La gestión del terror en la UE.
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Desde el 11 de septiembre de 2001, en la Unión Europea hemos asistido a una inflación normativa en materia antiterrorista,
tanto a nivel europeo como, sobre todo, de los Estados miembros, que
comprende una expansión de los ámbitos a los que se aplica el concepto
de terrorismo. Las políticas antiterroristas son competencia fundamentalmente de los gobiernos nacionales, aunque durante la última década se haya reforzado la cooperación europea.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna evaluación completa y detallada de las políticas antiterroristas adoptadas
en los últimos catorce años a nivel nacional y europeo que analice
tanto su eficacia en relación con los objetivos oficialmente propuestos
como su impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos. En el
marco de la UE, el Parlamento Europeo realizó una petición en este
sentido en 2011, y ésta fue también una de las conclusiones del proyecto
SECILE (Securing Europe through Counter-terrorism: Impact, Legitimacy and Effectiveness), realizado por un consorcio que incluía al King’s College de Londres o la ONG Statewatch y
financiado por la propia UE. Dicho proyecto trató de catalogar todas
las medidas antiterroristas adoptadas por la UE desde el 11 de
septiembre de 2001 hasta el verano de 2013: unas 239, sin incluir
medidas “operacionales” y “no legislativas”, la cooperación con terceros
Estados ni las medidas de origen puramente nacional. Los momentos de
mayor impulso normativo coinciden con los momentos posteriores a los
atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2007.
Desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el verano de 2013 se adoptaron 239 medidas antiterroristas legislativas
Los resultados del proyecto Secile
mostraron cómo la UE apenas había utilizado los mecanismos existentes de
evaluación ex-ante y ex-post de impacto y cómo cuando se aplicaron lo
hicieron de modo que “ignoraron cuestiones cruciales sobre libertades civiles y derechos humanos,
necesidad y proporcionalidad, rendición de cuentas y control
democrático”. Por otro lado, otros proyectos financiados también por la
UE (ETTIS, IRIS) han demostrado cómo la vigilancia masiva no mejora la percepción de seguridad.
Sin embargo, no parece que la mano derecha de la UE (los ministros de
Interior de los 28 Estados miembros que se reúnen en el Consejo) quiera
tener muy en cuenta lo que descubre su mano izquierda.
Tras los atentados de París del 7-9 de enero de 2015, los gobiernos europeos y las instituciones de la UE se han propuesto dar una nueva vuelta de tuerca a políticas de seguridad
que conllevarán innecesarias restricciones de derechos y libertades:
endurecimiento de penas, creación de nuevas figuras delictivas
(penalizando, por ejemplo, el acceso a determinados contenidos por
internet), registro de pasajeros (PRN), extensión del Sistema de
Información Schengen, ficheros nacionales de personas peligrosas,
retirada preventiva del pasaporte y hasta del carné de identidad a
personas consideradas radicales, etc.
Con el propósito oficial de combatir el “terrorismo yihadista” el énfasis se pone en la “prevención” de la “radicalización” de determinados “grupos de riesgo”,
entre los que destacan las poblaciones subalternas europeas de origen
migrante. Todo ello sin que haya ninguna reflexión autocrítica sobre las
políticas aprobadas hasta ahora ni sobre las dinámicas segregacionistas
que fomentan los propios gobiernos.
No obstante, los atentados cometidos por grupos “yihadistas” siguen siendo excepcionales en Europa.
Según Europol, en 2013 el número de ataques realizados calificados como
“terroristas” y vinculados al islamismo se limitó a un asesinato en el
Reino Unido. Sin embargo, el mayor número de detenciones sí se produjo
en relación con el terrorismo “de inspiración religiosa”, con Francia a
la cabeza. Por su parte, España sobresale –con enorme diferencia con
respecto a otros países– en número de detenciones, de procesos y de
sentencias relacionadas con el terrorismo denominado separatista, a
pesar de que ETA no haya matado a nadie desde 2010 y haya declarado en
2011 el cese definitivo de su actividad armada. Resulta llamativo
también que sólo haya habido tres detenciones en el mismo periodo en toda la UE en relación con el terrorismo de “extrema derecha”,
aunque no falten agresiones, como muestran las estadísticas francesas
sobre ataques islamófobos. Es decir, acciones violentas similares
pueden recibir diferente calificación, según se trate de personas o
grupos de extrema derecha –que suelen ser calificados como acciones
“vandálicas” o “ataques racistas”– o de grupos de extrema izquierda o de
inspiración islamista, en cuyo caso se aplica la legislación
antiterrorista. Esto tiene importantes consecuencias, tanto en lo
relativo a la aplicación de penas desproporcionadamente diferentes como
en la percepción social. El grado de “amenaza terrorista” vendría
determinado en buena medida por el tipo de legislación penal nacional
que pretende responder a la misma… y por las políticas sociales y democratizadoras que se sacrifican en el altar de la “seguridad total”.
Como hemos aprendido tras largos años de
“guerra con el terrorismo”, tal y como están concebidas las políticas
antiterroristas, incluyendo su dimensión militar exterior, no sirven para acabar con el terror, sino para gestionarlo con el objetivo principal de frenar la deslegitimación acelerada de una gobernanza en crisis.
Para evitar que vuelvan años de plomo, o peor, que surjan nuevas formas
de conflicto sectario en Europa, habrá que cuestionarlas en serio. Y
pronto.
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