La estrategia dual del régimen del presidente Santos. Conversaciones de paz en La Habana y asesinatos en Colombia. James Petras. Rebelión
| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo |
Las negociaciones de
paz que mantienen el régimen del presidente Santos y las FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) se
asientan sobre diversas mentiras y falsos postulados. La más flagrante
es suponer que Colombia es una democracia. La siguiente, que el régimen
de Santos quiere facilitar la actividad política y social no-violenta
con el fin de integrar a la insurgencia armada en el sistema político.
Hay pruebas suficientes para cuestionar ambas afirmaciones. En las
últimas dos décadas y media, han sido asesinados en Colombia casi 3.000
sindicalistas, tanto líderes como afiliados de base; más de 4,5 millones
de campesinos han sido despojados de sus tierras y obligados a
desplazarse por el ejército y los grupos paramilitares; y más de 9.000
presos políticos se pudren en las cárceles por participar en actividades
político-sindicales no-violentas. Además, han sido asesinados decenas
de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos.
La
mayoría de las víctimas son producto de la represión militar y policial
del régimen o de operativos de los escuadrones de la muerte,
paramilitares que actúan en connivencia con el ejército y con los
políticos favorables al gobierno. La escala y el alcance de la violencia
del régimen contra la oposición social descartan de pleno cualquier
presunción de que Colombia sea una democracia. Las elecciones celebradas
bajo el terror generalizado, creado por grupos aliados con el Estado
que actúan con total impunidad, carecen de cualquier legitimidad. No
obstante, la reelección del presidente Santos y la convocatoria de
negociaciones de paz con las FARC para acabar con la guerra civil más
prolongada en Latinoamérica es, sin duda, un paso adelante que debemos
celebrar, imprescindible para poner fin al baño de sangre y crear las
bases para una transición a la democracia.
Aunque el gobierno
de Santos ha suavizado el régimen de terror generalizado, que, con el
apoyo de EE.UU., caracterizó a su predecesor, Álvaro Uribe, lo cierto es
que se siguen produciendo asesinatos políticos y que sus autores actúan
con impunidad.
Para llevar a buen término cualquier proceso de
paz, es necesario que los compromisos firmados por ambas partes se
implementen efectivamente. Otros acuerdos firmados anteriormente
terminaron en auténticas masacres de los guerrilleros desmovilizados y
convertidos en activistas de la sociedad civil y representantes
políticos electos. Las negociaciones de paz llevan dos años en marcha y
han logrado ya algunos acuerdos importantes en áreas vitales de mutuo
interés. En concreto, ambas partes han firmado tres de los cinco puntos
de la agenda: desarrollo rural, participación de la guerrilla en la vida
política y política sobre narcotráfico. En estos momentos se debate un
tema conflictivo: la “justicia de transición” para las víctimas del
conflicto. Casi todos los expertos y los grupos de derechos humanos
coinciden en que la mayoría de las víctimas son producto de la represión
militar y paramilitar. Sin embargo, el régimen de Santos y sus
partidarios en los medios de comunicación sostienen lo contrario y
culpan a las FARC.
¿Existe un “Proceso de Paz”?
El presidente Santos ha rechazado en tres ocasiones propuestas de alto
el fuego de las FARC, que siguieron adelante de forma unilateral. El
régimen ha decidido continuar la guerra en Colombia mientras negocia la
paz en La Habana. Los dos años transcurridos desde el inicio formal de
las negociaciones (en octubre de 2008) nos permiten tener una buena
perspectiva sobre la viabilidad de los acuerdos firmados en Cuba. Los
grupos colombianos e internacionales de derechos humanos y los
movimientos sociales proporcionan puntualmente informes sobre el alcance
y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y políticos
que continúan produciéndose en Colombia mientras se desarrollan las
negociaciones de paz. Si tenemos en cuenta los datos recopilados por
abogados y expertos de derechos humanos afiliados a la Marcha Patriótica
(una alianza de docenas de organizaciones vecinales, campesinas,
sindicales y de derechos humanos) entre abril de 2012 y enero de 2014,
es evidente que el terror impuesto por fuerzas del Estado y
paramilitares continúa reinando en paralelo a las negociaciones de paz.
Durante dicho periodo de veintiún meses, 29 activistas de la Marcha
Patriótica han sido asesinados y otros 3 fueron “desaparecidos” (y están
presumiblemente muertos). Muchos más han recibido amenazas. El origen
de clase de las víctimas muestra la vulnerabilidad de los acuerdos de
paz. 23 de los 29 miembros de la Marcha Patriótica asesinados eran
líderes campesinos y activistas que promovían la reforma agraria, las
devoluciones de tierra en virtud de la Ley de Víctimas y de Restitución
de Tierras (2011) o estaban comprometidos en otras actividades pacíficas
de la sociedad civil. Otras 4 víctimas eran activistas de movimientos
sociales que luchan por un programa de “paz con justicia social”; 2 eran
abogados de derechos humanos; otros 2 eran líderes comunitarios y 1 era
dirigente de un movimiento juvenil local.
Ninguno de los
agresores fue detenido. Los oficiales del ejército o de la policía que
habían sido previamente alertados de las amenazas de muerte no tomaron
ninguna medida de precaución. Tampoco se inició ninguna investigación,
ni siquiera cuando los familiares o los vecinos conocían pruebas
relevantes.
A la vista de la falta de voluntad del gobierno
para limitar la complicidad de militares, policías y escuadrones de la
muerte en el asesinato de activistas campesinos durante las
negociaciones de paz, ¿podemos confiar en que el régimen lleve a cabo el
acuerdo sobre “desarrollo rural”? ¿Tiene el gobierno capacidad para
garantizar la seguridad de las guerrillas cuando, una vez desarmadas,
entren en el juego político si más de cien activistas de derechos
humanos recibieron amenazas de muerte tan solo en el mes de septiembre
de 2014?
Según Amnistía Internacional, en el año 2013 fueron
asesinados en Colombia 73 defensores de los derechos humanos, entre
ellos líderes indígenas y afrocolombianos, y 27 miembros de sindicatos.
Las unidades militares fueron las ejecutoras de al menos 48 muertes.
Oficiales del ejército participaron en operaciones de “falsos
positivos”, asesinatos de civiles a los que se les acusaba falsamente de
“insurgentes armados”. Las ejecuciones extrajudiciales han continuado
durante la presidencia de Santos.
Otra mala señal es la
incapacidad de Santos para disolver los escuadrones de la muerte
paramilitares. Como consecuencia, el régimen no puede garantizar la
seguridad de quienes reclaman tierras. Los campesinos y agricultores
desposeídos que han intentado hacer valer sus derechos bajo la ley de
restitución de la tierra aprobada por el gobierno de Santos han recibido
amenazas de muerte o han sido asesinados por los paramilitares. Es
decir, la aprobación de la ley no ha tenido prácticamente ningún impacto
y los campesinos no han podido volver a sus tierras por las represalia
de los terratenientes.
De hecho, el número de campesinos
desplazados ha aumentado: según la ONU, 55.157 colombianos, la mayoría
campesinos, tuvieron que abandonar sus hogares entre enero y octubre de
2013 a causa de la guerra entre bandas de narcos y paramilitares.
La guerra del presidente Santos contra la sociedad civil
La permanente inseguridad presente en las zonas rurales, los
asesinatos, las desapariciones y el encarcelamiento de activistas
sociales que acompañan a las negociaciones de paz ponen en cuestión los
“acuerdos” alcanzados hasta ahora entre las FARC y el régimen. Los
partidarios de este arguyen que el número de asesinatos cometidos por el
Estado ha descendido en los últimos tres años. Sus adversarios
contraargumentan que una reducción relativamente pequeña del número de
asesinatos tiene el mismo efecto a la hora de generar miedo, limitar la
participación ciudadana y la transición a un sistema político
democrático.
Los buenos resultados de un proceso de paz se
basan en la hipótesis de que los acuerdos producirán garantías
constitucionales de una participación ciudadana libre y democrática. Sin
embargo, el régimen no ha demostrado, a lo largo de los dos años que
lleva en marcha el proceso, un compromiso claro y consecuente con los
derechos elementales. Si esto es así durante las negociaciones con la
insurgencia popular, todavía activa y armada, ¿cómo resultará ser una
vez que el ejército, la policía y los paramilitares tengan las manos
libres para tomar represalias, intimidar y matar a disidentes políticos
desarmados que intentan competir en elecciones locales o nacionales?
Por lo que parece, el régimen de Santos ha adoptado una estrategia
dual, combinando la represión violenta de los movimientos sociales en
Colombia con un lenguaje de paz, justicia y reconciliación en la mesa de
negociaciones en La Habana. El gobierno puede prometer muchos cambios
democráticos, pero su práctica durante los dos últimos años sugiere un
régimen autoritario y por encima de la ley que se conforma con mantener
el statu quo.
El régimen tiene tres objetivos estratégicos:
desarmar a la insurgencia popular, recuperar el territorio controlado
por la guerrilla y debilitar y minar los movimientos sociales populares y
los grupos de derechos humanos que probablemente establecerían alianzas
políticas con los insurgentes en el caso de que estos entraran a formar
parte del sistema político.
Resulta improbable que las FARC
entreguen sus armas en medio de un clima político en el que los asesinos
paramilitares operan con total impunidad, los oficiales del ejército
participan en operaciones de “falsos positivos” y los proyectos de
desarrollo rural resultan inoperativos por las tácticas terroristas de
los terratenientes.
A menos que los acuerdos de paz se vean
acompañados de cambios profundos en el ejército, a menos que las fuerzas
paramilitares sean efectivamente desmovilizadas, a menos que el
gobierno reconozca la legitimidad de las demandas de los movimientos
sociales y grupos de derechos humanos a favor de una asamblea
constituyente libremente elegida, el proceso de paz acabará en fracaso.
Conclusión: Cuatro hipótesis sobre la estrategia de guerra y paz de Santos
Diversas hipótesis pueden explicar por qué el régimen de Santos negocia
un acuerdo de paz a la vez que viola de forma masiva y cotidiana los
derechos humanos.
1ª Hipótesis
El régimen está
dividido, con un sector a favor de la paz y otro opuesto a ella. Esta
hipótesis carece de una base creíble, pues no hay signos de conflictos
internos y el régimen actúa bajo un mando unificado. Aunque parte de la
violencia del Estado provenga de algunos oficiales del ejército que la
ejerzan de forma autónoma, en ningún momento se ha producido una
reprimenda de los altos mandos a los trasgresores locales.
2ª Hipótesis
El régimen mantiene activamente la violencia contra los movimientos
sociales para reforzar su posición en la mesa de negociaciones, buscando
conseguir un acuerdo más favorable; es decir, hacer las mínimas
concesiones sociales para poder aplacar a los oligarcas críticos con
cualquier negociación. Esta hipótesis explicaría la “estrategia dual”
que defiende el gobierno en relación con las FARC, hablando de paz en La
Habana y rechazando un alto el fuego en Colombia, continuando la guerra
mientras negocia la paz. Pero también desacredita la afirmación del
régimen de que Santos pretende incorporar la guerrilla al sistema
político.
3ª Hipótesis
El régimen mantiene un
acuerdo tácito con el antiguo presidente Álvaro Uribe, acusado de estar
detrás de los escuadrones de la muerte. En ese caso, el aparato militar
del gobierno mantendría lazos con los grupos paramilitares y trabajaría
conjuntamente con terratenientes, narcotraficantes y empresarios. No
cabe duda de que Santos mantiene lazos duraderos con Uribe (fue uno de
sus ministros de defensa). Además, desde que le derrotara por un escaso
margen en la batalla por la presidencia, Santos ha buscado un
acercamiento político a los seguidores de Uribe en el Congreso y en el
mundo empresarial. Por otro lado, Santos reconoce que su estrategia
económica, especialmente su interés en promover el comercio con otros
países de la región (sobre todo con su vecino Venezuela), y su fuerte
apuesta por la explotación del sector energético y minero dependen de
que se logre un acuerdo de paz con las FARC, las cuales controlan
regiones de gran riqueza mineral. De ahí que Santos firme “acuerdos de
papel” con las FARC mientras aplica una política de mano dura a los
movimientos sociales.
4ª Hipótesis
El
importante incremento de los movimientos sociales de masas, incluyendo
la Marcha Patriótica, que exigen la puesta en marcha efectiva de la
reforma agraria que permita el “desarrollo rural” y la restitución de
tierras a 3,5 millones de familias campesinas, y el creciente papel que
desempeñan los grupos de derechos humanos en la supervisión de las
violaciones que continúan produciéndose suponen que el régimen de Santos
no podrá asegurar la paz simplemente por firmar unos acuerdos con las
FARC en La Habana. Si el objetivo de Santos en las negociaciones es
conseguir desarmar a la guerrilla e incorporarla al sistema electoral,
sin abordar profundas reformas estructurales socioeconómicas, necesita
debilitar a los movimientos populares de la sociedad civil.
Esta es la hipótesis más verosímil. El presidente Santos es capaz de
prometer a las FARC todo tipo de “reformas democráticas” y está deseoso
de rubricar cualquier acuerdo contra el narcotráfico y, si me apuran,
hasta el “desarrollo agrario”. Pero lo que no está dispuesto a aceptar
es a una masa de campesinos organizados en movimientos y luchando
activamente por el cambio de tenencia de la tierra y la recuperación de
sus granjas y reclamando millones de hectáreas cedidas a grandes
consorcios mineros extranjeros.
Santos no “desmovilizará” a los
grupos paramilitares porque son instrumentos de los grandes
terratenientes y protegen las cesiones del Estado a las grandes
compañías mineras. Pero intentará restringir las víctimas escogidas por
los escuadrones de la muerte a activistas y organizaciones específicos
en las regiones conflictivas.
Ni siquiera ha puesto coto a los
ataques transfronterizos de grupos paramilitares colombianos, que
recientemente asesinaron a un líder del Congreso venezolano. Ha ampliado
los vínculos militares con Estados Unidos buscando acuerdos de
colaboración con la OTAN y ofreciendo unidades de combate para las
guerras de Oriente Próximo.
Lo que resulta del todo claro es
que el régimen no ha cumplido las mínimas condiciones necesarias para
implementar cualquiera de los cinco puntos de la agenda de reformas
planteada en La Habana. Impunidad militar, escuadrones de la muerte,
amenazas de muerte cotidianas a los activistas de derechos humanos, más
de 9.000 prisioneros políticos y docenas de asesinatos a líderes
campesinos sin resolver no son compatibles con la transición hacia una
paz democrática. Todos esos desmanes corresponden más bien con la
continuidad de un régimen oligarca autoritario. Para conseguir una
transición democrática y un acuerdo de paz es preciso que se produzca un
cambio fundamental en la cultura política y las instituciones políticas
del Estado colombiano.
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