Sin embargo, ninguna de esas coyunturas políticas se plantea en el presente. Por el contrario, en la medida en que el electorado de izquierdas se movilice, la posibilidad de fragmentación parlamentaria es más real que nunca. A diferencia de otros períodos electorales, se plantea un ensanchamiento inédito de opciones políticas de izquierdas, que erosiona una composición parlamentaria atravesada por el bipartidismo. Que dicha composición haya permitido el despliegue de políticas de estado regresivas (como ha ocurrido con el cambio constitucional express para la reducción del déficit o la reforma del código penal) es un indicio del trasfondo común que comparten PP y PSOE en asuntos fundamentales, incluso si eso no niega algunas diferencias políticas reales.
Ante esta situación, el llamado a la abstención se desentiende de las correlaciones de fuerza entre diferentes partidos políticos en las instituciones estatales y con ello, permite una infra-representación de fuerzas parlamentarias como IU o Podemos (aun cuando tales fuerzas no necesariamente se ajusten de forma satisfactoria a nuestras expectativas). Para invertir el ángulo: permite la consolidación de una probable alianza entre partidos como Ciudadanos y Partido Popular.
No es sólo que estemos frente a un gobierno nefasto que nos atrapa como moscas en una telaraña política que enlaza corrupción y saqueo, salvataje privado y hundimiento colectivo. No es sólo que la mayoría automática del partido de gobierno haya dado vía libre a un recetario neoconservador que ha arrasado conquistas históricas tan valiosas como irrenunciables, facilitada por un blindaje jurídico crecientemente dictatorial. Lo específico de la coyuntura política actual es que hay una oportunidad histórica de desestructurar un sistema político basado en la lógica de los grandes partidos y reconfigurar las relaciones de poder de una estructura parlamentaria anquilosada.
El recuento de los estragos perpetrados por el partido popular de forma deliberada y coherente en los últimos años es extenso: la política de recortes en sanidad, educación, servicios públicos y prestaciones sociales; la política de rescate a la banca privada sin contraprestaciones ligadas a la recuperación del crédito para familias y PYMES; la política de sobre-endeudamiento del estado, a pesar de la tendencia a privatizar empresas públicas (con el pretexto de reducir gastos y obtener liquidez); la política tributaria de amnistía a los evasores y de manifiesta regresividad de su estructura (gravando más las rentas de trabajo que las rentas de capital); la política de precarización del empleo y consolidación de mercados laborales asediados por la temporalidad, la pauperización de las condiciones de trabajo, la caída salarial, la pérdida de derechos laborales, la institucionalización de la “flexo-explotación” y el mantenimiento de una elevada tasa de desempleo; la política de tolerancia ante la economía sumergida, el fraude y los paraísos fiscales; la política armamentística expansiva, que sigue comerciando armas con gobiernos que incumplen los derechos humanos más básicos; la política energética orientada a la protección de los intereses de las grandes corporaciones privadas del sector, en perjuicio del uso de energías renovables y de una reducción tarifaria generalizada; la política jurídica orientada a la conversión de la protesta social en delito y a la consolidación de un sistema judicial clasista y plagado de prerrogativas; la política de represión de la protesta social y la persecución policial de las ensanchadas categorías de “sospechosos” (comenzando por inmigrantes en situación irregular y personas “sin techo”); la política de desahucios que además de vulnerar el derecho a la vivienda sigue perpetuando una relación abusiva entre la banca y la ciudadanía hipotecada; la política cultural orientada a reestablecer una cultura autoritaria, tradicionalista, homofóbica y sexista; la política de medios marcada por la censura y el control ideológico, degradando un servicio público a mero instrumento propagandístico; lapolítica de control de fronteras marcada por la denegación de derechos humanos fundamentales a los damnificados y por las expulsiones en caliente reconvertidas legalmente en “rechazo en frontera”; la política migratoria que no sólo ha restringido el acceso y permanencia legal de personas extranjeras sino que ha forzado la emigración de cientos de miles de personas (especialmente jóvenes profesionales) por falta de oportunidades laborales; la política de asilo que, además de perpetuar las graves restricciones a la concesión real de asilo, vulnera el acceso efectivo al derecho a solicitarlo; la política de desfinanciación de la investigación pública y el asedio al sistema público de enseñanza en vistas a su reconversión en un sistema de reparto jerárquico de cualificaciones profesionales (según pertenencias de clase), por mencionar algunas.
La enumeración de estas políticas (claramente identificadas con un horizonte político neoconservador) podría ampliarse bajo la forma de análisis sectoriales. Dista de ser exhaustiva, pero permite dimensionar el alcance de unas decisiones gubernamentales que nos afectan de forma cotidiana. Como «instantáneas del cinismo» oficial no cesan de proliferar: la mentada “recuperación económica”, tras índices macroeconómicos positivos, apenas disimula el pésimo cuadro de una España asediada por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la precariedad laboral y, en general, la restricción tendencial de oportunidades económicas, culturales y políticas.
Para resumir: la vida social ha sido reconfigurada de forma notoria a partir del omnicomprehensivo discurso de la crisis. Mantenerse al margen es ilusorio: en tanto transformación de nuestras condiciones de existencia, semejantes decisiones nos afectan de forma directa e indirecta, ante todo, como restricciones materiales en el acceso a derechos sociales, económicos, políticos y culturales que sostienen la posibilidad del bienestar colectivo. Dicho de otro modo: no sólo es imposible estar fuera de la telaraña política, sino que esa telaraña nos enreda de forma creciente, mediante la asfixia cada vez más severa de nuestras vidas.
Que estemos intentando crear un “afuera” (una exterioridad política) y persistamos en la construcción de proyectos sociales autónomos, no niega esta premisa: nadie está fuera en una sociedad del control. La desconfianza al estado actual (e incluso a cualquier forma de estado, a la «estatalidad» como estructura de gubernamentabilidad e institución política central en la modernidad) no es impedimento para que ese estado irrumpa, bajo la forma de políticas gubernamentales concretas, en la vida social en su conjunto. Vincularse de formas diferenciadas con esas políticas, incluyendo la resistencia activa a sus efectos más perniciosos o el intento de limitar su campo de intervención, no niega en lo más mínimo su presencia material en nuestra cotidianeidad. Siempre ya somos objetos de las decisiones y prácticas gubernamentales: pedir que el estado “nos deje en paz” es, precisamente, la imposibilidad de la política actual. Descreamos o no, seamos libertarios, comunistas, feministas, altermundistas, insurreccionalistas, pacifistas o lo que fuere, los efectos de esas políticas son visibles y algunos inclusive irrumpen de forma brutal, bajo la forma nada metafórica de un policía antidisturbios, una citación judicial o un embargo.
Aunque el sistema político vigente suscite dudas legítimas e incluso una distancia irreductible, la abstención no parece ser una buena estrategia para sacarnos de la telaraña. Como moscas atrapadas, no es posible cortar lo que nos asfixia si no logramos subvertir las decisiones políticas que siguen enredándonos. Si un parlamento con mayoría absoluta de laderecha amenaza con profundizar en las políticas precedentes, un parlamento fragmentado permite limitar el alcance de semejantes políticas e incluso revertirlas en cierta medida. Dicho de otra forma: podría producir un movimiento forzado hacia la negociación política que, objetivamente, limita el poder de decisión de estas fuerzas neoconservadoras.
En suma, la exclusión del sistema político de partidos y de las instituciones estatales como campos estratégicos de lucha constituye una renuncia política que favorece la reproducción sistémica. Contra la idea de que votar es “hacerle el juego” al sistema, cabe afirmar que el “juego del sistema” es que cada vez la ciudadanía se implique menos en las prácticas políticas, incluyendo el acto de votar. ¿No es el abstencionismo, en estas condiciones, funcional a ese juego sistémico que consiste en blindarse contra aquellos jugadores que quieren cambiar las reglas de juego (incluyendo la de una ley electoral claramente injusta)? El abstencionismo da vía libre a las políticas gubernamentales en curso. Sostener que es indiferente quien gobierne es, sin más, un acto de ceguera. Facilita que sigan jugando con nosotros.
Si las luchas institucionales constituyen un momento específico de luchas político-sociales más vastas, no participar en ellas facilita –a menudo, de forma involuntaria- que una derecha retrógrada siga extendiendo su telaraña. Queda por averiguar si seremos capaces de desenredarnos.
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