Una Constitución para un Estado republicano
Parecía que la reforma
de la Constitución iba en serio, pero no. Pedro Sánchez, secretario
general del PSOE presentó en el Congreso de los Diputados la petición de
una subcomisión de estudio para la reforma. El PP ha dado un 'no'
categórico previo, por entender la petición como un «disparate»,
inoportuna e innecesaria, además de «frívola». No quieren solucionar
nada. Lo cierto es que la reforma es más necesaria que nunca, ante la
grave crisis política e institucional que tenemos encima.
Las
propuestas del PSOE, me parecen valiosas, pero insuficientes. Llegan en
un momento en el que no solo hay que cambiar de Constitución, sino el
Sistema y el modelo de la forma política del Estado, mediante un Proceso
Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición. Los
socialistas pretenden renovar el modelo de convivencia territorial y
recomponer los «consensos rotos», blindar los derechos sociales y
ciudadanos e introducir medidas de regeneración democrática. En mi
opinión, no debe de ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con
el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está
agotado.
La Constitución que ha cumplido treinta y seis años, ha
tenido dos reformas. En 1992, para reformar el artículo 13.2, e
introducir la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de
sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, por imperativo
legal tras la firma del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin acuerdo
mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, e
introducir el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad
absoluta del pago de la deuda y sus intereses. Este tiene que derogarse.
Si se reformó por intereses económicos y presión de los mercados, ahora
hay que reformarla por intereses sociales y de calidad democrática.
El
PSOE, que no ha presentado un texto articulado, maneja, al menos,
cuatro documentos: la Petición presentada en el Congreso; «Derechos y
libertades en una nueva sociedad», elaborado para la Conferencia
Política en noviembre de 2013; la «Declaración de Granada», aprobada en
el Consejo Territorial del pasado junio; y el elaborado por un grupo de
profesores de la Universidad de Zaragoza. La propuesta de reforma
socialista tienen tres objetivos principales: incorporar a la
Constitución mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar;
fortalecer y ampliar los derechos fundamentales de los ciudadanos; y
reformar la estructura territorial del Estado en un sentido federal.
Falta proponer la creación de un Estado republicano
Sobre la
declaración de derechos del Título I en su conjunto, entienden necesario
incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y
a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la
necesidad de adecuar la interpretación de este titulo a la
jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de Derechos Humanos y de la
Unión Europea. También ven la necesidad de reformar el artículo 15,
para abolir la pena de muerte —que sólo lo está por ley orgánica—,
suprimiendo su posibilidad «para tiempos de guerra»; así como que se
prohíba expresamente la esclavitud, la trata de seres humanos y el
trabajo forzado.
La reforma pretende revisar el modelo de Estado
con una perspectiva federal, incorporar las denominaciones de las
Comunidades Autónomas creadas, reconociendo las singularidades y hechos
diferenciales de algunas de ellas, delimitando las competencias del
Estado y de las CCAA, sistema de financiación e instrumentos de
cooperación y lealtad institucional. Se redefinirían las funciones y la
composición del Senado y se determinaría la financiación y las
competencias de las entidades locales, de forma que se garantice la
prestación de los servicios públicos básicos.
Pretenden completar
el sistema de derechos y libertades, ampliando el ámbito del derecho a
la igualdad de trato y no discriminación, dotando del máximo
reconocimiento y nivel de protección a derechos de contenido social
prestados por los servicios públicos: derecho de protección de la salud y
a la seguridad social, convirtiendo en derecho ciudadano, el derecho a
pensiones. También proponen blindar los derechos a la sanidad y a la
educación pública, reformando el artículo 135, que antepone el pago de
la deuda a otros gastos, garantizando un porcentaje anual mínimo del
PIB, que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos
reales y efectivos para todos.
También proponen que se reconozca
el derecho a morir dignamente e inclusión como derecho fundamental, la
asistencia jurídica gratuita para aquellos que acrediten insuficiencia
de recursos para litigar. Hay que excluir las sanciones privativas de
libertad del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
para cumplir la jurisprudencia del TEDH, según la cual sólo los jueces
pueden imponer sanciones privativas de libertad. Recuerden al teniente
Segura, preso por denunciar la corrupción en el ejercito, sometido a los
tribunales militares, en lugar de los ordinarios.
En materia de
vivienda y los desahucios por el impago de alquileres e hipotecas, la
propuesta socialista reconoce el derecho a la vivienda, no como simple
bien de consumo, sino como derecho básico, que prevea la dación en pago,
que impida la ejecución de desalojos sin las debidas garantías legales,
sin audiencia a los afectados y sin alternativa de alojamiento aunque
sea temporal.
La historia del constitucionalismo español, está
cargada de inestabilidad y falta de continuidad. Hoy, pese a lo que
dicen, tampoco hay estabilidad institucional, sino todo lo contrario.
Las dos últimas constituciones de 1876 y 1931, terminaron mal y en ambos
casos se dieron situaciones políticas, institucionales, económicas o
sociales insostenibles, que significaron el fin de un régimen. 1868,
coincidió con las «catástrofes» coloniales y con que los liberales,
demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguieron
expulsar del trono a Isabel II y promover la elaboración de una nueva
constitución que superara a la de 1845. La Constitución de 1876, fue de
las más avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia en la
política española.
La dictadura de Primo de Rivera, apoyada e
instigada por el rey Alfonso XIII, fue el preludio al proceso
constituyente de 1931. La unión de las fuerzas republicanas y
socialistas, junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las
elecciones municipales de abril significaran el fin de la monarquía. Las
elecciones posteriores a la proclamación de la Segunda República fueron
constituyentes. La ruptura con el pasado fue total: se progresa en
democracia, se cambian los símbolos, el modelo político del estado, se
introducen derechos y se cambian estructuras y modos de funcionamiento.
Todo desapareció con el golpe de estado fascista del general Franco.
El
nacimiento de la Constitución en 1978 estuvo cargado de dificultades y
obstáculos. Las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de
1977, sin saberlo fueron Constituyentes. Tras la muerte del dictador, se
abrió en España una nueva era, cuyo proceso constitucional se inició
con Transición, que hoy sabemos no fue modélica. El proceso no fue
sencillo, la crisis económica y el terrorismo lo dificultaron, el
régimen estaba intacto y todo «atado y bien atado. Salíamos de una larga
y cruenta dictadura, con peligros de involución, que culminaron con el
golpe de estado del 23F en 1981. Gobierno y oposición entendieron que
era necesario redactar una constitución aceptada por la mayoría de las
fuerzas políticas. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno
tenían el poder, la oposición la legitimidad democrática y se avinieron.
El
consenso político y la redacción expresamente ambigua, permitieron
resolver los temas más conflictivos del momento. Hoy esa misma
ambigüedad y la interpretación interesada, permite al actual gobierno,
subvertir principios y valores y llevar a cabo una política antisocial,
antidemocrática y reaccionaria. Entonces permitió dar respuesta a la
forma de estado y de gobierno, modo de elección, la cuestión religiosa,
el modelo económico y la descentralización territorial. Hoy es distinta
la situación, pero los mismos temas siguen presentes. El debate está
abierto.
La Constitución de 1869, convivió con el golpe de
estado y la dictadura de Primo de Rivera. La de 1931, terminó
criminalmente por el golpe de estado, la guerra y la dictadura, entre
otras causas por el problema territorial histórico que sigue sin
resolverse. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales,
la multiculturalidad y la diversidad, son valores que enriquecen la
identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio
desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución,
en el marco de un estado federal, que junto con el derecho a decidir,
queden clarificadas las competencias, se fije un modelo fiscal y se
establezcan mecanismos de cooperación y solidaridad. Un modelo que venga
a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo
socialmente.
Mi recuerdo emotivo a la Constitución de la Segunda
República. Declaraba que todos los españoles son iguales ante la ley;
que el estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por
Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se
constituyan en régimen de autonomía. España renunció «a la guerra como
instrumento de política nacional». Se rompía con la tradición bicameral y
eliminaba el Senado. El Congreso tenía la facultad de destituir al Jefe
del Estado (con mandato de siete años), que era elegido de forma mixta:
por los parlamentarios y a través de compromisarios elegidos por
sufragio universal. La República se declaraba laica, garantizando la
libertad de culto y prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la
enseñanza, desvinculando al Estado de la financiación de la iglesia.
Significó una ruptura radical y un foco de tensión, que costó la vida a
la República.
La Constitución republicana, reconocía la libertad
de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre
residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del
domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la
familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza,
así como el derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 23 años y a
las mujeres; toda una revolución democrática. Se suprimía los
privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de
socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos
Pasado
el tiempo, sigue siendo necesario dar solución definitiva a la cuestión
religiosa en España. La Constitución declara que «Ninguna confesión
tendrá carácter estatal» y esto no se cumple en la práctica. En un
estado laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el
estado y las iglesias. Los fondos públicos no pueden dedicar su esfuerzo
ni a la iglesia católica ni a ninguna otra. La religión tiene que salir
de la escuela para nunca volver y todo tiene que quedar plasmado en la
próxima Constitución. El Concordato y los acuerdos de privilegio con el
Vaticano deben derogarse, enmarcando las relaciones en el ámbito
diplomático de reciprocidad.
No quiero terminar este
análisis sin destacar lo que echo en falta en la propuesta socialista.
No cuestionan la forma política de Estado (artículo 1.3) ni la forma de
elección del jefe del Estado, pero sí ven la necesidad de modificar la
Constitución, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en
la sucesión de la Corona, por suponer una discriminación por razón de
sexo. Aquí hay una contradicción; cierto que existe discriminación; pero
hay que tener en cuenta que la mayor discriminación se da en el propio
régimen monárquico, don existe el privilegio de la sangre y la
discriminación por razón de herencia en el acceso a la jefatura del
Estado y por el disfrute de privilegios perpetuos, que solo la familia
real mantiene. La monarquía está muy alejada de los principios de
igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la
Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no
puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática
concurrencia ciudadana. No cabe la persona del rey inviolable y no
sujeta a responsabilidad. Cuando finalice el Proceso Constituyente que
se propone, tendrá que abandonar el trono.
El sistema
electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y
ciudadanas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el
bipartidismo, como se previó. Hay que establecer un sistema general
electoral que permita listas abiertas, desbloqueadas, así como la
eliminación de la barrera electoral del 3%. El sistema de la Ley d’Hont,
que prima a los partidos más votados, debe cambiarse para que se
garantice la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de
oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.
La fractura social provocada por la desigualdad sistémica, hace necesaria la ruptura con el Sistema y con la Constitución que le sustenta. Convóquese un referéndum, que permita abrir un Proceso Constituyente amplio y abierto, que diseñe un proyecto de Estado Republicano democrático avanzado de convivencia, que de respuestas a los retos actuales.
La fractura social provocada por la desigualdad sistémica, hace necesaria la ruptura con el Sistema y con la Constitución que le sustenta. Convóquese un referéndum, que permita abrir un Proceso Constituyente amplio y abierto, que diseñe un proyecto de Estado Republicano democrático avanzado de convivencia, que de respuestas a los retos actuales.
Un nuevo Poder Judicial, un nuevo Senado, un nuevo
papel para el mundo local. Un nuevo país que recupere la justicia
social. Con la creación del Estado Republicano, se han de recuperar las
instituciones para la mayoría social, quienes con el fruto de su
trabajo, hacen que el futuro sea posible, al servicio del interés
general y de la soberanía que reside en el pueblo.
Un Estado
Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe
contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de
financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que
garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios
públicos esté sustentado por principios y valores de libertad,
igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los
derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y
políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen
los fundamentos del Estado de Derecho.
@caval100
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