Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a la información de los detenidos
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La Comisión Europea
abre un expediente a España por superar el plazo para trasponer una
Directiva Europea que garantiza la información en procesos judiciales.
La información pertenece a una respuesta de la institución europea a la eurodiputada de Izquierda Plural Marina Albiol. Albiol envió una carta a la comisaria
de Justicia de la Unión Europea en la que se refería al juicio a
‘Alfon’, “que fue encarcelado sin juicio y sin que hubiera informe
policial”.
eldiario.es⎮21/01/2015
Bruselas expedienta a España por vulnerar el derecho a la información en causas penales
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por excederse en el plazo que dio Bruselas para implantar la Directiva
2012/13/UE, sobre el derecho a la información de los encausados en
procesos penales. La norma forma parte de tres directiva
s europeas que tienen por objetivo “garantizar el derecho a un juicio
justo”, recuerda la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera
Jourová, a una pregunta emitida por la eurodiputada de Izquierda Plural
Marina Albiol.
La
comisaria Vera Jourová da cuenta del procedimiento abierto por la
Comisión Europea contra España, comunicado por escrito, en el que se
exige al país una respuesta por no habler aplicado la directiva
en los tiempos establecidos por la ley, que fijaba como límite el 2 de
junio de 2014. “España ha comunicado a la Comisión que se está llevando a
cabo la reforma legislativa, pero aún no ha finalizado”, apunta
Jourová.
La
eurodiputada de IU Marina Albiol había preguntado expresamente a la
comisaria si la institución iba a tomar alguna medida contra España por
no respetar los plazos de aplicación de la norma.
Si el procedimiento, “en curso”, no concluye con una “solución
satisfactoria”, la comisaria apunta que el caso podrá llevarse ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que tiene competencia para
determinar si un Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones
que le incumben en virtud de los Tratados”.
La directiva exige, entre
otras cuestiones, que los detenidos reciban información en todo momento
de los delitos que se les imputan, además de sus derechos procesales,
como el derecho a tener un abogado, a recibir asistencia letrada
gratuita y a permanecer en silencio.
La norma exige a los Estados
miembros que garanticen “que la persona acusada o sospechosa o su
abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales
en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha
persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la
defensa”, salvo en aquellos casos en los que sea necesario evitarlo para
defender un “interés público importante”. En estas excepciones, debe
ser la justicia la que adopta la decisión.
Crítica a una criminalización de las protestas
La
pregunta parlamentaria de Albiol va acompañada de una carta para
solicitar una reunión con Vera Jourová en la que la eurodiputada critica
“un aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta
social”, que en su opinión cumplen con el “único objetivo” de “la merma
de la legitimidad de las luchas para mejorar las condiciondes de vida de
la población”.
El esrito recuerda varios casos, entre los que destaca el caso de Alfonso Fernández (‘Alfon’),
—condenado a cuatro años de cárcel— “que fue encarcelado sin juicio y
sin que hubiera un informe policial durante los 56 días en régimen de
FIES, a pesar de que inicialmente no se declaró riesgo de fuga”. Sobre
el proceso judicial de ‘Alfon’, la carta denuncia “la irregularidad de
que las pruebas aportadas estuvieron todo el tiempo bajo custodia de la
brigada que le detuvo, por lo que existe una fuerte sospecha de
manipulación” y remite a la valoración de varias asociaciones de
abogados que consideran que en su caso se ha incumplido la mencionada
Directiva 2012/13/UE.
Albiol
también informa de los casos de Katiana Vicens, secretaria general del
sindicato Comisiones Obreras en las Islas Baleares, condenada por
participar en un piquete informativo durante otra huelga y a los ocho trabajadores de Airbus en Getafe, “que se enfrentan en total a 64 años de cárcel por, igualmente, ejercitar su derecho a huelga”.
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