de casos judiciales abiertos contra el PP) de un largo ciclo electoral en 2019 -municipales, autonómicas, europeas, además de sindicales- cuyo colofón deberían ser unas elecciones generales que reflejasen la nueva correlación de fuerzas establecida de abajo a arriba.
El concepto de “normalidad”, sin embargo, rápidamente se expandió ante la urgencia de las múltiples crisis económicas, institucionales y políticas acumuladas por el régimen del 78 y la presión de múltiples sectores sociales. A pesar de la mendaz reivindicación de la gestión del gobierno Rajoy (desde el supuesto “no rescate” de la UE hasta la derrota del independentismo catalán con la aplicación del art. 155), el hecho es que el régimen del 78 está abierto en canal y, más allá de la eficacia de las medidas coyunturales, su crisis estructural se profundiza. La respuesta política inevitable es la polarización a lo largo de diferentes ejes y problemas, entre otras cosas porque la reforma de la Constitución de 1978 es impracticable.
La constitución del gobierno de Pedro Sánchez, con todo, ha supuesto un aliento de esperanza e ilusión popular. Cuando parecía imposible otra cosa que la resistencia resignada, una audaz maniobra parlamentaria demostró que, también institucionalmente, el gobierno Rajoy y el PP tenían los pies de barro. Bastó la confluencia de agravios en la moción de censura para no solo sacar al PP del gobierno, sino desatar su grave crisis interna contenida hasta entonces y cambiar rápidamente el clima de enfrentamiento social que escalaba desde hace meses la crisis constitucional catalana. Todo ello ha reforzado en estos dos meses las ilusiones y con ellas ampliado el horizonte de la “normalización” hasta el límite electoral máximo de junio de 2020.
El problema estratégico del gobierno Sánchez es como gestionar ese horizonte para reforzar sus posibilidades electorales de forma acumulativa a lo largo de la montaña rusa de elecciones -cada una con sus especificidades tácticas de programa y alianzas- hasta conseguir ser el partido más votado en las generales y construir una alianza de gobierno estable con Unidos Podemos y el resto de las izquierdas, en una formula abierta aún por decidir. Lo que si parece posible a estas alturas es descartar la posibilidad de una alianza con Ciudadanos -como la que Pedro Sánchez intentó en 2015-, y ello le confiere un importante margen de maniobra interno en el PSOE, además de la que le otorga la gestión de la administración del estado. Su opción preferente es una “formula portuguesa” de apoyo parlamentario a un gobierno monocolor del PSOE tras las elecciones generales y avanzar una reforma del régimen del 78 que respete su naturaleza y equilibrios de clase sin el horizonte de un proceso constituyente.
En este interregno, carente de una mayoría capaz de llevar a cabo reformas legislativas, esa estrategia se tiene que basar en una política gubernamental unilateral simbólica, que la llene de contenido a falta de un programa de cambios estructurales y que sostenga y alimente la esperanza surgida en la moción de censura. En los primeros días, el nuevo gobierno reivindicó la dignidad moral abriendo los puertos españoles a los emigrantes rescatados en el Mediterráneo, a los que el gobierno italiano rechazaba con argumentos racistas y xenófobos. Pocos días después, descartó la posibilidad de llevar a cabo reformas de fondo de la Ley Mordaza, la legislación laboral o la LOMCE del PP. Pero ha conseguido la toma en consideración de un proyecto de ley de Eutanasia. No ha podido legalmente publicar la lista de la amnistía fiscal de Montoro, pero si anunciar un proyecto de ley que prohíba nuevas amnistías fiscales (mientras no haya otra mayoría que la cambie). Ha iniciado los trabajos para una propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica y, mientras tanto, anunciado la exhumación inminente del cadáver del Dictador Francisco Franco de la Basílica del monumento fascista del llamado “Valle de los Caídos”. Puede sumarse a la condena moral de un torturador como Billy el Niño, pero no tiene capacidad legal para retirarle las condecoraciones recibidas por sus servicios.
La entrevista concedida a El País tras la constitución del nuevo gobierno por Pedro Sánchez es una descripción pormenorizada de esta estrategia y de las iniciativas previstas. Pero también de los limites objetivos parlamentarioscon los que choca y del punto de partida de que no es posible cuestionar ni los limites impuestos por las políticas de la UE ni del régimen del 78, a pesar de su crisis: solo gestionar dentro de sus márgenes.
Cinco temas han puesto de manifiesto en estos dos meses de manera acuciante esos márgenes:
1- El nombramiento de los responsables de RTVE.- Largamente pospuesto por el PP, a pesar de la patente ilegalidad en que se encuentra sumido el consejo de administración de los medios de comunicación audiovisuales públicos, es un prioridad en el programa de “normalización diplomática”. RTVE ha sido durante años un descarado aparato de propaganda del PP. A la espera de que se convoque el concurso público de acuerdo con la nueva legislación aprobada para su renovación, era esencial contar con una dirección en el ente público capaz de asegurar su neutralidad y profesionalismo. Las negociaciones entre PSOE y Unidos Podemos fueron una acumulación de errores y fallos que acabaron de forma esperpéntica con la pérdida de la votación sobre el Decreto del gobiernopor error de dos diputados del PSOE.
Finalmente, el 27 de julio, en una segunda votación por mayoría simple, fue ratificado el Decreto del gobierno que nombraba a la prestigiosa periodista Rosa María Mateo al frente de RTVE. Tampoco fue fácil, porque PSOE y Unidos Podemos tuvieron que acordar “dentro de los márgenes” un candidato miembro de la plantilla de RTVE y no un periodista independiente y sufrir un desgastante intercambio con la nueva dirección del PDeCAT sobre los “márgenes” del diálogo con la Generalitat catalana. Tan preocupante como ello es que fue un ejemplo de la dificultad de desplazar a los cargos y altos funcionarios del PP de los segundos niveles ejecutivos de las instituciones y ministerios del estado, desde los que pueden torpedear la acción del propio gobierno y que es especialmente patente en los llamados “ministerios de estado”, en nombre de un atribuido derecho de veto implícito en las “políticas de estado”.
2- El “caso Corinna”: corrupción y chantaje al estado de sus cloacas.- La filtración de nuevas grabaciones realizadas por el comisario Villarejo de sus entrevistas con la amiga de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga ha provocado un segundo pulso sobre los “márgenes”. En este caso sobre los que afectan a un pilar central del régimen del 78, como es la monarquía. La naturaleza de las acusaciones que se desprenden de las cintas ha obligado a la comparecencia del Director del CNI a puerta cerrada en la comisión de gastos reservados del Congreso. Y sin duda propiciarán una investigación de Hacienda sobre las cuentas atribuidas al rey emérito. Rápidamente se le ha querido exculpar reafirmando su “inviolabilidad” en el ejercicio de sus funciones, lo que no excusa de la investigación de cualquier posible delito.
Por si había alguna, el propio Pedro Sánchez, al asegurar que el gobierno no admitirá “ningún chantaje al estado”, ha acabado por confirmar que las grabaciones filtradas -parte de cuyo contenido era más o menos conocido, pero ahora constituyen pruebas judiciales- son efectivamente un desafío de las “cloacas” del estado, organizadas desde el Ministerio del Interior por cargos del PP, contra las propias instituciones del régimen del 78, para defender sus intereses privados. La corrupción estructural ha llegado a un punto que esos intereses privados -como en el caso Gürtel o Lezo- entran en contradicción con el propio régimen del 78 que los ha alimentado. El rechazo de cualquier chantaje -una obligación democrática- difícilmente es argumento para evitar la investigación, en todas sus formas, de estas redes corruptas, alegando el respeto de los propios “márgenes” y la estabilidad institucional del régimen del 78, como bien ha señalado Javier Pérez Royo.
3- La refundación aznarista del Partido Popular.- La victoria de Pablo Casado en el reciente congreso del PP, tras la retirada de Mariano Rajoy, merecerá un análisis pausado. Pero es significativa la derrota en el Congreso del PP, ante los más de 3.000 compromisarios, de Soraya Sáenz de Santamaría, cuya candidatura había obtenido la mayoría de votos (21.513) en la primera fase de las primarias del partido conservador, en las que participó el 7,6% de su supuesta militancia. El núcleo del PP en la Administración del estado, tras derrotar en las primarias al aparato interno de Génova, se vio desbordado por el apoyo de este a la candidatura de “renovación” y “recuperación de los valores” de Pablo Casado, gracias a su control de las federaciones y estas del 57% de los compromisarios. En definitiva, esos mismos compromisarios hacían responsable a la vicepresidenta del gobierno Rajoy de su pérdida de la moción de censura, de las flaquezas en la aplicación del art. 155 en Cataluña y de cuestionar una cultura de partido basada en la polarización social y política de la derecha que viene reclamando el expresidente Aznar ante la cada vez más patente trama de corrupción del aparato que creó. No deja de ser significativo de que Pablo Casado fuera elegido a pesar de la espada de Damoclés que pende sobre su futuro político por el posible fraude de sus títulos académicos.
Para que no hubiera dudas, Casado se comprometió a encabezar una contraofensiva populista reaccionaria -desde el cuestionamiento de la actual ley del aborto a un posible giro anti-austeridad- en defensa de la monarquía y del régimen del 78 y contra la “usurpación” del gobierno por la izquierda. En este sentido, ha dado por enterrada la aspiración política a una “Gran Coalición” PP-PSOE para la reconstrucción del bipartidismo, que fue la fallida opción estratégica inicial de Rajoy. Al mismo tiempo, abre una competencia por la hegemonía del espacio electoral de la derecha con Albert Rivera y Ciudadanos -en su propia deriva hacia un populismo nacionalista- que solo puede retroalimentar la polarización política y erosionar aún más el consenso bipartidista del régimen del 78, en el que supuestamente se sitúa el “centro” electoral.
4- La gestión de la crisis constitucional catalana.- con independencia del apoyo crítico del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación del art. 155 a la Generalitat de Catalunya por el gobierno Rajoy, es evidente que la moción de censura implicaba la promesa de un cambio de enfoque y actitud. Esta comenzaba por reconocer que “la sociedad catalana votó un Estatuto que ahora mismo no es el que rige Catalunya, porque fue recortado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una falta de legitimidad del Estatuto de Autonomía de Catalunya que tiene que ser corregida” (en la entrevista de El País). Y por restablecer un diálogo directo entre su gobierno y el autonómico de Torra.
La situación de prisión provisional de los dirigentes independentistas catalanes – que el PSC considera una “medida excesiva”- ha quedado aplazada al limbo de la judicatura, sin nuevas instrucciones a la fiscalía, a pesar de la decisión de los tribunales alemanes, belgas y británicos de rechazar la eurorden de detención del Juez Llarena por el cargo de rebelión. Una y otras medidas han ido marcando los “márgenes” en el tratamiento del gobierno Sánchez de la cuestión catalana, cuyo primer objetivo es reducir la tensión de la confrontación en la propia Cataluña y preparar un nuevo escenario de diálogo tras las elecciones generales y, posiblemente, unas catalanas.
La reestructuración del espacio de la derecha independentista tras el Congreso del PDeCAT, hegemonizado por Puigdemont y la constitución de un nuevo aparato electoral, la Crida Nacional, recrudece también las fricciones en el espacio independentista, en el que las últimas encuestas apuntan a una mayoría electoral de ERC, que mantiene su narrativa propia del procés.
La instabilidad de esta situación en todos los ángulos se ha acabado manifestando en la señal de los independentistas catalanes en el Congreso mediante su abstención en la primera vuelta de la ratificación del decreto de RTVE y en el techo de gasto. Pero son señales de un alcance calculado: la idea de un adelanto de las elecciones generales y de dar pie a la victoria de una coalición PP-C’s con una vuelta atrás a la tensión social y política del art. 155 en Cataluña -cuando Casado amenaza con su mayoría en el senado y Rivera ha hecho de la presión contra la Generalitat su tabla de salvamento electoral-, parece el peor de los escenarios para reagrupar fuerzas y reorientarse estratégicamente de los independentistas catalanes. La prueba de esa disyuntiva es la creciente importancia de la campaña por los presos.
5- El techo social de los presupuestos de 2019.- Tras el equilibrismo de la aprobación por parte de la izquierda de los presupuestos de 2018, elaborados por el gobierno Rajoy, y el rechazo parcial de las enmiendas de castigo de la mayoría del PP en el senado después de la moción de censura, el nuevo gobierno alcanzó unilateralmente un acuerdo de flexibilización de los ritmos del ajuste fiscal.
Después de años de incumplimiento de los acuerdos de déficit del gobierno Rajoy, el Eurogrupo recibió “con aplausos” la presentación de la ministra Calviño sobre el plan de cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y obtuvo cinco décimas de margen en el déficit público, que se situaría en 2019 en el 1,8% y en 2020 en el 1,1%. Es decir 6.000 millones de euros, de los que 2.500 permitirían una ayuda financiera urgente a las comunidades autónomas. Con un crecimiento anual previsto del 2,8% del PIB y la anunciada subida de impuestos sobre los beneficios y la banca, el techo de gasto propuesto por el gobierno es un 4,4% superior al de 2018 (125.064 millones de euros).
El gobierno Sánchez ha optado así por una “formula portuguesa” de corrección parcial de los desequilibrios del déficit social, pero sin poner en cuestión la orientación del ajuste fiscal impuesto por la UE. Con tres importantes diferencias: la espectacular caída del gasto público, que se ha situado en 2017 en el 41%, entre cuatro y seis puntos por debajo de los países de la eurozona; el tradicional déficit del gasto público social per cápita en relación con la media del Eurogrupo, agravada por el aumento de la desigualdad por la gestión neoliberal de la Gran Recesión; y la falta de negociación previa de un acuerdo de legislatura con la izquierda como el del PSP con el Bloco y el PCP (ver el debate en SP sobre las “lecciones portuguesas”).
El problema adicional es la existencia de la Ley de estabilidad presupuestaria, que confiere al Senado, y a la mayoría en él del PP, un derecho de veto sobre las propuestas de techo de gasto aprobadas en el Congreso de los Diputados. Sin haber acometido previamente su reforma, la propuesta del PSOE estaba condenada de antemano al fracaso. Pero su intención era doble: denunciar al PP como responsable del mantenimiento de las políticas de ajuste y austeridad y someter a la lógica del “mal menor” a Unidos Podemos y al resto de las izquierdas en esta primera vuelta del debate presupuestario, condicionando así las negociaciones sobre el presupuesto de 2019, que serán las más importantes de lo que quedan de legislatura, al mantenimiento del acuerdo unilateral alcanzado por Calviño en Bruselas.
Con los precedentes del acuerdo unilateral para cuatro años del gobierno Rajoy en funciones con la Comisión en 2015 y tras la experiencia portuguesa, la respuesta de Unidos Podemos, en la perspectiva además del veto del PP en el Senado, era previsible. Y el gobierno Sánchez ha intentado cambiar de responsable del bloqueo del techo de gasto en 24 horas, acusando a Unidos Podemos de un ajuste de 11.000 millones de euros que afectaría especialmente a las comunidades autónomas. Pero por ley, el gobierno esta obligado a presentar una nueva propuesta en septiembre de techo de gasto y, es de esperar, que antes ofrezca soluciones reales para el veto del Senado, por una parte, y las cifras fundamentales para la negociación del conjunto del presupuesto de 2019, cuyo objetivo debe ser no solo frenar el empobrecimiento de importantes sectores sociales, sino poner fin a las políticas neoliberales y prepararse desde la defensa de los intereses sociales a la nueva recesión de la economía capitalista que comienza a vislumbrarse en el horizonte. Es decir, discutir los “márgenes” de los intereses sociales en juego en el presupuesto que definirá el largo ciclo electoral de 2019 y de cuyo acuerdo dependerá la posibilidad o no de un gobierno de las izquierdas en 2020.
El presidente Sánchez, como es evidente, ha reiterado, por si había alguna duda, su voluntad de acabar la legislatura. En este aspecto, a pesar de todas las declaraciones en contra, no otro es el interés táctico, por el momento, del resto de los partidos ante el largo ciclo electoral de 2019.
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