1. Las dificultades con las que se inició el periodo democrático, en
donde se favoreció la gobernabilidad en detrimento de la calidad
democrática ha hecho que carezcamos de mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas adecuados para evitar y luchar contra la
corrupción. Los partidos políticos se han transformado en sitios
cerrados, opacos y que han creado un organigrama con entidades satélites
que ha favorecido la corrupción. No podemos entrar en el juego del tu
más, porque esto conduce a un debate absurdo, teniendo en cuenta lo que
muestra el mapa político de la corrupción en España.
2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de
cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios
personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de
la segunda plantilla de personal más pequeña por cada mil habitantes en
la zona euro que se dedica a inspección fiscal. Sólo Italia está peor
que nosotros. La adscripción de personal especializado resulta tanto más
importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más
refinados para el delito. El mejor pacto contra la corrupción sería el
acuerdo de los partidos de poner a disposición de la Fiscalía
anticorrupción y de los juzgados que están conociendo de estos delitos
los medios personales y materiales que precisen para extirpar este
problema.
3. Las medidas de cambio legislativo se deben articular sobre la
transparencia y la responsabilidad. Medidas en contratación pública como
la publicación de las modificaciones de contratos de obra, de los
contratos menores serían muy eficaces. Y una auditoría de los contratos
de concesión de obra pública parece imprescindible: no es admisible que
se haya dilapidado dinero público bajo la apariencia de préstamos
participativos o de otros instrumentos de apoyo a la concesión que son
irrecuperables. Sería preciso que se extendiera la transparencia de los
políticos sobre sus bienes publicando el certificado de ingresos de la
hacienda pública, que incluyen también las dietas que se han percibido y
que no figuran en las declaraciones de impuesto por no tributar. ¿sería
la misma la consideración del Presidente del Gobierno si aparecieran
las dietas percibidas?. Y que en relación con los conflictos de
intereses manifestados en un control efectivo de su participación, de
todo tipo, en sociedades mercantiles. El caso Cañete ante el Parlamento
europeo muestra la poca seriedad con la que se hace en España, debido a
que la omisión carece de transcedencia. Casos recientes, como el de
Pujol o el propio de Bárcenas muestra, además, la importancia de la
familia.
4. De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que tanto
se ha oído en algunos ámbitos nos refuerza en la idea de que han de
reforzarse los mecanismos para la recuperación del dinero público
obtenido o defraudado por los corruptos.
5. La corrupción requiere dos sujetos, corrupto y corrompedor. La
batalla se centra en el corrupto pero debiera ser igual contra los que
corrompen. Y a ellos se añaden los cooperadores necesarios. El blanqueo
de capitales y las salidas de capital fuera de territorio español
requieren la colaboración de diversos agentes a los que habría que
examinar también. Y, desde luego, habrían que reforzarse los mecanismos
de colaboración internacional para la obtención de información. El
secreto bancario es, en esta línea, el tesoro mejor guardado de los
paraísos fiscales.
6. La crisis económica no ha hecho desaparecer la corrupción. Viendo
la última operación policial del caso Granados podemos decir que, como
la materia, ni aumenta ni disminuye, sólo se transforma. No hay
actividad urbanística -y por ello se ha reducido mucho la corrupción en
ese ámbito- pero se han incrementado los contratos de servicios como
consecuencia de las privatizaciones de servicios públicos. Y esto me
lleva a afirmar que los mecanismos de gestión directa de los servicios
por los entes públicos limitan esencialmente la corrupción.
7. Pese a que disponemos de un número de i nstituciones suficientes
para la lucha contra la corrupción, la realidad muestra que han sido
ineficaces. Son excepción los supuestos que han sido descubiertos por
los órganos que teóricamente debieran servir para ello: el Tribunal de
Cuentas (y su equivalente autonómico), la Intervención de la
Administración, la Fiscalía Anticorrupción o las unidades policiales
encargadas de luchar contra ella. Normalmente los descubrimientos han
sido consecuencia de denuncias de particulares.
8. La pluralidad de tipos de entidades del sector público ha hecho
que se diversifiquen las formas de control de ellas. No basta, en este
sentido, decir que están sometidos al Tribunal de cuentas, por ejemplo,
sino que hay que determinar si el tipo de procedimiento de control
contable que realizan es eficaz para cumplir la misión que tienen
encomendadas en relación con el sector público. Y aquí hay mucho por
hacer.
9. Los delitos fiscales son un elemento imprescindible en la lucha
contra la corrupción. La modificación del plazo de prescripción y el
endurecimiento de las sanciones se transforma en imprescindible para que
se pueda ser efectiva. pero también habría que mejorar la legislación
procesal, que tanto ha favorecido al infractor o la responsabilidad
civil. Y el comportamiento de los administradores de sociedades
corrompedoras.
10. Es imprescindible romper la relación entre responsabilidad
política y responsabilidad penal que debemos al caso de Juan Guerra.
Esta última tiene unas reglas propias, ajenas a la política, que impide
que se pueda establecer una relación entre ambas. ¿Podríamos decir, por
ejemplo, que una persona deja de ser políticamente un corrupto porque su
delito haya prescrito y, en consecuencia, no se le pueda condenar?
Evidentemente no, pero la falta de persecución penal por causa de
prescripción tiene algún ejemplo en el Gobierno que resulta
intolerable. O, por coger otro caso reciente ¿carece de transcendencia
política que alguien elija reiteradamente a personas envueltas en
corrupción?
Y la conclusión: la lucha contra la corrupción no es sólo un
problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo la
ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los problemas de
corrupción a pesar del coste económico y social así como de la pérdida
de la calidad democrática que supone. Los resultados electorales de
alcaldes procesados que son reelegidos resultan intolerables. Sin
cultura democrática contra la corrupción este problema no
tendrá solución. Y las próximas elecciones son en mayo del año que
viene.
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