FRANQUISMO
Cinco episodios de la
represión franquista en Zaragoza
La querella presentada por el Ayuntamiento de la capital aragonesa y las
familias de 36 represaliados narra 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales, 42
de ellas con desaparecidos, y once casos de torturas.
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El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, el sindicalista represaliado Fidel Ibáñez y los abogados de ALAZ
que han recogido los testimonios de las víctimas y elaborado la querella. /
Daniel Marcos
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ZARAGOZA
31/01/2019
19:40 Actualizado: 31/01/2019
19:40
EDUARDO BAYONA
“Ya era hora de que las instituciones
diera un paso adelante y reivindicaran los derechos de las víctimas”, dijo este
jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza, emocionado, Fidel Ibáñez, fundador de
CCOO en Aragón y represaliado por la dictadura por su actividad sindical.
Su caso, de torturas, es uno de los 108
que narra la querella presentada por el consistorio, en nombre
de los 70 cargos públicos y municipales represaliados tras la sublevación
militar de julio de 1936 y en los primeros años de la dictadura franquista, y
por 33 familiares de víctimas contra siete policías y 17 gobernadores civiles y
militares, algunos de ellos fallecidos, a los que la denuncia señala como
presuntos responsables, por acción, por omisión o por dar cobertura
institucional, de delitos de genocidio y de lesa humanidad que se concretarían en 108 asesinatos (52), detenciones ilegales (46,
con 42 desaparecidos) y torturas (11) presuntamente perpetrados en
la ciudad y en otras de su partido judicial como Belchite, Fuentes de Ebro, La
Puebla de Alfindén, Leciñena, Magallón y Quinto de Ebro. Entre ese
centenar largo de crímenes destacan estos cinco por distintos motivos.
El sindicalista
al que le rompieron los tímpanos
“Me rompieron los dos tímpanos a
golpes, todavía tengo tres agujeros en uno de ellos”, recuerda Fidel
Ibáñez. Ocurrió en la primavera de 1968, poco después de ser detenido con otros
53 de los más de 500 participantes en una asamblea preparatoria del 1 de mayo
en una explanada de los montes de Torrero, junto al cementerio municipal.
Después de 30 días en prisión
preventiva, tras tres de detención en los que fue torturado por agentes de la
brigada Político-Social, explica, fue condenado a tres meses y un día. “Nos
‘invitaron’ a cumplir a finales de noviembre, de forma que no pasáramos en casa las navidades, año nuevo, reyes ni San Valero (29
de enero, patrón de Zaragoza)”, recuerda.
Representantes del movimiento
memorialista, víctimas y cargos del ayuntamiento de Zaragoza, este jueves en el
acto de presentación de la querella. / Daniel Marcos
A finales de 1971, tras otro episodio de
torturas y cuando “llevaban un año buscándome” porque “viví en
la clandestinidad, cambiando de refugio cada semana, durante el estado de
excepción”, la Guardia Civil lo intercepta cuando regresaba de una
reunión de CCOO en Madrid con su esposa y con Floreal Torguet. “Me pidieron que
bajara del coche y me pusieron una metralleta en la espalda”, narra.
Fue condenado a cuatro años, tres meses
y un día, de los que cumplió más de tres en varias prisiones españolas. “Al
salir me integré en el movimiento obrero y en la Plataforma, donde seguí hasta
la legalización del PCE” en abril de 1977, anota. Para
entonces llevaba once años militando.
El cadáver de
un alcalde liberal flotando en el canal
Manuel Pérez Lizano es un testigo
de lo indiscriminado de la represión de los sublevados en
Zaragoza. Conocido médico, alcalde entre 1932 y 1933 y presidente de la
Diputación Provincial en 1936, militaba en el partido Derecha Liberal
Republicana, ajeno al Frente Popular aunque después pasaría por Izquierda
Republicana, y era un destacado miembro de la burguesía liberal de la ciudad.
Tras ser cesado por el gobernador
militar en julio de 1936, pasa diez días detenido y queda en libertad hasta que
el 10 de agosto reclaman su presencia las fuerzas de seguridad. Tres días
después, su cadáver aparecía flotando en las aguas del Canal Imperial: le habían volado la cabeza de un disparo cuyo proyectil se alojó en
su colon, según la autopsia realizada en la Facultad de Medicina.
Dos semanas después de morir, la
Comisión Provincial de Incautaciones le incoaba un expediente en el que le reclamaban 50.000 pesetas de la época, con lo que
fueron incautados su clínica, sus ahorros y los muebles de su casa.
Félix Tundidor, detenido junto con otras
ocho personas acusadas de militar en el Partido Comunista en 1963, fue presuntamente torturado en las instalaciones que la Brigada
Político-Social utilizaba en el número 4 de la calle Dato de
Zaragoza por cinco agentes, a los que señala directamente en la querella,
durante los tres días que permaneció allí.
Fidel Ibáñez, sindicalista dos veces
encarcelado y otras tantas torturado en el franquismo, habla en nombre de las
víctimas. / Daniel Marcos
Fue “golpeado y torturado de manera
sistemática” mientras los policías intentaban sonsacarle el
paradero de una copiadora manual (una “vietnamita”, en el argot de la
época) con la que el PCE imprimía propaganda. Sin embargo, no dijo nada, por lo
que los agentes optaron por “someterle a diferentes torturas durante los tres
días que estuvo detenido”: golpes en los pies con una vara de hierro, ‘el pino’
(colocarse en esa posición gimnástica para tirarlo al suelo a base de patadas
en los brazos), porrazos en las costillas y golpes en los testículos con un
tintero mientras estaba sentado en una mesa, narra su testimonio, que anota
cómo el último día fue apaleado de nuevo, hasta perder el conocimiento, por uno
de los denunciados al que, tras ofrecerle la libertad a cambio de derrotarse,
le preguntó si iba a contarle a su hija cómo se ganaba la vida.
Durante las agresiones que denuncia “se encontraba presente Antonio González Pacheco, conocido
posteriormente como ‘Billy el niño’, pero no participó en los golpes ni
las torturas”, señala su testimonio incorporado a la querella.
Una pintada, un
disparo en la cabeza
Miguel Basanta Lopéz murió con 32 años
el 5 de febrero de 1977 después de que le atravesara la cabeza una bala
disparada por el agente de la Policía Armada que le había encañonado tras
sorprenderlo cuando estaba pintando “Trabajo sí. Policía no” en
una pared de la calle Santa Gema, en Torrero. Eran las nueve de la
noche y moría tres cuartos de hora después en el cercano hospital de San Juan
de Dios.
La querella reseña cómo el policía, que
estaba paseando por la zona, “presumiblemente a la vista de la ‘pintada’, a
modo de represalia, encañonó” al joven. Este, “en reacción instintiva de
defensa le volvió la espalda protegiéndose la cabeza con la mano
izquierda, momento en el cual el agente disparó un tiro que atravesó la mano
con la que se protegía la cabeza”.
El “acometimiento fue súbito,
imprevisto, desproporcionado y sin posibilidad alguna de
defensa del fallecido, dada la obvia posición de espaldas que
ocupaba con respecto al policía”, señala la querella, que califica
jurídicamente los hechos como asesinato.
Un jornalero
desaparecido en Magallón
Julián Navarro Gil es uno de las decenas
de vecinos de Magallón que desaparecieron en los primeros meses de la
sublevación militar en el pueblo, en el que hace unos meses fueron rescatados
de una fosa común los restos de 81 víctimas de la represión
originarias de 19 localidades de Aragón y de Navarra.
Navarro, jornalero del campo y activista,
estaba afiliado a UGT y a Izquierda Republicana. Tenía 26 años cuando fue
detenido por agentes de la Guardia Civil en el verano de 1936. Fue conducido a
Ejea de los Caballeros, en cuya cárcel ingresó el 14 de agosto y de la que
salió el mismo día. “Estuvo 24 horas detenido, donde fue golpeado y torturado, desconociéndose su paradero desde
entonces”, relata la querella.
Su breve ficha tiene anotada la palabra
“salida”, expresión que, según indica la denuncia, “aludía a que el destino del
reo fuese su asesinato, especialmente, dado el escaso tiempo que estuvo en
prisión”.
Posteriormente, añade, el Ministerio de
Justicia certificó que “sufrió persecución por sus ideas políticas,
y violencia por sus creencias ideológicas”.
“Hubo miles de
víctimas, si no millones”
“Hubo una sistemática persecución y
eliminación de miembros de esta sociedad”, explicó Javier Checa,
uno de los seis letrados de ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) que
ha participado en la elaboración de la querella a partir de los 136 testimonios de víctimas y familiares de estas
recogidos en la Oficina de Denuncias abierta por el ayuntamiento
tras aprobar el pleno la iniciativa. ”Víctimas en el franquismo
hubo miles, si no millones. Estos casos son una cantidad ínfima”, añadió.
El salón de recepciones del ayuntamiento
acogió este jueves un concurrido acto institucional de presentación de la
querella en el que participaron víctimas, familiares de represaliados y
representantes de las asociaciones memorialistas.
El alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve, apeló al derecho internacional y la justicia universal al presentar
la querella contra los crímenes del franquismo. / Daniel Marcos
El alcalde, Pedro Santisteve, que señaló
que la querella tiene como objetivo “la justicia, la verdad y la reparación
para las personas que fueron asesinadas y represaliadas”, explicó que la
denuncia “apela a esa nueva generación de jueces,
formados, valientes y preparados, para que apliquen el derecho a la
justicia universal” dentro de “los niveles de ética y moralidad” que está
marcando el derecho internacional.
“Este país ha sufrido una enorme
amnesia, esa amnesia constituyente que nos hizo olvidar que nuestra legalidad viene de la anterior legalidad”, añadió,
tras aludir críticamente a “la tradición histórica española de la exterminación
del disidente”.
“Una sociedad
democrática no cubre con velos”
Por su parte, el portavoz de Cha,
Carmelo Asensio, impulsor de la moción que dio origen a la querella, destacó que
“lo que estamos haciendo hoy es reclamar justicia, pero no
revancha ni venganza. Hablamos de un genocidio sistemáticamente
organizado”.
Y, en este sentido, añadió que el
Zaragoza “más de 3.500 personas fueron vilmente fusiladas por defender la
democracia”, tal y como indican investigaciones históricas como las del
profesor Julián Casanova. “Una sociedad no es democrática
si cubre con un velo lo que ocurrió en su época pasada”.
Por último, el historiador Hermino
Lafoz, que también ha intervenido en el trabajo de documentación previo a la
presentación de la querella, incidió en que “lo fundamental es devolver a
las víctimas sus ojos, su cara, su vida. Esa es la labor de un
historiador”.
La querella inició este jueves si
tramitación judicial con el registro por vía telemática en el Juzgado Decano de
Zaragoza, que los turnará por reparto a uno de los doce de Instrucción de la
capital aragonesa. Si es admitida a trámite, será la tercera del país,
tras las de los ayuntamientos de Valencia y de Rivas-Vaciamadrid.
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