Por Nerea Castro
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ELECCIONES MUNICIPALES
Un informe de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda muestra que, en 2012 y 2013, el grupo Popular en Valencia recibió 213.687 euros de las arcas públicas de la ciudad. No hay constancia de que el resto de grupos recibieran financiación municipal.
José Manuel Martín Corvillo, Rafael Granell⎮Diagonal València⎮22/05/15 · 13:21
La última semana de campaña electoral antes de las elecciones municipales del 24M está siendo generosa en noticias y acontecimientos que desvelan la falta de transparencia del Ayuntamiento de València. La apertura, ayer 21 de mayo, de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción a raíz del escándalo de Ritaleakssupone sin duda la última gota con tintes judiciales de un vaso colmado de dudosas políticas de actuación municipal. Sin embargo, los indicios de despilfarro no son el mayor síntoma de aprovechamiento de lo público.
El 20 de mayo, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda desvelaba un hecho llamativo: el gobierno municipal valenciano tan sólo financia a un grupo político del municipio. Si el lector ha torcido el gesto, ha acertado: el gobierno del Partido Popular financia con dinero público al propio Partido Popular. Mireya Royo, de la propia plataforma, admite la sorpresa, especialmente por el hecho de “que el Partido Popular se haya concedido a él mismo las subvenciones y no a ningún otro grupo”. El proceso de comprobación de estas cuentas, según afirma Mireya, no es sencilla por dos motivos esenciales. En primer lugar, “porque la realidad de las cifras se comprueba con la liquidación de los presupuestos”, es decir: a año vencido. En segundo lugar, porque la información no está disponible en una hoja de cálculo –lo que posibilitaría la comprobación instantánea– sino que aparece en forma de imagen PDF lo que obliga a un trabajo manual para su estudio. No obstante, con su trabajo se ha podido extraer lo siguiente: Los datos extraídos de 2012 y 2013 arrojan que el único grupo parlamentario municipal subvencionado por el Ayuntamiento de València ha sido el Popular con una cuantía que asciende a los 213.687,70 euros de dinero público.
Mireya ignora si esta autofinanciación está sucediendo en otros consistorios a nivel estatal, pero sí tiene constancia de que los OCM (Observatorios Ciudadanos Municipales, los cuales pueden ser gestionados por grupos ciudadanos independientes) están teniendo muchos problemas a la hora de recoger información de la gestión municipal por este tipo de prácticas dado el gran volumen de datos, que no obstante están depositando en servidores de los cuales se está extrayendo información “realmente reveladora” acerca de la gestión de los partidos a cargo de los consistorios.
Desde Diagonal Valencia hemos querido rastrear más allá en la cuestión de la financiación de los grupos municipales. El objetivo: dilucidar si es una práctica legal, dado que no podemos conocer si está extendida y dado que resulta obvio que es éticamente muy cuestionable.
En primer lugar se ha encontrado que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local(7/1985 del 2 de Abril) establece en su párrafo 2 del artículo 73.3 que la dotación económica para financiar a los grupos municipales deberá contener un montante variable en función del número de miembros de cada grupo y otro fijo “idéntico para todos los grupos”. Asimismo, este dinero no podrá destinarse al pago de salarios de personal al servicio de la corporación ni a adquirir bienes que puedan “constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el párrafo 5 del citado artículo se establece que la contabilidad referida a esta financiación de los grupos municipales deberá ponerse “a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida”.
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que entró descafeinada por la presión de lobbies cercanos al Partido Popular en Agosto de 2013, no regulaba la financiación de los grupos municipales. El anteproyecto de la citada ley (de febrero de 2013) tampoco mencionaba en absoluto esta cuestión, dejando al arbitrio del Tribunal de Cuentas la valoración de abusos en esta cuestión de autofinanciación o desatención en la financiación de los grupos de la oposición municipal, como bien ilustra esta sentencia del 19 de diciembre de 2011 en la que básicamente se otorga un plazo extra a los grupos que se autofinancian para proporcionar justificantes. La Ley de Transparencia –de cuyas carencias respecto a los estándares de Transparency International ya se ha hecho eco este periódico en el pasado- sugiere únicamente que los grupos de gobierno publiquen periódicamente la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de sus actividades.
Analizando la legislación, se concluye que el Partido Popular se autofinancia en el Ayuntamiento de Valencia, siendo una práctica legal al estar prácticamente desregulada y dejada al arbitrio de los consistorios. En segundo lugar, sin embargo, existe una total ausencia de evidencia de financiación equitativa al resto de partidos del arco municipal. Este hecho podría suponer un incumplimiento del párrafo 2 del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por tanto, una irregularidad.
En tercer lugar, existe evidencia audiovisual de que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia sí han solicitado información contable al consistorioen numerosas ocasiones buscando trazas de autofinanciación a través de dinero público. Este hecho podría suponer un incumplimiento del párrafo 5 del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por tanto, otra irregularidad.
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