Imputados del día: Hoy la Alcaldesa de Torrent (Valencia) y ocho de sus concejales
Un juzgado de Torrent (Valencia) ha imputado a la alcaldesa de la localidad,Amparo Folgado (PP),
y a ocho concejales más de su gobierno por el conflicto abierto con la
empresa adjudicataria de la gestión del polideportivo Parc Central, en
relación con un presunto delito de prevaricación administrativa en la
rescisión del contrato, según han confirmado a Europa Press fuentes
conocedoras del procedimiento.
Junto a Folgado, el resto de imputados en este procedimiento son el concejal de Deportes, Enrique Carratalà, y sus compañeros de la junta de Gobierno Local: José
Francisco Gozalvo; Pilar Vilanova; José Santiago Miquel Soriano;
Modesto Salvador Muñoz; María Luisa Martínez; Jorge Planells y Mari
Carmen Benavent.
La alcaldesa, quien sucedió en el cargo hace aproximadamente tres
años a María José Català --actual portavoz del Consell y consellera de
Cultura y Educación--, tendrá que acudir al juzgado a declarar como
imputada el próximo 26 de enero de 2015 a las 9.30 horas, día en que
también están citados otros ediles. Las declaraciones se extenderán a
los días 27 y 28.
El consistorio adjudicó en julio de 2004 a una mercantil la gestión
de Parc Central, y en los pliegos se establecía que la misma debía pagar
un canon anual por este servicio, y que tenía que prestar sus
instalaciones --en un porcentaje de tiempo-- a los clubes deportivos
municipales para que pudieran entrenar.
Así mismo, se establecía en dichos pliegos que el Ayuntamiento tenía
derecho a vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario, a cuyo efecto podría inspeccionar el servicio, sus obras,
instalaciones y locales, así como la documentación relacionada con el
objeto de la concesión.
Los problemas se originaron cuando la gestora dejó de pagar el canon
fijado en el año 2013, que ascendía a 240.000 euros, y actuó de la misma
forma el año siguiente. Como consecuencia, adeudaba al ayuntamiento
480.000 euros.
Junto a estos impagos, el consistorio comenzó a observar algunas
irregularidades en la gestión y en las instalaciones, que necesitaban
obras por importe de unos 800.000 euros --tal y como estableció el
organismo público en su momento-- e impuso a la mercantil diversas
sanciones graves.
Una de ellas, por ejemplo, fue porque la empresa modificó las
instalaciones, anulando vías de evacuación y salidas de los usuarios que
se consideraban preceptivas para la evacuación del edificio en caso de
emergencia. En concreto, tal y como notificó en junio de este año el
ayuntamiento, se había anulado una de las salidas de las gradas de la
piscina y se había ocupado dicho vestíbulo con máquinas de fitness.
También se había cerrado la escalera en esa misma planta y se había
anulado la salida del edificio, situada en planta baja.
Sanciones graves
Como consecuencia, se le impuso a la empresa una sanción por
incumplimiento grave y se le ordenó restablecer las instalaciones
dejando libres de obstáculos las vías y salidas de evacuación. Así,
inmediatamente, la empresa desalojó estos espacios y se lo comunicó a
sus usuarios, a quienes a través de un escrito también les señaló que
pese a esta orden, la empresa había trabajado en el diseño de un nuevo
plan de evacuación que cumplía la legislación y que le permitía tener
ocupadas las zonas a las que se había extendido la maquinaria.
Otra sanción grave se impuso cuando la mercantil impidió usar sus
instalaciones a los clubes deportivos municipales, pese a que así se
había aprobado en el contrato firmado --se había establecido un
porcentaje de uso municipal para estas entidades deportivas--. Esto
obligó al ayuntamiento a pagar por el uso de estas instalaciones entre
15.000 y 20.000 euros al mes, según han apuntado fuentes municipales.
A raíz de esta situación, el consistorio inició hace unos meses la
resolución del contrato con la empresa y, como respuesta, ésta denunció a
la junta de Gobierno Local por presunta prevaricación administrativa y
por sentirse acosada. Como consecuencia, el juez ha abierto diligencias y
ha citado a declarar como imputados tanto a la alcaldesa como al resto
de concejales de este organismo.
"Nosotros confiamos en la justicia para la resolución del tema y
desde el principio siempre se ha actuado en beneficio de los
torrentinos", han defendido desde el consistorio, quienes han apuntado
que la deuda de esta mercantil con el ayuntamiento asciende a
aproximadamente 1.300.000 euros.
lasprovincias.es
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