domingo, 16 de noviembre de 2014

La corrupción se combate con alternativas

La corrupción no sólo se combate con denuncias, sino cambiando de raíz los modos de gestión y la concepción ideológica del servicio público local
Los ayuntamientos no son corruptos “per se”. Las personas no se corrompen por naturaleza, ni todos los ayuntamientos son corruptos, pero el sistema lo es y provoca la existencia de corruptores ¿Cómo es eso?:
Como municipalitas convencidos que somos, en Alternativa Socialista sabemos que  las personas que se dedican a la “alta política” en este Estado, – las del antiguo régimen, y las nuevas y regeneracionistas-, tampoco se han preocupado jamás ni se preocupan por las administraciones locales. Los ayuntamientos son el patito feo de la transición, con una financiación nunca resuelta y sumidos en el intervencionismo, ilegal muchas veces, de otras administraciones mal entendidas por ellas mismas como superiores. Desde hace años los partidos políticos descuidan total y absolutamente la formación e información de ediles que además, se reclutan en base a fidelidades personales a los aparatos de turno y no por solvencia e ideas. De forma que excepto en municipios muy concretos, la forma de gestión de las derechas y/o el centro-izquierda ha sido semejante. El neoliberalismo también ha impregnado la gestión local y ayuntamientos tanto en manos del PP como del PSOE han privatizado los servicios públicos locales, beneficiando a grandes empresas transnacionales o de afamados grandes empresarios españoles.
La ciudadanía ha exigido servicios, tanto sociales como culturales, deportivos y de seguridad, amén de alumbrado, fomento de la economía, embellecimiento, fiestas e incluso corridas de toros, todo ello con fondos municipales y a la vez que menos impuestos locales. La oposición de turno siempre ha condenado a su vez cualquier incremento en tasas o precios públicos, que muchas veces son injustos, pero que en otras pueden tener justificación.
Ante esto y por culpa de la voracidad estatal y de las comunidades autónomas,   los ayuntamientos sin financiación adecuada han sido abocados a utilizar el suelo público y el urbanismo como fuente real de financiación. El capitalismo rentista español ha encontrado en este maldito sistema su caldo de cultivo para un enriquecimiento privado a costa del ladrillo y la especulación urbanística y esa ha sido la madre de todas las corrupciones. A ello se ha ligado el eliminar de raíz toda concepción ideológica de la gestión local. La ausencia de ideas y de principios, junto a la necesidad de realizar buenas gestiones, pero sin modelo de ciudad, ni de construcción de ciudadanía ha conducido a ayuntamientos mercantilizados y gestionados como si fueran empresas privadas, con ediles y alcaldes sin principios y finalmente, sin vergüenza.
Pero denunciamos más. Los grandes partidos del sistema y del régimen han utilizado a los esquilmados ayuntamientos, como financiadores y recaudadores para sus arcas y en eso PP, CiU y otros han sido maestros, aunque no solo ellos. Esa financiación espuria ha llenado cajas B, pero también bolsillos particulares. Las diputaciones provinciales, no han sido ajenas.
Hacerse con estas instituciones locales, las Diputaciones, -mientras existan- exige no desperdiciar ni un voto en los partidos judiciales, el esfuerzo deberá ser mayor, para no regalárselas al PP. Además las Diputaciones tienen hoy en día más competencias delegadas, mientras no se derogue la ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones locales, por lo que su control ahora es más importante que nunca. Al menos poder fiscalizarlas y controlarlas. No olvidemos además que diputadas y diputados provinciales, no son extraterrestres, son concejales y concejalas electos en los ayuntamientos de forma proporcional a los votos obtenidos en los mismos, por partidos y coaliciones políticas y existen en todas las provincias del Estado español, excepto en las comunidades autónomas uniprovinciales. Las únicas electas directamente, son las forales vascas, que por cierto, tienen muchas competencias reales y manejan el presupuesto.
Ante esta ola corruptora que la ideología neoliberal ha propiciado, la respuesta no es el ventilador. Condenando duramente la corrupción hay que proponer otro modelo, social, socialista real de transformación local, de participación ciudadana, de presupuestos participativos y de concejos abiertos, que cambien radicalmente los municipios y sobre todo los gobiernos locales.
Es imposible garantizar la financiación local y el acceso al crédito de los ayuntamientos sin una banca pública eficiente. Esta posibilidad ha quedado anulada con la privatización del Banco de Crédito Local y de las Cajas de Ahorro durante los gobiernos socialistas. Esto ha dejado a los ayuntamientos en manos de la banca privada y los ha sometido a un férreo control del Gobierno Central. Desde los ayuntamientos hay que reclamar la creación de mecanismos de financiación públicos apoyados en los flujos económicos (ingresos y gastos) pilotados por las administraciones. Banca Pública para favorecer la financiación. Total transparencia y escrupulosa intervención de cuentas. Entrar en las alcaldías y corporaciones levantando las alfombras.
Para Alternativa Socialista la participación en las elecciones locales y municipales es imprescindible al objeto de rescatar los ayuntamientos para el pueblo, y lo hemos de hacer en el próximo mes de mayo.
Por ello, llamamos a la cordura, la responsabilidad y a no hacerle regalos gratuitos al PP, ni al régimen. Hay que rescatar ayuntamientos y diputaciones y echar de los gobiernos locales a los que los hayan gestionado de forma indigna. Hay que utilizar también la experiencia acumulada por personas válidas y honradas que conocen el medio y su importancia e igualmente renovar con nuevas personas ilusionadas y comprometidas.

Por todo ello proponemos:
Banca Pública que garantice la financiación local
  1. Derogación inmediata del artículo 135 de la Constitución modificado ilegítimamente, que cercena muy duramente las posibilidades de acción de los ayuntamientos y diputaciones
  2. Derogación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales aprobada en Consejo de Ministros y recurrida por varias CC.AA como Andalucía y Asturias.
  3. Democracia participativa local. Concejos abiertos ciudadanos.
  4. Urbanismo democrático y participativo.
  5. Remunicipalización de los servicios locales privatizados.
  6. Modificación de las legislaciones de suelo y de la propiedad sobre terrenos urbanos, solares y urbanizables.
  7. Control ciudadano sobre la gestión local.
Por el socialismo redistribuidor y eficiente en los ayuntamientos y diputaciones y cabildos. Por un periodo constituyente que también modifique y democratice la gestión local.

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