La Infanta Cristina puede salvarse de ir al banquillo pese a estar imputada
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la
infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que deberá sentarse
en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio
del 'caso Nóos'. Se archiva no obstante la imputación por delito de
blanqueo.
Su imputación por dos delitos contra
la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad
Aizoon, de la que es copropietaria al 50% junto a su marido, Iñaki
Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un
total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los
años 2007 y 2008.
Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de
actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades
privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo
de tributar menos en su declaración de la renta.
El propio José Castro, instructor del 'caso Nóos', llegó a considerar
Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para
cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y
no de servicios personales.
De todos modos, es casi seguro que no se siente en el banquillo
porque el Supremo hizo jurisprudencia con lo que se conoce como la
llamada doctrina Botín que fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007
para cerrar el llamado caso de las cesiones de crédito en el que estaba
implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Esa doctrina,
que fue corregida por el propio Tribunal Supremo en 2008 con la
denominada 'doctrina Atutxa', establecía que las acusaciones
populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la
fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la
causa con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
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