Asociaciones víctimas del franquismo expresan su satisfacción con el amparo de la ONU a sus demandas de justicia y reparación
Escrito por
Kaos. Memoria histórica
Las víctimas aducen que la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977
es principal argumento esgrimido por las autoridades para impedir las
investigaciones y que a este respecto el Relator Especial "destaca que
no habría impedimentos en el sistema judicial español para revisar o
anular las disposiciones de la Ley 46/1977 que fueran incompatibles con
las obligaciones internacionales del Estado".
Agencias
La Coordinadora Estatal de apoyo a la querella que se tramita en
Argentina por la desaparición de las víctimas del franquismo ha mostrado
este viernes su satisfacción por dos recientes informes de la ONU - el
del Relator sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición y el del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas- porque
en ambos se sostienen sus tesis sobre la inexistencia de justicia para
este colectivo.
Respecto del primero de los informes, señalan que ratifica
posturas defendidas por este colectivo como la de que "no se estableció
nunca una política de Estado para la promoción de la verdad".
El informe también destaca que no existen censos oficiales del
número total de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura, ni
se reconoce la importancia de temas como los trabajos forzosos de
presos; muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de la
guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres,
así como "las responsabilidades de las empresas privadas por su
participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los
derechos humanos."
Las víctimas aducen que la aplicación de la Ley de Amnistía de
1977 es principal argumento esgrimido por las autoridades para impedir
las investigaciones y que a este respecto el Relator Especial "destaca
que no habría impedimentos en el sistema judicial español para revisar o
anular las disposiciones de la Ley 46/1977 que fueran incompatibles con
las obligaciones internacionales del Estado".
Según este colectivo las recomendaciones hechas por el Relator
Pablo Greiff, así como las observaciones realizadas, son coincidentes en
buena parte con las expresadas por el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Informe, publicado a
finales de julio y elaborado con los datos recogidos en la visita al
Estado español por la señora Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky del 23 al
30 de septiembre de 2013.
Este segundo informe sostiene la necesidad de crear una "entidad
estatal con pleno apoyo institucional, particularmente dotada de
suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, encargada de todas
las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas", con la
incorporación de un banco nacional de ADN así como la aplicación eficaz
de la Ley de Memoria Histórica, destacan las víctimas.
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Humanos destaca los "vacíos" institucionales en materia de verdad y
justicia
Pablo de Greiff critica en su informe la 'privatización' de las
exhumaciones, la falta de información oficial y la Ley de Amnistía
Recomienda que el Valle de los Caídos deje de ser un sitio de
"exaltación del franquismo" y recuerda al Gobierno que debe juzgar o
extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina
Natalia Chientaroli
Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff, relator especial de la ONU,
para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión
principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
La sentencia es contundente: "No se estableció nunca una
política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial,
ni mecanismos de escalrecimiento de la verdad. El modelo vigente de " privatización" de las exhumaciones,
que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta
la indiferencia de las insituciones estatales...". Además, De Greiff
critica duramente las " interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía" que "no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación".
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al
3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas
asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria
histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel
García-Margallo.
De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De
Greiff destaca que el enfoque 'oficial' es maximalista. "Varios
representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: 'O
todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única
alternativa es el resurgir de odios subyacentes,
lo cual implicaría un riesgo demasiado alto", explica el relator. Su
opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y
estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que "los
vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil
continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían
ser"."Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho
más en favor de los derechos de tantas víctimas", concluye el
especialista de la ONU.
1. Remoción de símbolos franquistas
De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica
de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten
el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de
ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información
de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e
insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.
2. Valle de los Caídos
"El sitio constituye en sí mismo la exaltación del
franquismo", observa el relator, que critica la falta de información.
"Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de
presos políticos bajo condiciones inhumanas" o sobre "los cuerpos de
las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas", afirma. "Nada explica
quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el
centro de la Basílica", ni por qué Franco "fue inhumado allí sin ser
víctima de la Guerra Civil". De Greiff recomienda "resignificar" el
lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de
Francisco Franco. "Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de
la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del
monumento la tumba con flores del dictador".
3. Educación deficiente
El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y
2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en
los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen
referencias globales, "manteniendo la idea de una responsabilidad
simétrica". De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido
educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos
Españas" y en la que se reforzaba la política del " borrón y cuenta nueva" en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.
4. Policías, militares y jueces poco formados
La ONU considera que los miembros de la Policía, la
Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación
sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos
en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no
reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la
obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como
el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.
5. Falta de información
"No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o
estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra
Civil y la dictadura", enumera el informe. Además, destaca temas
"subexplorados" como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en
bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad
de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator
considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este
problema, e insta al Gobierno a establecer una institución
"independiente pero oficial" de búsqueda exhaustiva de información, como
la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.
6. Acceso restringido a los documentos
Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la
práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que
muchos de ellos permanecen clasificados "invocando riesgos a la
seguridad nacional" y "sin criterios claros". De Greiff lamenta que la
ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los
vacíos legales que generan este problema.
7. Exhumaciones 'privatizadas'
El relator expresa su "preocupación porque el Estado no
haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los
restos" y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y
asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó "la legitimidad de
este reclamo", sino que en general despachó el tema refiriéndose al
mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. "Desde 2011
–puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria,
incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado". Asegura que el
desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen
autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que
encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de
personas.
8. El obstáculo de la Ley de Amnistía
Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de
Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de
justicia, ya que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera
conozcan los hechos". Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma
no impide la apertura de causas, sino que son las "interpretaciones
restrictivas" –tanto de esta ley como de los principios de no
retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma
más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la
investigación de los delitos.
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales
que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura
que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una
investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad
alguna que se pueda suspender o extinguir".
9. Jurisdicción universal
Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la
aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de
las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar
argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve "con
precupación" las reformas de 2009 y 2014 que "limitan
significativamente" que los juzgados españoles puedan investigar
crímenes internacionales graves, y asegura que "sigue atentamente" los
procesos en marcha "como la resistencia de algunos jueces de cerrar las
causas" invoando estándares internacionales.
Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene
la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la
que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la
dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de
seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: " sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".
10. Víctimas 'de segunda'
"Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se
siguen sintiendo como 'víctimas de segunda categoría", describe el
informe. Un sentimiento alimentado, analiza "por medidas más ambiciosas
en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del
terrorismo". El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los
debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima
como oportunidad para incluir "todas las categorías de víctimas".
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