ALA denuncia que los jueces no aplican las directivas europeas de derechos de los detenidos
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La Asociación Libre de Abogados plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Diagonal
Enmarcado dentro de la campaña “En comisaría, defiende los derechos de las personas detenidas”, el lunes 13 de octubre la Asociación Libre de Abogados (ALA)
presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que
se denunciaba el caso omiso a la hora de aplicar las directivas
europeas2010/64, 2012/13, 2013/48, que se está desarrollando
tanto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como
por parte del cuerpo judicial.
La primera de ellas, la 2010/64, hace referencia a una cuestión tan básica como es el derecho a ser asistido por un intérprete, una cuestión a la que tienen derecho todas las personas detenidas que no se manejen en el idioma del país en el que han sido arrestadas. La segunda de ellas, la 2012/13, es relativa al derecho a la información en los procesos penales. Según esta directiva los letrados podrán acceder a los atestados policiales en comisaría, por lo que no tendrán que esperar hasta la puesta a disposición judicial de las personas detenidas como ocurría hasta ahora. La tercera y última, la 2013/48, trata sobre el derecho a la asistencia de un letrado en los procesos penales y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad. Destaca además la posibilidad de que los detenidos puedan comunicarse con terceras personas tras su detención, ya que en la actualidad es la propia policía la que se pone en contacto con la persona designada por la persona detenida.
Todas estas directivas, aprobadas por la Unión Europea, ya pueden ponerse en práctica en los diferentes procesos judiciales en el Estado español, pero, según denuncia ALA, es algo que no se está produciendo. El recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por la Comisión de Defensa de ALA trata sobre la inadmisión de un hábeas corpus, interpuesto porque a un letrado de dicha asociación no se le permitió el acceso del atestado antes de la declaración de su detenido en comisaría, tal y como permite la Directiva 2012/13.
“Lo más grave de este incumplimiento de las directivas no es que se produzca en comisarías por la policía, sino que esta negativa a acceder al atestado ha sido ratificada por los jueces ante quienes se han interpuesto numerosos procedimientos de hábeas corpus, siempre bajo variadas pero débiles excusas”, señala a Diagonal Alejandro Gámez, miembro de ALA.
Gámez explica que si los jueces no aplican las directivas puede deberse a “que no sepan aplicar el derecho comunitario, lo que es una grave negligencia cuando eres el juez encargado de aplicar la ley, o, más probablemente, a que no quieren hacerlo a sabiendas de que deberían permitir el acceso al atestado, y eso raya la prevaricación judicial”.
La primera de ellas, la 2010/64, hace referencia a una cuestión tan básica como es el derecho a ser asistido por un intérprete, una cuestión a la que tienen derecho todas las personas detenidas que no se manejen en el idioma del país en el que han sido arrestadas. La segunda de ellas, la 2012/13, es relativa al derecho a la información en los procesos penales. Según esta directiva los letrados podrán acceder a los atestados policiales en comisaría, por lo que no tendrán que esperar hasta la puesta a disposición judicial de las personas detenidas como ocurría hasta ahora. La tercera y última, la 2013/48, trata sobre el derecho a la asistencia de un letrado en los procesos penales y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad. Destaca además la posibilidad de que los detenidos puedan comunicarse con terceras personas tras su detención, ya que en la actualidad es la propia policía la que se pone en contacto con la persona designada por la persona detenida.
Todas estas directivas, aprobadas por la Unión Europea, ya pueden ponerse en práctica en los diferentes procesos judiciales en el Estado español, pero, según denuncia ALA, es algo que no se está produciendo. El recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por la Comisión de Defensa de ALA trata sobre la inadmisión de un hábeas corpus, interpuesto porque a un letrado de dicha asociación no se le permitió el acceso del atestado antes de la declaración de su detenido en comisaría, tal y como permite la Directiva 2012/13.
“Lo más grave de este incumplimiento de las directivas no es que se produzca en comisarías por la policía, sino que esta negativa a acceder al atestado ha sido ratificada por los jueces ante quienes se han interpuesto numerosos procedimientos de hábeas corpus, siempre bajo variadas pero débiles excusas”, señala a Diagonal Alejandro Gámez, miembro de ALA.
Gámez explica que si los jueces no aplican las directivas puede deberse a “que no sepan aplicar el derecho comunitario, lo que es una grave negligencia cuando eres el juez encargado de aplicar la ley, o, más probablemente, a que no quieren hacerlo a sabiendas de que deberían permitir el acceso al atestado, y eso raya la prevaricación judicial”.
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