Siete claves de la reforma para la elección de alcaldes que prepara el PP. Daniel Ayllón. La Marea
Desde que el PP anunció su intención de modificar la Ley de Reforma Electoral Municipal con el objetivo de que el alcalde salga siempre del partido más votado, el Gobierno ha filtrado a los medios varias fórmulas. Si al principio planteaba que sólo fuese necesario sacar un voto más que la segunda fuerza, el rechazo de gran parte de la oposición y la ciudadanía ha hecho al Ejecutivo replantear su modelo.
En febrero de 2013, Rajoy aseguró que una reforma de la Ley Electoral, “a diferencia del IRPF”, no se podía modificar sin consenso.
Pero incluso el PSOE, socio del PP en la reforma del artículo 135 de la
Constitución sin consultar a la ciudadanía, le ha dado la espalda en la
iniciativa municipal. “El PP sólo busca la elección directa del PP”, ha
afirmado el líder del PSOE, Pedro Sánchez. IU, PNV y UPyD tampoco están
por la labor.
Las últimas fórmulas planteadas por el PP consisten en que sea necesario tener al menos un 40% de los votos para poder aplicar la fórmula de elección directa de alcalde, o que se decida en una segunda vuelta.
Sin embargo, las fuerzas progresistas han puesto el grito en el cielo
por los recortes que supondría para el juego democrático y tildan la
supuesta reforma de “pucherazo”. Éstas son algunas de las claves:
1. El poder para una minoría.
En las últimas elecciones municipales (año 2011), el PP arrasó en 3.317
municipios con mayoría absoluta y en 508, con mayoría relativa. En
suma, representan cerca de la mitad de los representantes de las 8.116
entidades locales y le otorgaron la mayor concentración de poder municipal de la historia de España.
Fue apenas una semana después de la acampada del 15-M en la Puerta del
Sol de Madrid y, desde entonces, la intención de voto para el PP –al
igual que la del PSOE– ha caído en picado.
Dentro de la sangría de
votos, es una incógnita predecir el futuro reparto potencial de los
ayuntamientos. En primer lugar, porque la fuerza política que ha
irrumpido con más fuerza en las encuestas del CIS, Podemos, no
presentará candidatura propia en la mayoría de municipios y todavía no
ha anunciado si formará parte de plataformas más amplias, lo que
desdibujaría el mapa electoral.
Si el Gobierno llevara a cabo después de verano la reforma que amaga, supondría la ruptura de las reglas de juego
que han imperado desde 1979. Así, el abanico de formaciones de
izquierdas tendría que recurrir a grandes candidaturas unitarias para
optar al gobierno de ayuntamientos. Si, como ocurre en otros países
europeos, la derecha española estuviese fragmentada en formaciones
democristianas, liberales y de extrema derecha, los conservadores
tendrían serias dificultades para alzarse con las alcaldías tras la
reforma.
2. A pocos meses de las elecciones. La celeridad
con la que el PP quiere modificar la ley electoral tras el batacazo
electoral que recibió en las elecciones europeas “evidencia el
nerviosismo que tienen”, según el portavoz de Izquierda Plural en el
Congreso, José Luis Centella. “El Gobierno intenta truncar la ley unos
meses antes de la elecciones porque todas las encuestas le dicen que va a
perder”, añade.
3. Municipios y recortes. El histórico
poder municipal del que goza en la actualidad ha sido uno de los pilares
que ha sustentado la política de recortes del PP en los últimos tres
años. La privatización de servicios públicos como la recogida de basuras
o el suministro de agua han sido algunos de los más polémicos. Perder
el poder local supondría un revés a la proyección de estas políticas.
El
Fondo Monetario Internacional advirtió en 2013 que el problema de
reformas estructurales de España se enfrentaba a dos grandes riesgos:
las posibles revueltas generadas por la frustración ciudadana y, sobre
todo, la caída del bipartidismo.
4. Refuerzo al voto útil.
Reducir las posibilidades de las fuerzas minoritarias a participar en la
política municipal refuerza la idea de que, para influir en política, sólo vale ganar.
Con la reforma, “pasaríamos de plenos municipales que representan a la
ciudadanía a otros donde no podrá haber juego democrático: el alcalde lo
elegirá una minoría y hará lo que quiera”, critica Centella.
No
obstante, la reforma podría convertirse en un arma de doble filo si
cuajan plataformas unitarias progresistas como Guanyem (Barcelona) o
Ganemos (Madrid) y éstas logran dan el sorpasso.
5. Menor control democrático.
Además de la dificultad que tendrían las formaciones minoritarias para
conseguir alcaldes propios (se pueden lograr a posteriori con acuerdos
con otras fuerzas), la reforma del PP tiene otras consecuencias. Entre
ellas, la falta de control y fiscalización de la actividad política. En
España, el sistema diseñado en la Transición para dar estabilidad
a las todavía endebles instituciones las blindó reduciendo las
posibilidades de plantear mociones de censura, revocatorios… Para las
primeras, además de la moción, hace falta presentar una alternativa de
Gobierno. Y no sólo eso, sino que la nueva propuesta tiene que recibir
el respaldo de una mayoría absoluta, un requisito no exigido en otros
países.
6. Sin revocatorios a cargos públicos. Además, la
reforma del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de
la actividad de los cargos públicos. A día de hoy, el partido que gana
las elecciones tiene un cheque en blanco durante cuatro años, ya que no
existe la posibilidad de plantear un revocatorio para expulsar a un cargo público cuando no cumpla con lo prometido en su programa electoral o realice malas prácticas.
“El
PP va en contra de lo que pide la sociedad desde el 15-M, algo más
democrático y justo. Ahora, alguien con un 40% va a poder gobernar sobre
los demás”, apunta Centella, que reivindica “una democracia real, no
una democracia trucada”. Según el portavoz, “lo que quiere el PP y
probablemente el PSOE es que el sistema funcione con los menores riesgos
posibles”.
7. Sin apoyo de otros partidos. Tanto IU como
UPyD reivindican desde hace años una reforma de la Ley Electoral que
haga de ésta un mecanismo más representativo, en el que el número de
votos tenga un reflejo en el parlamento y no se potencie a las fuerzas
mayoritarias y a las territoriales, como ocurre en la actualidad.
Para la portavoz de UPyD, Rosa Díez, la propuesta de elección directa es “un golpe de mano democrático, un atentado a la pluralidad y a las reglas del juego”.
Su formación, no obstante, flirtea con la posibilidad que plantea el PP
de la elección directa, si el alcalde es elegido en segunda vuelta de
las elecciones.
Díez, en una entrevista en RNE, recordó este
miércoles que el PP y el PSOE siempre se han negado a reformar la ley
electoral para que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo con la
excusa de la necesidad de consenso. Pero, ahora, el PP está dispuesto a
cambiarla en solitario.
Una reforma de este tipo, sin acuerdo en el Congreso, estaría “incluso por encima de la reforma del artículo 135 porque sitúa a los alcaldes en la ilegitimidad”, añade el portavoz de Izquierda Plural.
Ante
el aluvión de críticas, el vicesecretario de política autonómica y
local del PP, Javier Arenas, tuvo que salir al paso ayer y asegurar que
habrá un diálogo parlamentario entre todas las fuerzas políticas sobre
la posible reforma.
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