“Bendito el que cree en la justicia... porque será ajusticiado”. Sabino Cuadra Lasarte. Rebelión
Esta es la
traducción al castellano del texto que se podía leer en una de las
camisetas realizadas por la cooperativa de presos y presas de la cárcel
de Rebbibia (Roma): “Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá
giustiziato”. Si alguien se animara aquí a sacar esas camisetas, seguro
que se forraba.
Iruñea, 26 de septiembre de 2012. La mayoría
sindical vasca convoca convocado un huelga general contra las reformas
del Gobierno. En su transcurso, mientras participaba en uno de sus
piquetes informativos, me dirijo en dos ocasiones a la policía para
interesarme por sus razones para retener a un joven y golpear a una
sindicalista. A pesar de identificarme como diputado, los policías me
sueltan varios porrazos. Decenas de testigos presenciaron los hechos,
recogidos luego por numerosos medios. Incluso el “Financial Times”
inglés llegó a publicar una fotografía de los mismos en su primera
página.
Denunciados lo anterior, el Juez acordó el
sobreseimiento y archivo de la denuncia por dos razones. En primer
lugar, porque a pesar de admitir que “el denunciante esgrimió ante los
funcionarios policiales su condición de parlamentario español”, el Juez
estimó que “es evidente que no se encontraba realizando ninguna función
propia de su condición”. Que el Presidente Rajoy acuda a una final de la
selección española de fútbol o la ministra Fátima Báñez vaya a la
procesión del Rocío a solicitar la intercesión de la virgen para que el
paro disminuya, sí que se considera como algo propio del cargo, pero
formar parte de un piquete informativo en una huelga general, no, eso sí
que no.
La segunda razón para archivarlo fue entender que mi
petición de explicaciones a la policía obstaculizó e impidió su
actuación, motivando “que los funcionarios policiales emplearan frente a
él también la fuerza necesaria para apartarlo”. Sin comentarios. ¡Paso
palabra!
Recurrido el Auto judicial, la Audiencia Provincial de
Navarra estimó parcialmente el recurso interpuesto señalando que no
hubo evidencia alguna en mi conducta de “resistencia o actitud peligrosa
alguna” y rechazando que “la actuación de los agentes cuando golpean al
denunciante tuviera su origen en el cumplimiento de un deber” que
pudiera eximirlos de responsabilidad.
En junio de 2014 se
celebró el acto de la vista oral del juicio de faltas por lesiones
imputadas a los policías (se rechazó nuestra petición de calificarlos
como delito), pero éste se suspendió tras comprobarse que el Juzgado
(¡...!) no había llamado a declarar a uno de los agentes. Y ahora,
pasados dos años de todo aquello, el Juez ha declarado finalmente la
prescripción de las posibles faltas por no constar que en la actuación
judicial haya habido una imputación concreta de los hechos y haber
transcurrido más de seis meses desde su comisión. El juez, sin embargo,
no señala quién es el responsable judicial de tanto desatino ni ordena
la apertura de expediente alguno al respecto.
En aquella huelga
general varios jóvenes fueron acusados de atentado contra agente de
autoridad. Al de doce días, por medio de un juicio rápido, ya habían
sido condenados a dieciséis meses de prisión. Sin embargo a otro joven,
Aingeru Zudaire, a quien una pelota de goma le reventó un ojo como
consecuencia de lo cual ha perdido prácticamente la visión del mismo, se
le archivó su denuncia contra la policía. Recurrido el caso, se
consiguió que éste siguiera adelante, pero aún no se ha celebrado el
juicio.
Hace unos días el Tribunal Supremo ha confirmado la
condena a dos años de cárcel para varios ecologistas miembros de
Mugitu!, colectivo de desobediencia civil contra el TAV, por arrojar en
Toulouse (Francia) tres tartas de nata contra la presidenta del Gobierno
de Navarra. Nadie allí les acusó de nada, pero aquí no les perdonaron.
Aquí, endulzar la cara de Yolanda Barcina es delito, y de los gordos.
Aporrear a un diputado de Amaiur, no, por supuesto.
La
Audiencia Nacional, a pesar de llevar cumplidos ya cinco años de los
seis a los que fueron condenados, acaba de negar la libertad provisional
a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz
Rodríguez. A pesar de ser los principales artífices del proceso de paz y
normalización democrática impulsado en Euskal Herria, su peligrosidad
parece ser bastante mayor que la de Rodríguez Galindo, Barrionuevo,
Vera, Sancristobal.., condenados en su día por los crímenes del GAL
(torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones,...), quienes no
llegaron a cumplir siquiera ni la décima parte de las condenas que les
fueron impuestas.
La Audiencia Nacional también denegó este año
la extradición solicitada por la jueza argentina, María de Servini, por
crímenes de lesa humanidad, contra los torturadores franquistas Antonio
González Pacheco, alias “Billy el Niño” y Jesús Muñecas. Según la A.N.,
sus torturas no formaban parte de un “ataque sistemático y organizado a
un grupo de población”. Es decir, ellos no eran parte activa,
consciente y voluntaria de una Dictadura que desaparecía, torturaba,
encarcelaba y reprimía al conjunto de la sociedad, sino, a lo más, casos
aislados que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. ¿Dirá
ahora lo mismo la Audiencia Nacional ante la nueva petición de detención
y extradición contra veinte altos cargos (ministros –Martín Villa,
Utrera Molina,..-, militares, policías, jueces,...) de la Dictadura
franquista?
La Transición no solo nos legó una Monarquía, un
Ejército, una Policía y una Banca que fueron sostén de una dictadura
criminal, sino también una Judicatura que acató dócilmente sus leyes y
calló ante sus atropellos. Después de aquello, sus togadas señorías
fueron recolocadas sin depuración alguna en la nueva Audiencia Nacional,
Tribunal Supremo, etc.., y allí crearon escuela. No sorprende por ello
la actitud benévola de la actual judicatura en relación con los desmanes
realizados por las llamadas fuerzas de seguridad, cuya impunidad es
total. Y no lo digo yo, que conste, sino que lo afirman las reiteradas
condenas (desapariciones, torturas,...) al Estado español hechas por
distintos Comités de la ONU y el Tribunal de Derechos Humanos de la
Unión Europea.
Lo dicho, ““Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá giustiziato”.
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