Trece ministros de diferentes Gobiernos han sido condenados, esperan sentencia o están bajo investigación
Los juicios simultáneos a los exvicepresidentes Rato,
Chaves y Serra proyectan sombras sobre los niveles de ejemplaridad de
quienes han pasado por gabinetes ministeriales de diferente color
político en 40 años de democracia, pese a que los hechos que se
enjuician ocurrieron cuando no formaban parte de ellos. 
De
izquierda a derecha y de arriba abajo: José Antonio Griñán, Rodolfo
Martín Villa, Rodrigo Rato, Manuel Chaves, Ana Mato, Jaume Matas,
Magdalena Álvarez, Narcís Serra, Alberto Ruiz-Gallardón, Virgilio
Zapatero, José Barrionuevo, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana. EFE / REUTERS
¿Se imaginan que casi tres
millones de españoles hubieran sido condenados como delincuentes o
estuvieran siendo investigados como sospechosos de serlo? Esa es la
estremecedora proporción que resulta de extrapolar al padrón del país (2,92 millones de 46,65)
la inquietante tasa de delincuencia que se da entre quienes se han
sentado en el Consejo de Ministros en los 40 años de democracia: un 6,28% con cinco condenados, seis en el banquillo o esperando sentencia (Rodrigo Rato figura en ambos grupos) y tres imputados o en prisión preventiva de un total de 207, incluyendo los cinco presidentes que antes no fueron ministros.
Parece obvio que los gabinetes no podrían llegar a ser
calificados de cleptocráticos, en referencia al “sistema de gobierno en
el que prima el interés por el enriquecimiento propio
a costa de los bienes públicos”, ya que la mayoría de los delitos
condenados o investigados se produjeron tras el desempeño de las
carteras ministeriales.
Sin embargo, resulta evidente que las conductas de
algunos ministros al abandonar el Consejo, aunque no siempre la cúpula
de las administraciones, proyectan sombras de duda sobre su ejemplaridad
tras esas etapas. Datos como el hecho de que tres exvicepresidentes del
Gobierno se sienten estos días en el banquillo o estén esperando a que
el tribunal emita su sentencia, en todos los casos por presuntos delitos
de carácter económico, abonan esa tesis.
Se trata de Manuel Chaves,
vicepresidente segundo con José Luis Rodríguez Zapatero, que se
enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por prevaricación
por parte de la Fiscalía Anticorrupción en los ERE; de Narcís Serra,
para quien el ministerio público reclama tres años de prisión por
administración desleal por los sobresueldos de Caixa Catalunya, y, por
último, de Rodrigo Rato, que afronta una petición de cinco años de cárcel por el presunto falseamiento de los datos de Bankia en su salida a bolsa mientras comienza a cumplir la condena de cuatro y medio por las ‘tarjetas black’ de CajaMadrid.
El primero y el último comparten banquillo con otros exministros. Chaves se sienta con su sucesor en la Junta de Andalucía José Antonio Griñán,
responsable de Trabajo con Felipe González y para quien la Fiscalía
solicita seis años de cárcel por malversación y treinta de
inhabilitación por prevaricación, y con Magdalena Álvarez, que ocupó la cartera de Fomento con José Luis Rodríguez Zaàtero y que está acusada de prevaricación.
Rato, por su parte, comparte bancada con Ángel Acebes,
ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior en los
gabinetes de José María Aznar. Las acusaciones particulares que ejercen
varios sindicatos y entidades de afectados piden para él penas de hasta
doce años de prisión por falsedad contable y estafa, si bien
Anticorrupción pidió el sobreseimiento de los cargos para él al
finalizar la instrucción de la causa.
Los cinco condenados
Solo dos de las cinco condenas emitidas por los
tribunales contra exministros tenían como base hechos que ocurrieron, al
menos parcialmente, mientras se sentaban en los gabinetes.
Se trata de las que recayeron sobre José Barrionuevo, ministro de Interior con González, condenado a diez años de prisión por el secuestro del viajante Segundo Marey a manos de los GAL,
aunque finalmente solo pasaría tres meses y medio entre rejas al ser
indultado por el Gobierno de Aznar, y de la condena a pagar 27.857 euros
a Ana Mato, responsable de Sanidad y Servicios Sociales con este último, como beneficiaria a título lucrativo de las actividades corruptas de la trama Gürtel, resolución que está pendiente de revisión en el Supremo.
Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente también con Aznar, acumula tres sentencias condenatorias por su gestión como presidente del Gobierno balear: tres años y ocho meses por el caso Noos, 9.000 euros de multa por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.000 euros por un trabajo ficticio y los nueve meses
a los que el Supremo redujo la pena de seis años que le impuso la
Audiencia de Palma por la contratación irregular del periodista Antonio
Alemany para que redactara sus discursos.
Cierran este capítulo los dos condenados por las ‘tarjetas black’, caso en el que el Supremo, además de confirmar los cuatro años y medio a Rato, redujo a cuatro meses la pena a Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes con González que había cargado gastos por casi 30.000 euros a CajaMadrid.
Los relatos de hechos de las condenas tienen un denominador común: se trata de delitos económicos, de cuello blanco,
con la excepción de Barrionuevo, que un tiempo después sería absuelto
en el caso de los fondos reservados. Esa tónica se mantiene como
predominante entre quienes esperan juicio y quienes se libraron del
banquillo por motivos procesales.
Investigados: Zaplana, Ruiz Gallardón y Martín Villa
Los tres exministros que se encuentran bajo investigación, aunque sin que la Fiscalía haya formulado cargos contra ellos, son Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo con Aznar; Alberto Ruiz Gallardón, responsable de Justicia con Rajoy, y Rodolfo Martín Villa,
que ocupó las carteras de Interior y de Administración Territorial,
además de la vicepresidencia, con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo.
Este último está encartado en la causa en la que la jueza argentina María Servini investiga los crímenes de la dictadura franquista, en la que, aunque no ha llegado a declarar, sí hizo efectiva hace poco más de un año la fianza de 48.300 euros con la que se aseguró la exención de una eventual prisión preventiva por esta causa.
Quien sí se encuentra entre rejas de manera provisional es Zaplana, a quien la jueza que instruye la operación Erial atribuye la presunta comisión de diez delitos y el cobro de más de seis millones de euros en comisiones que las investigaciones ubican en Andorra, Paraguay y Uruguay.
Ruiz Gallardón, por su parte, negó haber cobrado
comisiones a cambio de favores en su declaración como imputado ante la
Audiencia Nacional en el caso Lezo, una de las tramas de presunta corrupción que sacuden al PP madrileño. También defendió como beneficiosa para el Canal de Isabel II la polémica compra de la empresa colombiana Inassa por 73 millones de dólares.
Exonerados: Aguirre, Pérez Llorca y Asunción
Otros tres exministros que estuvieron encartados por
diferentes acciones no llegaron a sentarse en el banquillo, básicamente
por cuestiones procesales.
La fuga a toda velocidad con su coche que protagonizó Esperanza Aguirre, ministra de Educación con Aznar, y el posterior incidente con los agentes municipales de Movilidad fue finalmente calificado como falta
y, posteriormente, con la entrada en vigor de la última reforma del
Código Penal, que despenalizaba los casos de desobediencia leve,
archivado.
José Pedro Pérez Llorca, que ocupó las
carteras de Presidencia, Administración Territorial y Exteriores con la
UCD, estuvo imputado en el caso Inverbroker por un delito fiscal que resultó haber prescrito.
Y, por último, Antoni Asunción, responsable de Interior con González, falleció durante la investigación de la venta de una piscifactoría de la que era socio al banco de Valencia,
operación por la que la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta cuatro
años de prisión para tres directivos de la entidad, a los que acusa de
haber provocado un quebranto de 29 millones de euros.
José Luis Corcuera, ministro de Interior con González absuelto en el caso de los fondos reservados y multado con 300 euros por un altercado con policías locales en Sevilla (Fiscalía pedía 900 por una falta),
cierra la lista de los exministros condenados en la vía penal, ya sea
por delito o por falta, y confirma una regla en la que Aguirre y
Asunción aparecen como excepciones confirmatorias: los problemas con la
justicia tras salir del gabinete tienen que ver con el dinero salvo que
hayan pasado por Interior.
Líos con Hacienda y escándalos sin reproche penal
Los asuntos económicos han afectado a otros exministros. Màxim Huerta
tuvo que dejar hace unos meses la cartera de Cultura en el Gabinete de
Pedro Sánchez al saberse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
había ratificado la sanción de Hacienda por defraudar 218.322 euros de 2006 a 2008, mientras que el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid confirmó la sanción de la Agencia Tributaria a Miguel Arias Cañete,
responsable de Agricultura con Aznar y con Rajoy, por una simulación de
gastos con la que se ahorró 15.451euros en el IRPF de 2013.
Otros, como el expresidente José María Aznar o el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fueron sancionados en la vía administrativa por irregularidades económicas.
El primero fue multado por Hacienda con 70.403 euros
por declarar a través de una sociedad parte de sus ingresos
profesionales, lo que reducía a la mitad la carga tributaria, y el
segundo fue sancionado hace unas semanas por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) con una multa de 30.000 euros por utilizar información privilegiada para vender 10.000 acciones de Abengoa en vísperas de su desplome en bolsa.
Por último, Vicente Albero, ministro de
Agricultura con González, dejó el Gabinete en 1994 tras reconocer que
había ocultado 20 millones de pesetas al fisco, mientras escándalos como los de Juan Guerra o el AVE obligaban a salir del Gobierno al vicepresidente Alfonso Guerra y al exministro de Fomento Julián García Valverde, entonces en Sanidad con Gonález. Manuel Pimentel,
responsable de Trabajo con Aznar, dimitía años después al saberse que
la empresa que dirigía su esposa había recibido subvenciones públicas.
No
hubo consecuencias judiciales para ninguno de ellos al resultar
constitutivas de delito sus actuaciones. Solo García Valverde pasó por
el banquillo, aunque resultó absuelto
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