Imputados en la Gürtel planean echar abajo todo el caso aprovechando el acuerdo del CGPJ para Ruz
Consideran que la permanencia del magistrado más allá de marzo en la Audiencia Nacional es ilegal e inconstitucional
El CGPJ defiende que el acuerdo no contradice la ley porque esta no prevé un caso como el del instructor del caso Bárcenas
Distintas voces de la carrera judicial ven imposible que Ruz siga con la instrucción sin el acuerdo del juez que va a ocupar su actual plaza
El CGPJ defiende que el acuerdo no contradice la ley porque esta no prevé un caso como el del instructor del caso Bárcenas
Distintas voces de la carrera judicial ven imposible que Ruz siga con la instrucción sin el acuerdo del juez que va a ocupar su actual plaza
La decisión de sacar la plaza del juez Pablo Ruz a
concurso puede complicar el futuro del caso Gürtel hasta el punto de que
algunas defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de
todo el proceso. Así lo señala Miguel Durán, abogado del presunto número
dos de la trama, Pablo Crespo. El letrado advierte de que si Ruz se
queda al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el
artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los españoles
tienen derecho “al juez predeterminado por ley”.
La
solución diseñada por Carlos Lesmes de permitir a Ruz seguir con los
casos Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo es, a juicio de Durán, “una
chapuza” y su aplicación conllevará causa de nulidad. En conversación
con eldiario.es, Durán advierte de que son “el CGPJ y la Fiscalía
quienes tienen que velar por la legalidad”. Según su criterio, las
últimas prórrogas otorgadas al magistrado ya habrían vulnerado el
principio constitucional de “juez predeterminado por ley”. Durán avisa
de que sus argumentos pueden ser planteados en cualquier momento y que,
en último caso, podrían formar la base de un eventual recurso ante el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Otros
abogados de las defensas consultados por esta redacción prefirieron no
pronunciarse públicamente. Algunos de ellos descartan buscar la nulidad
en base a la continuidad de Ruz, pero otros sopesan incorporar esa
posibilidad a su estrategia de defensa, siempre que Ruz continúe al
frente de la instrucción más allá de marzo.
Si Pablo
Ruz aceptase quedarse como juez de refuerzo, esa opción podría violar
uno de los preceptos básicos del derecho: el del juez natural. Según el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el juez de apoyo se debe ocupar del
"trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de
señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en
tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal".
Aunque Ruz se quede de refuerzo en la Audiencia Nacional, no podría
continuar con la instrucción de la Gürtel o estaría incumpliendo la ley,
a pesar de la postura oficial del CGPJ.
La
posibilidad de que la figura de juez de refuerzo pueda complicar el
desarrollo del proceso no es ajena al magistrado. Tal y como ha publicado eldiario.es este miércoles,
el magistrado está valorando no solicitar la prórroga para seguir como
juez de apoyo cuando su plaza quede resuelta. De esta forma, evitaría el
riesgo en el que presuntamente pone a una instrucción de cinco años el
acuerdo adoptado por el CGPJ. Según las fuentes consultadas, el
magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está acelerando
su trabajo al máximo para que la instrucción de la causa quede
perfectamente orientada por sus diligencias para el momento en el que un
nuevo magistrado se haga con el caso.
Mientras
tanto, el Consejo General del Poder Judicial defiende que su acuerdo
servirá para que Ruz concluya la instrucción del caso Bárcenas, siempre
que el magistrado solicite continuar a partir de marzo como juez de
refuerzo. Si lo hiciera, el CGPJ pediría un informe a la Sala de
Gobierno de la Audiencia Nacional, que hasta ahora ha venido respaldando
de forma sólida a Ruz. La Comisión Permanente, de mayoría conservadora,
adoptaría entonces una decisión. Fuentes del Poder Judicial solo
consideran la posibilidad de acceder a esa petición. El nuevo titular
del Juzgado número 5 se encontraría al llegar con un acuerdo por escrito
del CGPJ definiendo cuáles son las tareas que tiene asignado su juez de
refuerzo, en este caso, la investigación de la financiación irregular
del PP.
Y es aquí donde chocan los argumentos de los
letrados del CGPJ con distintas voces de la carrera judicial. El Poder
Judicial defiende que eso es legalmente posible. Y los detractores de la
‘solución Lesmes’ aseguran que va contra la ley y la Constitución, por
lo que las defensas podrán pedir la nulidad del proceso por la
intervención de Ruz en él a partir de marzo. Para ello, recurren al
artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala al
juez de refuerzo como el responsable del “trámite y resolución de los
asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando
reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren
alcanzado aquel estado procesal”.
Según los
detractores del acuerdo del CGPJ, Ruz no podrá seguir instruyendo el
caso de la financiación irregular del PP si no es con el acuerdo del
nuevo titular de la plaza. El CGPJ, por el contrario, asegura que es ese
artículo el que garantiza a Ruz seguir con los “casos en tramitación” y
que la asignación de las nuevas causas al juez de refuerzo, al que se
refiere el artículo, no son aplicables a este caso. El artículo de la
LOPJ estaría dirigido a los jueces, sobrepasados de trabajo, que piden
un juez de refuerzo, defienden desde el Poder Judicial.
Esas mismas fuentes admiten que el nuevo titular podría recurrir el
acuerdo del CGPJ si deseara finalizar él la instrucción de los ‘papeles
de Bárcenas’. En el caso de fracasar en la vía administrativa, debería
recurrir al Constitucional y en el Alto Tribunal, según los técnicos del
CGPJ, se encontraría con jurisprudencia contraria a su aspiración.
Citan los recursos presentados en los noventa contra las salas ‘bis’,
rechazados por el Constitucional, que avaló la intervención de esa nueva
figura en los procesos en lugar de la sala original.
División en las asociaciones
Marcelino Sexmero es portavoz de la asociación Francisco de Vitoria y
tiene claro que el CGPJ “no puede asegurar que Ruz pueda seguir en la
Audiencia Nacional a partir de marzo”. La aplicación de ese acuerdo que
se encontrará el nuevo juez significa, según Sexmero, que Ruz le está
“sustrayendo causas”, lo que posibilitaría la impugnación de dicho
acuerdo.
Por el contrario, Pablo Llarena, portavoz de
la Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que el caso de
Ruz no encaja en el artículo 216 bis 2 y, por tanto, el acuerdo del CGPJ
es aplicable. “Cada vez que hay un juez de refuerzo, el CGPJ tiene que
dictar el plan de refuerzo. Lo hace para que no haya manipulación y que
el juez que llegue nuevo no se pueda quedar con el caso que ya está
instruyendo otro juez. De lo contrario, si el Poder Judicial quisiera
quitar un caso a un juez, bastaría con nombrar uno de refuerzo”,
explica.
Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia
(JpD), considera “discutible” que se pueda aplicar el artículo de la
LOPJ. Bosch cree que Ruz y el nuevo juez deberían pactar un reparto de
asuntos y que, si no se ponen de acuerdo, decidiera el CGPJ con informe
previo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. En cualquier
caso, el portavoz de JpD insiste en que, si el CGPJ hubiera prorrogado a
Ruz hasta junio, se habría ahorrado posibles causas de nulidad y otras
cuestiones procesales.
Asimismo, Margarita Robles,
magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ, considera que
el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces es “totalmente nulo” en
virtud de la LOPJ, además de contrario a la Constitución. En este
sentido, Robles invoca el artículo 117 de la norma fundamental, que
establece que los jueces y magistrados “no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados, ni jubilados, sino por alguna de las causas y
con las garantías previstas en la ley”.
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