La banca contraataca
Thilo Schäfer | La Marea | 26/10/2014
La muerte repentina de Emilio Botín por
un infarto el 10 de septiembre produjo centenares de obituarios y
comentarios, en general halagüeños, en los medios de comunicación. Hubo
algunas revelaciones sorprendentes, como la de su hermano Jaime, que
aseguró en el diario El País que a quien fue presidente del
mayor banco del país “no le importaba nada el dinero, aunque nació con
el talento de multiplicarlo”. Algo enigmático resultó el artículo que le
brindó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en las mismas páginas:
“Recuerdo ahora una llamada suya en plena tormenta por el rescate de la
economía española. Frente a la opinión generalizada de que el rescate
era ineludible, Botín me dijo: ‘Tú sabes lo que tienes que hacer… y yo
te apoyaré’”. Guindos no especifica a qué se refería el presidente del
Santander, pero el balance de la gestión de la crisis es de sobra
conocido. El gobierno del Partido Popular esquivó una intervención total
del país como en Grecia o Portugal, aunque pidió el rescate para la
banca; la prima de riesgo ha bajado a mínimos, y la economía vuelve a
crecer a ritmo moderado. Por el camino, la crisis ha dejado 5,6 millones
de parados, una subida de impuestos –sobre todo los indirectos como el
IVA– que estrangulan a amplia s capas de la sociedad, y una inyección
multimillonaria de dinero público para sanear al sector financiero. Este
rescate ha contribuido a acercar la deuda pública de España al 100% del
PIB, es decir, toda la riqueza que produce el país en un año.
El balance que hizo Botín resultaba más
positivo. “Estamos viviendo un momento fantástico”, dijo hace un año
ante la prensa en Nueva York, “a España llega dinero de todas partes”.
La frase dejó estupefactos a muchos ciudadanos pero es un reflejo fiel
de la situación de la banca, que ya ha salido del túnel de la larga
recesión, y de la vuelta en manada de los inversores extranjeros. Esto
es, de los bancos que han sobrevivido la purga que siguió al pinchazo de
la burbuja inmobiliaria y que se ha llevado por delante al sector de
las cajas de ahorro. De las 50 entidades que existían durante la burbuja
hoy quedan apenas 15 y las grandes son más grandes que nunca.
Santander, BBVA y La Caixa suman una cuota del mercado del 60%. En el
caso de las dos últimas, tras absorber a precio de saldo algunas de las
cajas saneadas con dinero público. Después de limpiar sus balances
contaminados por el ladrillo, los bancos españoles han vuelto a dar
beneficios abultados (6.363 millones de euros en el primer semestre del
año), aunque esta cifra sigue lejos de las ganancias que cosechaban
antes de la crisis. Es un problema que ya quisieran tener muchas
empresas de otros sectores, por no hablar de las miles de compañías que
tuvieron que cerrar.
Una vez recuperada de la fiebre del
ladrillo, a la banca le preocupa ahora que el médico se pase recetándole
hábitos más saludables. Botín advirtió en sus últimas comparecencias de
la “regulación excesiva”, y Francisco González, presidente del BBVA,
lamentó en enero que “nos gastamos una fortuna en adaptarnos al enorme
cambio regulatorio”. Es el argumentario del sector. “Dejemos que las
medidas en vigor muestren sus efectos antes de pensar en introducir
otras nuevas”, pidió en mayo José María Roldán, el nuevo presidente de
la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector. Durante
la crisis y hasta hace un año, Roldán fue director general de Regulación
del Banco de España, es decir, el máximo responsable de la supervisión.
Es, sin duda, el mejor fichaje del lobby financiero español en los
últimos tiempos. Roldán ha trabajado en prácticamente todos los comités y
foros internacionales donde se cuecen los temas de regulación y
supervisión del sector.
La gran batalla entre la banca y los
políticos e instituciones que pretenden construir diques de contención
para evitar que se repitan los excesos y abusos que causaron la gran
crisis mundial se está librando en Bruselas y Frankfurt. Y es
precisamente en Europa donde la banca acaba de apuntarse un auténtico
golazo con el nombramiento del británico Jonathan Hill como comisario
responsable para la regulación financiera en el nuevo Ejecutivo
comunitario liderado por el veterano dirigente luxemburgués Jean-Claude
Juncker, que tomará posesión en noviembre. Hill ha sido un importante
lobista de la City de Londres, creando su propia empresa de relaciones
públicas. En su nuevo cargo tiene bastante que decir en el desarrollo y
la implementación de las nuevas normas que la UE ha puesto en marcha
como reacción a la crisis. Los resultados de las pruebas de resistencia
de la banca europea, los famosos stress tests, también se conocerán en
noviembre. A partir de ese momento, entrará en funcionamiento la Unión
Bancaria con el nuevo supervisor para la gran banca en la zona euro bajo
el mando del Banco Central Europeo (BCE).
“la refundación del capitalismo”
En 2008, tras el derrumbe del banco de
inversión Lehman Brothers, uno de los gigantes de Wall Street, los
dirigentes del mundo se conjuraron para tomar medidas drásticas con el
fin de que semejante desastre, fruto de la especulación desenfrenada,
prácticas abusivas y un gran autoengaño colectivo, no volviera a ocurrir
jamás. Aún resuena la grandilocuente frase del expresidente de Francia,
Nicolas Sarkozy, que prometía “refundar el capitalismo”.
Fue entonces cuando se crearon sendos
comités en EEUU, Reino Unido y la Unión Europea con el encargo de
elaborar nuevas reglas para domar al sector financiero que había crecido
exponencialmente durante años, alimentado por la desregularización y la
liberalización. Uno de los objetivos fundamentales era atajar los
llamados riesgos sistémicos en relación con aquellos bancos considerados
demasiado grandes para caer (too big to fail). Efectivamente,
en los últimos años se han elaborado cientos de normas para mejorar el
control y el funcionamiento de los bancos con el objetivo de que ejerzan
su papel fundamental en la economía, el de cuidar los depósitos de los
ahorradores y proveer a la economía productiva de liquidez a través de
créditos. Este proceso no ha terminado, y ahora organizaciones civiles,
como el Corporate Europe Observatory (CEO) de Bruselas, denuncian que la
banca, una vez superado el bache, ha pasado al contraataque con todo el
arsenal pesado de su lobby.
Entre las medidas más importantes que se
han puesto en marcha destacan los nuevos requerimientos de capital para
las entidades financieras del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea, lo que se llama Basilea III, que han entrado en vigor este año.
La idea es obligar a los bancos a tener en su balance más recursos
propios y que éstos sirvan como colchón cuando la situación se
complique. En otras palabras, se les exige capital real y con liquidez,
como el dinero de los depósitos, acciones u otros activos. El problema
de la crisis fue que las entidades operaban y especulaban con mucho más
dinero que el que tenían –algo en principio intrínseco a este negocio– y
cuando empezó a desinflarse la burbuja se quedaron sin recursos para
absorber el choque. Para cumplir con las exigencias de Basilea III los
bancos han tenido que conseguir dinero fresco en los mercados y a menudo
sacrificar los beneficios de su negocio recurrente. Por su parte, el
Banco de España ha limitado a tal efecto el pago de dividendos en
efectivo al 25% del beneficio. Todas estas medidas han tenido el
resultado indeseado de que las entidades hayan cerrado el grifo del
crédito a las empresas, lo cual ha agravado la recesión.
Para mitigar este efecto, el BCE,
presidido por el italiano Mario Draghi, que trabajó para Goldman Sachs,
quizás el banco de inversión más poderoso del mundo, ofreció una “barra
libre” de liquidez, dando a los bancos cientos de miles de euros a tipos
de interés bajísimos. Sin embargo, en vez de usar este dinero para
proveer a las empresas con los tan necesitados créditos, los bancos
prefirieron comprar títulos de deuda pública cuyo interés superaba
ampliamente el que les cobraba el BCE. Un negocio redondo y casi sin
riesgo que en la jerga financiera se llama carry trade. En las
ruedas de prensa de presentación de sus resultados anuales, Botín y
González minimizaron el impacto de estas prácticas en sus cuentas.
Además de las mayores exigencias de
capital previsto por Basilea III, la Unión Europea está haciendo un
examen exhaustivo del estado de la salud financiera de todos los grandes
bancos, los stress tests o pruebas de resistencia, cuyos
resultados se conocerán en noviembre. Las entidades que suspendan
deberán buscar más capital para reforzar su colchón y así estar
preparadas para los malos tiempos. En teoría, las peores de la clase
incluso podrían ser liquidadas o fusionadas con bancos más fuertes.
Con el fin de unificar las reglas para
las 8.300 entidades financieras que operan en la UE, el Consejo Europeo,
donde se sientan los 28 gobiernos, aprobó en 2009 un conjunto de normas
para el mercado común. Con este manual de conducta se pretende, por
ejemplo, evitar que la práctica de incentivar a los banqueros con bonus
astronómicos les lleve a asumir “riesgos excesivos”, según explica un
memorándum de la Comisión Europea sobre las últimas reformas del sector
financiero. También se han introducido “reglas más estrictas” para los
fondos especulativos (hedge funds), las ventas en corto (short shelling),
una forma de apostar a que la acción de una empresa baje y que ha
provocado más de una crisis en los mercados, o el negocio con derivados,
productos financieros complejos como las famosas subprime que estuvieron en el origen de la crisis financiera en Estados Unidos.
Pero, sin duda, la medida más importante
para evitar futuros rescates con dinero público es la implementación de
un nuevo mecanismo para salvar a una entidad en apuros, la Directiva
Europea sobre Resolución Bancaria (BRRD). Como recuerda la Comisión en
el citado documento, entre octubre 2008 y diciembre de 2012, los
gobiernos europeos gastaron un total de 591.000 millones de euros en
rescatar a sus bancos, el equivalente al 4,6% del PIB de la UE. A partir
de ahora, cuando un banco sufra un grave deterioro de su balance se
recurrirá primero al dinero de los accionistas y los tenedores de bonos y
deuda subordinada de la entidad para hacer frente a las pérdidas. En
caso de que no sea suficiente, el banco recibirá ayudas del llamado
fondo de resolución, una caja de contingencia para este tipo de crisis a
la que toda la banca de un país debe contribuir anualmente. Sólo en
último lugar se usaría dinero público para frenar la quiebra.
Hasta aquí todo muy bien, pero hay una
pega importante. “En algunos casos, en particular en el contexto de una
crisis sistémica, podría ser necesario abandonar este principio y
permitir el uso de fondos públicos para financiar la resolución de un
banco”, reza el informe de la Comisión. Este riesgo sistémico a menudo
tiene que ver con el tamaño de los bancos, algunos de los cuales son
considerados “demasiado grandes para caer”. Al inicio de la crisis,
muchos dirigentes políticos, como la canciller alemana Angela Merkel,
exigieron que nunca más un solo banco pudiera poner en aprietos al
Estado porque su quiebra tuviera efectos nefastos para el conjunto del
sistema financiero y por extensión el resto de la economía. No obstante,
como resultado del proceso de fusiones a consecuencia de la crisis, en
el que los más fuertes se han comido a los más débiles, muchos de los
grandes bancos son hoy aún más grandes, como ha ocurrido en España con
el BBVA, La Caixa o la nacionalizada Bankia, fruto de la fusión de
Cajamadrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro.
“La generación de grupos de mayor tamaño
tiene sus ventajas e inconvenientes”, explica Paula Papp, experta en
banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI) en Madrid. El
tamaño les hace más fuertes pero cuando se tambalean pueden arrastrar a
toda la economía, explica. “El impacto negativo deltoo big to fail
puede mitigarse en la medida que el control de estas entidades sea
elevado, que las exigencias en términos de capital permitan cubrir
escenarios con probabilidades de ocurrencia muy baja y que el negocio
que puedan hacer con el dinero de los depositantes esté restringido. Es
decir, no permitir cualquier tipo de actividad. La regulación actual
también ha ido un poco por esa línea”, concluye Papp.
Pese a los avances, hay quien considera
que todavía no se ha hecho lo suficiente para asegurar un control eficaz
de las grandes entidades. Los principales bancos de Europa “siguen
siendo demasiado grandes para caer, demasiado complejos y demasiado
costosos para ser rescatados”. La advertencia es de Michel Barnier, el
comisario europeo para el Mercado Interior y responsable de temas que
tienen que ver con el sector financiero. En una entrevista con la
agencia Bloomberg en septiembre, el político francés, que deja su cargo a
finales de octubre, urge a la Comisión a actuar para cortarle las alas a
los grandes bancos que suponen un riesgo sistémico. Para ello, Barnier
presentó en enero un plan que prevé que las 30 entidades más grandes de
la UE separen sus operaciones de inversión más arriesgadas del negocio
bancario tradicional. La decisión final sobre las propuestas de Barnier
corresponde ahora a la nueva Comisión de Juncker. “Los bancos tienen
bastante tiempo por delante para conseguir cambiar la posición de las
autoridades europeas, excepto que se produzca un nuevocrash y
éste fuerce a Bruselas y a Frankfurt a imponer reglas realmente
coercitivas”, afirmó en un artículo Eric Toussaint, presidente del
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).
El sector financiero cuenta con uno de
los grupos de presión más potentes de Europa. Los bancos dedican 120
millones de euros al año y 1.700 personas a actividades de lobby en
Bruselas, según cifras recientes del Corporate Europe Observatory, una
ONG que lucha por más transparencia y un mayor control de los grupos de
presión (ver páginas 22 y 23). La última victoria del lobby ha sido el
nombramiento de Hill como comisario europeo de Servicios Financieros en
sustitución del combativo Barnier. Desde su paso por la Cámara de los
Lores, Lord Hill no es simplemente uno de tantos políticos cercanos al
sector financiero. Durante años trabajó como lobista para la banca e
incluso creó su propia empresa de relaciones públicas a servicio del
sector, Quiller Consultants. En una carta abierta al nuevo comisario,
Juncker le recuerda sus tareas, entre ellas asegurar que la nueva
regulación “tenga en cuenta las necesidades e intereses de los
consumidores e inversores minoristas”, así como hacer que “los servicios
financieros funcionen mejor para los ciudadanos”.
Quien reaccionó con entusiasmo ante el
nombramiento de Hill fue la City de Londres, el centro financiero más
importante de Europa. “Es un mensaje claro de la Comisión Europea de que
un sector de servicios financieros fuerte sigue siendo una prioridad
para Europa y el Mercado único”, comentó en un comunicado la City of
London Corporation, el peculiar autogobierno del histórico distrito a
orillas del Támesis. Menos contentos se mostraron algunos eurodiputados
como el alemán Sven Giegold, de Los Verdes. “En los últimos años hemos
trabajado en el Parlamento Europeo para tener una regulación más
estricta de los mercados financieros. Dejar que un zorro vigile el
gallinero en este área es totalmente inaceptable”, escribió en su página
web. “Es una provocación que un lobista financiero sea el encargado de
la regulación financiera”, argumentó.
“Una buena regulación puede resultar
inútil sin una buena supervisión”, recuerda la Comisión en el documento
sobre las reformas. ¿Y quién se encargará de esa buena supervisión? Con
la Unión Bancaria, los 128 mayores bancos de los 18 países que componen
la Zona Euro pasan bajo el control del nuevo supervisor dependiente del
BCE en Frankfurt. El banco emisor está fichando a unos 1.000 empleados
para el nuevo organismo. No hay cuotas por países y el requerimiento
básico es un conocimiento impecable del inglés, sobre todo de la jerga
financiera. “El resultado es que están entrando muchos profesionales de
la City”, analizaba un veterano periodista alemán especialista en el
mundo financiero durante un almuerzo privado en Frankfurt. “Eso
impregnará un fuerte sello anglosajón al nuevo supervisor”. Fuentes del
Banco de España aseguran, sin embargo, que están contentos con el número
de españoles que han logrado un puesto en el supervisor.
El año pasado, en el quinto aniversario
de la quiebra de Lehman Brothers, CEO y una treintena de organizaciones
que luchan contra el poder del lobby bancario, como Attac, CADTM o
Friends of the Earth, publicaron un manifiesto para pedir una reforma de
calado del sector financiero. El documento recuerda las “grandes
promesas” de los líderes europeos de reformar la regulación tras el
estallido de la crisis y concluye que, “cinco años después, los
resultados son desgraciadamente insuficientes”. Las ONG destacan que
muchos de los productos financieros especulativos que originaron la
crisis siguen circulando y que el mercado de derivados incluso ha
crecido. “Una razón clave para este fracaso es el éxito del lobby
financiero para mantener a raya una regulación eficaz”, reza el
manifiesto. Otro grupo, la Alianza para la Transparencia en el Lobby y
la Ética Regulatoria (ALTER-EU), advierte que los comités que asesoran a
las instituciones comunitarias “suelen estar dominados por
representantes de grandes grupos financieros”.
En la cúspide del lobby está el
Institute of International Finance (IIF), que cuenta con 500 miembros de
todo el mundo, bancos, fondos, aseguradoras y otras empresas e
instituciones del sector. Su influencia es inmensa, como bien sabe el
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En dos ocasiones, en 2010 y
2011, el socialista recibió en La Moncloa al entonces presidente del
IIF, Josef Ackermann, para hablar de la crisis. El banquero suizo
también presidía Deutsche Bank, uno de los principales acreedores de la
banca española. Ackermann frecuentaba la cancillería de Merkel y en sus
visitas a España se veía con Botín, González y otros colegas. Nunca se
supo qué tipo de recomendaciones le hizo a Zapatero, pero para
los anales de la historia quedan la reforma laboral y, sobre todo, el
cambio del artículo 135 de la Constitución (ver página 24), que prima el
pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto del Estado.
Durante mucho tiempo, el lobby luchó
contra los planes de introducir un impuesto sobre las transacciones
financieras, inspirado en la Tasa Tobin. Tras arduos debates en el seno
de la UE, 11 países, entre ellos España y Alemania, aprobaron en mayo, a
pesar de la resistencia de Londres y Luxemburgo, la tasa que entrará en
vigor en 2016, aunque su nivel impositivo está lejos de lo que
proponían los promotores de este impuesto.
Las nuevas reglas con las que la
política y los bancos centrales pretenden domar la especulación de los
mercados financieros pronto podrían sufrir otra modificación importante.
En el Tratado de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés) que
actualmente están negociando la UE y EEUU con gran opacidad se habla de
“un proceso hacía la convergencia de los respectivos marcos regulatorios
y de supervisión para los servicios financieros”, según consta en uno
de los pocos documentos internos que se han filtrado.
No son los banqueros europeos, sino sus
colegas de Wall Street, los que esperan que el TTIP sirva para diluir
algunas de las estrictas normas que ha impuesto el gobierno de Barack
Obama. Y es que Washington ha sido más duro con sus bancos, los que
provocaron la crisis y que, al igual que en Europa, engullieron enormes
cantidades de dinero público. Las multas a las entidades por sus abusos
ya alcanzan un total de 130.000 millones de dólares. Mientras, en Europa
apenas se les ha castigado por ahora. Asimismo, EEUU ha introducido
leyes estrictas para controlar mejor los mercados y proteger al
consumidor. En este sentido, uno de los principales asesores de Obama,
el expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker, fue contundente en
una reunión con ejecutivos de la banca en 2009 al criticar el auge de
los derivados y otros productos especulativos ultrasofisticados que se
inventan en Wall Street. “La innovación financiera más importante que he
visto en los últimos 20 años es el cajero automático. Esto es realmente
útil para la gente”, dijo, según recoge Andrew Ross Sorkin, periodista
del diario New York Times, en Too Big To Fail, el celebrado relato del derrumbe de Wall Street.
Con tantos y tan importantes cambios en
marcha, la banca española decidió que necesitaba una persona con gran
experiencia internacional para velar por sus intereses. La elección
recayó en José María Roldán. Además de su papel como máximo responsable
de supervisión en el Banco de España, este economista de Teruel ha sido
miembro del Comité de Supervisión Bancaria del BCE, del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité de Supervisores Bancarios
Europeos (CEBS), entre muchas otras responsabilidades en el extranjero.
No sorprende pues que Botín, González y
compañía quisieran asegurarse los servicios de este profundo conocedor
de lo que se cuece en el otro bando, el de los supervisores que deben
controlar a los bancos. Sin embargo, el anuncio en octubre de 2013 de
que Roldán sería el sucesor del veterano Miguel Martín como presidente
de la patronal AEB no gustó nada a Guindos. “No es estético que una
persona que hasta hace tan poco tiempo ha participado en la elaboración
de las normas financieras que han dado lugar a una crisis y a un rescate
de 40.000 millones que ha sido sufragado por la sociedad, se mantenga
en altos cargos de responsabilidad en el sector”, escribió a la AEB. En
un raro pulso entre la banca y el Gobierno, Botín y González forzaron el
brazo a su excolega De Guindos, quien había sido presidente de Lehman
Brothers en España. El ministro dio marcha atrás, pero cambió las normas
de incompatibilidad del Banco de España. Al igual que los altos cargos
del Gobierno, los principales directores del banco central deben ahora
esperar dos años antes de trabajar en empresas que tengan que ver con su
ámbito de responsabilidad.
Campaña de imagen
Las puertas giratorias entre política y
el mundo empresarial son notorias. En el consejo del Santander se
sientan el exministro de Exteriores del gobierno de José María Aznar,
Abel Matutes, y Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía
con el socialista Felipe González. El banco de la llamita roja también
tiene en su nómina a José Manuel Campa, uno de los responsables de la
controvertida gestión del principio de la crisis como secretario de
Estado de Economía con Zapatero.
Entre los objetivos urgentes del nuevo
presidente del lobby financiero en España figura una campaña de imagen.
“Sólo mediante una pedagogía paciente podremos recuperar un lugar en la
opinión pública que sea justo”, dijo Roldán en un discurso en mayo. Se
trata de una estrategia consensuada. Delante de la prensa, los grandes
ejecutivos no paran de quejarse de lo injusta que les resulta la mala
imagen que tiene la banca. “La crisis financiera que estamos viviendo
necesita más transparencia. El origen ha estado en las cajas, no en
todas, pero sí en la mayoría. Ningún banco ha obtenido ayudas. Se ha
hecho un daño enorme a la reputación del sector”, lamentaba González en
la presentación de los resultados anuales del BBVA en enero. Y su colega
Botín insistía en que el Santander no ha recibido “ni un euro” de
ayudas públicas. Es cierto, pero la ecuación de estos banqueros obvia el
enorme coste que hubiera supuesto la quiebra de una caja grande o
mediana. En este sentido, los 23.000 millones de euros que han costado
al contribuyente el rescate y la nacionalización de Bankia suponen un
dinero que también ha salvado el negocio de BBVA, Santander y demás.
Una vez que ha pasado la tormenta, el
lobby bancario tiene prisa por volver a privatizar a Bankia y las otras
entidades nacionalizadas. Es un objetivo compartido por la Troika, que
dictó las normas de la reforma del sector en España durante los dos años
que duró el rescate internacional de la banca, cuya cantidad se eleva a
40.000 millones de euros. Los adalides de las entidades financieras no
admiten siquiera un debate sobre la posibilidad de convertir a Bankia en
un banco público al servicio de la economía real y que podría ejercer
una función anticíclica para mitigar los efectos de futuras crisis. En
otro plano, durante meses, estos expertos y economistas divulgaban el
mensaje de que la reforma fiscal, en la que trabajaba el Gobierno,
debería reducir la carga fiscal al capital con el fin de fomentar el
ahorro y la inversión. Y así ocurrió. La reforma del PP, aprobada en
verano, reduce el impuesto sobre las rentas de capital desde una
horquilla del 21-27% al 20-23%. Hay otras medidas que hacen más rentable
los fondos, depósitos o planes de pensiones que ofrece la banca. Sin
embargo, queda aún por ver si la eliminación de deducciones fiscales
logra el objetivo del Gobierno: que los bancos, al igual que otras
grandes empresas, acaben pagando más impuestos –hoy no llega al 10% de
sus beneficios–.
No es el único favor que ha hecho el PP
al sector financiero. De Guindos se peleó en Bruselas para que los
bancos pudieran seguir contabilizando los créditos fiscales acumulados
por las pérdidas durante la crisis como capital (ver columna de Juan
Torres, en página 21). La creación del “banco malo”, la Sareb, para
absorber el grueso de los activos problemáticos del ladrillo también
alivió al sector –fue un requerimiento de la Troika–. Ahora, el Gobierno
está negociando una solución que reduzca las pérdidas de la banca del
fracaso de las autopistas de peaje.
Mucho más incómodos para los banqueros
que el Ejecutivo han sido los jueces. Ahí están los centenares de
juicios por la venta fraudulenta de las participaciones preferentes y
otros productos financieros. La Justicia obligó al BBVA y a otras
entidades a eliminar las llamadas cláusulas suelo que evitaban que las
hipotecas se beneficiasen de una bajada de tipos de interés por debajo
de un umbral determinado. Lo mismo ocurrió en el caso de los desahucios.
Ante la alarma social, el gobierno del PP intentó arreglar el problema
con un código de conducta voluntario para la banca, pero las entidades
le hicieron poco caso. Finalmente, una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE obligó al Ejecutivo a endurecer la ley para frenar los
desahucios.
Por otro lado, las autoridades
nacionales han tomado medidas para proteger a los ciudadanos de la
banca. Una nueva ley autoriza a la Comisión Nacional de Mercados de
Valores a enviar inspectores de incógnito, o incluso detectives
privados, a las sucursales para que detecten malas prácticas. Pero la
batalla fundamental se libra en la esfera internacional. “Creo que
pretender evitar que se produzcan burbujas o crisis basadas en burbujas
es una misión poco menos que imposible”, afirma Papp, de AFI: “Ninguna
crisis es igual a otra y suele pasar que tras las crisis se intenta
evitar que vuelva a suceder exactamente lo mismo, con resultados muchas
veces no deseados porque se generan ineficiencias ohuecos en la
normativa que tienden a aprovecharse y son, en algunos casos, el
desencadenante de la siguiente crisis. Dicho esto, creo que uno de los
aspectos positivos de la regulación actual es que se han dejado abiertos
márgenes de actuación para los reguladores y las entidades, permitiendo
gestionar con mayor grado de holgura los momentos de tensión”.
También hay que tener en cuenta el
componente psicológico de un ente tan complejo como los mercados. El
famoso inversor Warren Buffett, una de las tres personas más ricas del
planeta, brindó una explicación muy gráfica de cómo se originó la crisis
en EEUU ante la comisión que investigaba las causas del derrumbe: “Es
un poco como Cenicienta en el baile. Quizás los invitados tengan cierta
sensación de que a medianoche todo volverá a convertirse en calabaza,
pero es tan divertido, ¿sabes? Corre el vino y la gente resulta cada vez
más guapa, la música suena cada vez mejor y piensas que basta con irse a
las 12 menos cinco. De repente, miras y ya no hay relojes en la pared y
¿qué pasa? Efectivamente, todo vuelve a convertirse en calabaza. Es
difícil echarle la culpa a la orquesta o a tu pareja de baile”.
Este reportaje forma parte del dossier publicado en el número de octubre de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/10/26/los-bancos-se-resisten
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