Podemos, por una democracia económica
* Podemos
representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada
que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar
de “una digna calidad de vida” en el marco de una olvidada “sociedad
democrática avanzada”.
Carlos Jiménez Villarejo – Exeurodiputado de Podemos⎮Zona Crítica – El diario⎮ 3/11/2014
Partimos de una constatación
cotidiana. El abuso del poder económico y la subordinación al mismo de
los poderes políticos es manifiestamente contrario a la Constitución. Es
la realidad española. La definición constitucional del Estado como
“social” obliga a entender que el reconocimiento de la “economía de
mercado” y la “libertad de empresa” está complementado con previsiones
en orden a garantizar no sólo las obligaciones propias de un Estado
prestacional, sino la posibilidad “de transitar a formar superiores de
solidaridad y convivencia” para realizar el valor constitucional de la
“justicia”. Valor pendiente de su plena realización, precisamente por el
dominio casi absoluto de la lógica del beneficio, sacrificándose sin
escrúpulos derechos y valores democráticos.
Ello obliga, frente a dichos
abusos, a garantizar un marco de garantías tendentes a prevenirlos e
impedirlos. Es lo que se ha llamado estrategia en orden a reducir la
vulnerabilidad de las instituciones públicas o privadas favoreciendo la
detección y la neutralización de dichos abusos. Estrategias que todos
los analistas centran, entre otras exigencias, en el efectivo
funcionamiento de los mecanismos públicos de control interno y en una
reglamentación rigurosa de la actividad económica que evite el dominio
monopolístico del mercado y asegure la protección de los derechos
sociales de los ciudadanos.
En efecto, la Constitución
de 1978 establece un determinado modelo de “orden socioeconómico”, el
comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar,
de Constitución económica y que ya asumió el Tribunal Constitucional (TC
1/82), al decir: “En la Constitución española de 1978, a diferencia de
lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y
de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones
europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco
jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad
económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse
la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de
unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con
carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la
Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de ‘un orden
económico y social justo”. Criterio que define la línea de un “orden
socioeconómico”, característico del Estado social de Derecho, en el que,
por tanto, el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado” (art. 38 CE.) está sujeto a un amplio conjunto
de prescripciones constitucionales, como la función social de la
propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente mantuvo Diez
Picazo, no sólo “preserva a la propiedad en un sistema económico que
continúa siendo capitalista” sino que “origina deberes para el
propietario en función de intereses distintos y del interés público
general” ( STC 37/87), un sistema tributario justo (Art. 31), la
subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art.
128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las
necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional
y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su
más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del
artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la
efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la
remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello la
Constitución define un sistema social y económico, esencialmente
dinámico,en el que los Poderes Públicos deben promover, garantizar y
asegurar los derechos económicos, sociales y culturales.
Desde este marco
fundamental, podría sostenerse que el sistema está configurado por la
libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38),
completado por una ordenación de la actividad económica por los poderes
públicos con el fin de “promover el progreso… de la economía para
asegurar a todos una digna calidad de vida” (Preámbulo de la
Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131,
etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el
desarrollo económico de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Las positivas expectativas
de Podemos en todos los encuestas está originando en los partidos
tradicionales, particularmente el PP y el PSOE, una desorientación
preocupante. Pero es mas grave aún que los llamados analistas políticos
estén dominados por una ola de indignación contra la irrupción de
Podemos en el panorama político. Lo que, en ocasiones, les lleva a
descalificaciones y hasta imprecaciones infundadas e injustas. ¿Por qué
no leen las resoluciones aprobadas en la reciente Asamblea Ciudadana? ( Auditoria y reestructuración de la deuda:una propuesta para Podemos,
por ejemplo). Porque de su lectura no se desprende ni populismo ni
catastrofismo ni las infinitas desgracias que se les atribuyen.
Son, sencillamente,
propuestas desde un partido que apenas ha cumplido ocho meses y con una
perspectiva aún remota de elecciones generales. Por tanto, es razonable
que, posiblemente, no precise con toda exactitud dichas propuestas. Pero
es infinitamente más grave que partidos que, de una forma u otra,
llevan participando en los poderes públicos desde 1977 hayan conducido a
nuestro país, con alianzas expresas o tácitas, a un modelo político
corrupto y un modelo económico fundado sobre el beneficio de la casta
gobernante. Los resultados están a la vista y los describen dichas
resoluciones: cierre de empresas, paro, especialmente juvenil, pobreza,
sobre todo infantil, pérdida de prestaciones sociales, régimen laboral
anticonstitucional, drástica reducción de derechos a la sanidad y la
educación,etc. ¿Cómo se atreven a dudar y, sin más, rechazar las
propuestas de Podemos que pretenden, frente a lo que esos partidos han
hecho, “blindar incondicionalmente los derechos, libertades y conquistas
sociales democráticas”? Y, para caminar hacia una “una sociedad más
justa y más decente, una economía al servicio de todas las personas”,
plantea, entre otras muchas medidas, auditar la deuda, particularmente
la pública. ¿Para qué?. “Para discernir qué deudas pueden considerarse
ilegítimas”, para comprobar si la deuda “fue contraída en contra del
interés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se
dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en
lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos
básicos reconocidos en la Constitución”.
Podemos representa ya la
esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada –que se lo
pregunten a los ciudadanos catalanes– que aspira, después de decenios de
privaciones y de engaños, a disfrutar de “una digna calidad de vida” en
el marco de una olvidada “sociedad democrática avanzada”. Podemos está
en camino, con firmeza y prudencia, hacia ese futuro frente a la actual
indecencia y consecuente decadencia económica y política.
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