Canarias Semanal
Si la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, hubiera estado ahora en vigor, tal y como pretendía inicialmente el actual ministro del Interior Fernández, la impunidad de 20 antidisturbios que agredieron a los manifestantes valencianos hubiera estado garantizada.
Transcurría el 14 noviembre del año 2012. En toda España tenía lugar una Huelga General que se saldó con la detención de varios centenares de personas. En Valencia, algunos miles de manifestantes se concentraban en la calle Xàtiva. Según el relato que la juez de instrucción de esa ciudad hizo en la apertura del juicio oral, 20 agentes antidisturbios se abalanzaron contra los manifestantes allí concentrados, como si de un torrente se tratara, y los aporrearon sin que aparentemente existiera causa para ello. Los 20 agentes antidisturbios formaban parte de un operativo desplegado con la finalidad de garantizar el "orden público" en distintos puntos de la ciudad.
LA COHERENCIA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA
Por primera vez en todo el Estado español, un juez ha abierto juicio contra un grupo completo de 20 antidisturbios por su actuación violenta en contra de los manifestantes. Hasta ahora, todas las causas iniciadas se habían ido archivando y sólo en casos excepcionales se había procedido en contra de algún agente concreto.
Que las cosas sucedan de esta manera tiene coherencia institucional. Los policías forman parte del brazo ejecutivo del Estado. Los tribunales y jueces integran el aparato judicial. Y ambos están fuertemente protegidos por una tercera instancia, el poder legislativo, que garantiza el carácter intangible de los dos poderes anteriores a través de las leyes. Si las cosas no funcionaran de esta forma, el sistema colapsaría de manera irremediable, y el Estado perdería sentido como instrumento de dominación de las clases sociales hegemónicas que lo controlan.
SERÁN JUZGADOS PERO...
El relato de la noticia nos cuenta que la juez ha confirmado, por fin, el procesamiento de los 20 antidisturbios. Al parecer, éstos han estado evitando ser juzgados durante todos estos años recurriendo la apertura de la causa y alegando que "no habían sido identificados".
Ahora, la juez ha desestimado el recurso policial ante la existencia de una "evidencia locuaz" e insoslayable. La magistrada argumenta que "al contrario que esa parte que considera que no han sido identificados como partícipes" en los hechos, "esta instructora pudo ver junto con los letrados y el señor Secretario el vídeo que uno de los testigos de los hechos había aportado".
La magistrada agregó que "se puede comprobar cómo algunos agentes golpean a dos personas que estaban paradas en la puerta de Las Añadas de España". "Algunos de esos agentes -agrega la juez- son perfectamente reconocibles pese a llevar un casco y pese a que ellos mismos han negado haber sido los que golpearon".
Pero -y aquí viene el siempre previsible pero- la juez, no obstante, ha estimado el recurso presentado por el fiscal, considerando que las lesiones eran constitutivas de una "falta" y no de un "delito". De manera que lo que fueron brutales palizas quedarán al nivel penal de una pelea entre vecinos. Como puede verse, todo vuelve a cobrar coherencia. Las cosas retornan de manera "natural" al lugar que les corresponde.
DONDE SÍ FUNCIONA EL "BRAZO IMPLACABLE" DE LA LEY
El juicio se celebrará, pues, al existir las imágenes filmadas por un testigo con su teléfono móvil durante la intervención policial. Con la Ley Mordaza del gobierno ultraconservador de Mariano Rajoy ni siquiera esto hubiera sido posible.
Pero que nadie se haga ilusiones, ni consuele sus penas. Las palizas de los policías contra los manifestantes continuarán siendo consideradas como faltas leves, sancionadas con insignificantes multas. En cambio, para los manifestantes, las penas de multas serán millonarias y la petición de años de cárcel continuarán siendo noticias de todos los días. Como la que le ha caído encima a Boro, un periodista del combativo digital La Haine, mientras trataba de ejecutar el peligroso cometido de cubrir informativamente una manifestación. Y, ahora, sí que todo volverá a quedar en "su sitio", si no nos movilizamos para impedirlo.
Transcurría el 14 noviembre del año 2012. En toda España tenía lugar una Huelga General que se saldó con la detención de varios centenares de personas. En Valencia, algunos miles de manifestantes se concentraban en la calle Xàtiva. Según el relato que la juez de instrucción de esa ciudad hizo en la apertura del juicio oral, 20 agentes antidisturbios se abalanzaron contra los manifestantes allí concentrados, como si de un torrente se tratara, y los aporrearon sin que aparentemente existiera causa para ello. Los 20 agentes antidisturbios formaban parte de un operativo desplegado con la finalidad de garantizar el "orden público" en distintos puntos de la ciudad.
LA COHERENCIA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA
Por primera vez en todo el Estado español, un juez ha abierto juicio contra un grupo completo de 20 antidisturbios por su actuación violenta en contra de los manifestantes. Hasta ahora, todas las causas iniciadas se habían ido archivando y sólo en casos excepcionales se había procedido en contra de algún agente concreto.
Que las cosas sucedan de esta manera tiene coherencia institucional. Los policías forman parte del brazo ejecutivo del Estado. Los tribunales y jueces integran el aparato judicial. Y ambos están fuertemente protegidos por una tercera instancia, el poder legislativo, que garantiza el carácter intangible de los dos poderes anteriores a través de las leyes. Si las cosas no funcionaran de esta forma, el sistema colapsaría de manera irremediable, y el Estado perdería sentido como instrumento de dominación de las clases sociales hegemónicas que lo controlan.
SERÁN JUZGADOS PERO...
El relato de la noticia nos cuenta que la juez ha confirmado, por fin, el procesamiento de los 20 antidisturbios. Al parecer, éstos han estado evitando ser juzgados durante todos estos años recurriendo la apertura de la causa y alegando que "no habían sido identificados".
Ahora, la juez ha desestimado el recurso policial ante la existencia de una "evidencia locuaz" e insoslayable. La magistrada argumenta que "al contrario que esa parte que considera que no han sido identificados como partícipes" en los hechos, "esta instructora pudo ver junto con los letrados y el señor Secretario el vídeo que uno de los testigos de los hechos había aportado".
La magistrada agregó que "se puede comprobar cómo algunos agentes golpean a dos personas que estaban paradas en la puerta de Las Añadas de España". "Algunos de esos agentes -agrega la juez- son perfectamente reconocibles pese a llevar un casco y pese a que ellos mismos han negado haber sido los que golpearon".
Pero -y aquí viene el siempre previsible pero- la juez, no obstante, ha estimado el recurso presentado por el fiscal, considerando que las lesiones eran constitutivas de una "falta" y no de un "delito". De manera que lo que fueron brutales palizas quedarán al nivel penal de una pelea entre vecinos. Como puede verse, todo vuelve a cobrar coherencia. Las cosas retornan de manera "natural" al lugar que les corresponde.
DONDE SÍ FUNCIONA EL "BRAZO IMPLACABLE" DE LA LEY
El juicio se celebrará, pues, al existir las imágenes filmadas por un testigo con su teléfono móvil durante la intervención policial. Con la Ley Mordaza del gobierno ultraconservador de Mariano Rajoy ni siquiera esto hubiera sido posible.
Pero que nadie se haga ilusiones, ni consuele sus penas. Las palizas de los policías contra los manifestantes continuarán siendo consideradas como faltas leves, sancionadas con insignificantes multas. En cambio, para los manifestantes, las penas de multas serán millonarias y la petición de años de cárcel continuarán siendo noticias de todos los días. Como la que le ha caído encima a Boro, un periodista del combativo digital La Haine, mientras trataba de ejecutar el peligroso cometido de cubrir informativamente una manifestación. Y, ahora, sí que todo volverá a quedar en "su sitio", si no nos movilizamos para impedirlo.
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