Hoy se cumplen 38 años de la matanza de abogados en Atocha
La llamada "matanza de Atocha" de 1977 fue un atentado
terrorista cometido por elementos de ultraderecha vinculados a las
Fuerzas de Seguridad del Estado en el centro de Madrid la noche del 24
de enero de 1977, enn el que murieron asesinados cinco abogados.
Un comando ultraderechista irrumpió en un despacho de abogados
laboralistas de Comisiones Obreras (CC OO), algunos de ellos también
militantes del Partido Comunista de España (PCE). El despacho estaba
situado en el número 55 de la calle Atocha. Los terroristas dispararon
indiscriminadamente contra los allí presentes, matando a cinco personas y
dejando heridas a otras cuatro. El Tribunal que dictó sentencia el 4 de
marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo
(secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y
vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y
Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "grupo activista e ideológico,
defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria,
disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en
España". El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a
un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a
un total de 73 años.
El periódico italiano Il Messaggero indicó en marzo
de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la
matanza, tesis que fue respaldada en 1990, cuando un informe oficial
italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a
la organización Gladio (una red clandestina anticomunista dirigida por
la CIA), había participado en la matanza. Cicuttini había escapado a
España donde adquirió la nacionalidad española, después del atentado de
Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra.
En la actualidad hasta en 23 pueblos de la Comunidad de Madrid,
existen calles y plazas, recordando a las víctimas de Atocha del número
55.
Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista
Joaquín Navarro, Secretario General del Sindicato de Transportes de CCOO
en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida,
desarticularon a la que llamaban mafia franquista del transporte.
Al no encontrarlo, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a
los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego, después de
llamar al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45 horas. Con ellos iba
una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y
registrar los despachos. En la misma noche, personas desconocidas
asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío.
Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados
laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides
Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, el estudiante de
derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal.
Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil,Alejandro Ruiz-Huerta
Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada
con Sauquillo.
El PCE seguía siendo ilegal. El secretario general del partido
comunista, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero
de 1976 clandestinamente. Sin embargo hizo acto de presencia sin mayores
problemas, pues ya había pactado con Suárez y el rey la liquidación de
los postulados comunistas a cambio de la legalización del PCE.
En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas
relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma
Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta
distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del
primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a
desestabilizar aún más el país.
Al entierro asistieron más de cien mil personas, la primera
manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del
dictador Franco, y transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes
huelgas y muestras de solidaridad en todo el Estado español, además de
un paro nacional de trabajadores el día posterior al atentado. En abril,
tres meses después, la legalización se oficializa durante el día
conocido como Sábado Santo Rojo, por ser durante el sábado de
la Semana Santa, festividad católica, para así aprovechar y mitigar
parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el
gobierno de Adolfo Suárez ya había comenzado a legalizar otros partidos
como el PSOE o el PNV.
La matanza de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de
los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en
peligro un cambio político y social en el país, con atentados de
ETA (responsable de 28 muertos en 1977), los GRAPO (en el mismo mes
responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía nacional) u
otras organizaciones como el Movimiento Para la Autonomía e
Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan
las primeras elecciones generales posteriores a la muerte de Franco en
un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político.
Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos,
no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el
gobierno era una prioridad capturarlos por motivos de imagen.
En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte- como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas,
novia de Cerrá, como cómplice. Durante el juicio se llamó a declarar a
conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano
Sánchez Covisa.
No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una
mayor responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia
Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar
más allá de los encausados comentados. La fuga de Lerdo de Tejada, que
continúa en paradero desconocido a pesar que su delito prescribió en
1997, antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario por
Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó
a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad.
Además, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979.
La mayoría de los criminales estaban próximos a Falange Española.
La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años
de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores
materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a
Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); 4 años a
Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a
Gloria Herguedas Herrando, a un año. García Juliá se fugó también 14
años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía
pendientes más de 3.800 días o unos 10 años de prisión. Sería
detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí
permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales
españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel,
algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime
Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: "Faltan
las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las
investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo
apuntaban. Con esto no quiero decir nada".
Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio
Andreotti en octubre de 1990 acerca de la red Gladio, una organización
secreta anticomunista durante la guerra fría, un reporte
del CESIS italiano informaba de que Carlo Cicuttini había participado a
la matanza de Atocha.
El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz
de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y el
estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que
administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se
reconoce en la Justicia de España a quienes han destacado a lo largo de
su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.
En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos, uno de los
abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de
Atocha le rindieron un homenaje que se celebró en el Ateneo de
Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró la frase de
Paul Eluard: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos". Miguel Sarabia murió en Madrid el 20 de enero de 2007 tras una larga enfermedad.
Fuente: Wikipedia/inSurGente
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