Derrotar a la banca ahora: cuatro líneas para una ofensiva social
Rafael Mayoral
Abogado, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
“Todo parece imposible hasta que se hace”
Nelson Mandela
Nelson Mandela
Desde el estallido de la crisis hipotecaria y más en concreto desde
la implementación de las ejecuciones hipotecarias masivas en España allá
por el último trimestre de 2008, se ha desarrollado un duro conflicto
entre los sectores populares que no podían hacer frente a sus préstamos
hipotecarios y las entidades financieras respaldadas por los sucesivos
gobiernos, por el aparato judicial y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado.
Este movimiento que tuvo su origen en las ejecuciones hipotecarias
masivas ha conseguido extenderse al ámbito de la lucha general por el
derecho a la vivienda, teniendo especial relevancia en la defensa de la
vivienda social y en contra de la privatización del reducido parque
público existente.
El conflicto ha tenido 6 elementos que podríamos situar como centrales:
1. La imposibilidad de pago sobrevenida de los préstamos hipotecarios
se ha producido como consecuencia del paro forzoso masivo provocado por
el estallido de la crisis-estafa.
2. La burbuja inmobiliaria ha sido el telón de fondo y la
manifestación del aumento artificial del precio de un bien de primera
necesidad llamado vivienda, que por medio de las legislaciones impuestas
por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE fue puesto en la práctica bajo
el control del capital financiero.
3. La comercialización de productos financieros tóxicos ha supuesto
la distribución de productos altamente perjudiciales para los intereses
de los consumidores y del mercado. Muchos de esos productos tóxicos
tuvieron la forma de préstamos hipotecarios siguiendo los patrones de
hipoteca basura o subprime importados de USA por la entidades
financieras españolas. La imposición de contratos plagados de cláusulas
abusivas y la creación de mercados de titulización hipotecaria favoreció
la llegada de capitales buitre.
4. La crisis económica, que ha tenido un claro origen en la actuación
delictiva de las entidades financieras, en sus directivos y sus
cómplices políticos, los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.
5. Las multimillonarias ayudas a las entidades financieras y la
nacionalización de las pérdidas unidas a los recortes sociales han
supuesto un saqueo a los sectores populares de dimensiones colosales.
6. En ese contexto se han realizado centenares de miles de
ejecuciones hipotecarias y desahucios, procedimientos sin garantías,
condenas a deudas perpetuas y desalojos forzosos sin alternativa
habitacional como los exponentes de una violación sistemática de
Derechos Humanos.
Durante los últimos años, la gente afectada por las ejecuciones
hipotecarias masivas se ha ido organizando en torno a las Plataformas de
Afectad@s por la Hipoteca y otros colectivos sociales, impulsando un
amplio proceso de autoorganización, apoyo mutuo y resistencia que ha
tenido como consecuencia la paralización de más de 1.200 desalojos
forzosos en el marco de la campaña STOP DESAHUCIOS, la recuperación de
centenares de viviendas en el marco de la OBRA SOCIAL y las Corralas donde
se albergan más 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres
sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y
contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los
responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la
impunidad financiera por medio de la campaña de Juicio y Castigo.
Durante los primeros años de lucha los contenidos de la ILP se
convirtieron en reclamaciones de mínimos que en 2013 podían suponer un
primer paso en la resolución del conflicto por el derecho a la vivienda y
contra las deudas perpetuas.
Desde su origen el movimiento viene denunciando que nos encontramos
ante una violación sistemática de Derechos Humanos y que en ese marco
establecemos el conflicto con las entidades financieras, el poder
político y el poder judicial que los protege, contraponiendo la lucha
colectiva como la mejor fórmula de hacer valer el poder de la gente y la
autotutela de derechos.
El rechazo del contenido de mínimos de la ILP realizado por el
partido del gobierno y su ejercicio del rodillo en el trámite
parlamentario fue la pérdida de una ocasión para dar un empujón
decisivo en la resolución del conflicto social planteado y el inicio del
camino hacia el cese en la violación sistemática de Derechos Humanos
derivada de la tiranía de las entidades financieras.
A fecha de hoy el movimiento de la PAH, por el derecho a la vivienda,
contra las deudas perpetuas y contra la impunidad financiera ha
avanzado y se ha desarrollado de forma decisiva que cuenta con el
respaldo y el apoyo de la mayoría social.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a dar la
razón a la PAH y al conjunto del movimiento popular declarando ilegal
ya en 2013 el procedimiento de ejecución hipotecario español en la
Sentencia AZIZ contra Caixa Catalunya. Recientemente, en julio de 2014,
la Sentencia Sánchez Morcillo contra BBVA reiteraba la declaración de
ilegalidad del procedimiento y manifestando expresamente que viola los
Derechos Humanos, en concreto el artículo 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE. Resolución plenamente coincidente con el motivo
5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la comisión
jurídica de la PAH en julio de 2013 contra la Ley del PP 1/2013. El
Ministro de Economía, señor Guindos, ex-directivo de Lehman Brothers,
anunció una pequeña modificación técnica para adaptar la legislación
española a las sentencias del TJUE que sería hecha pública el 29 de
agosto. El 5 de septiembre el gobierno concreta el anuncio de una
modificación mínima, insuficiente, torticera y mezquina que mantiene
abierto el conflicto en toda su dimensión y echa más leña al fuego al
caos procesal existente en los juzgados.
El escenario actual sitúa a la mafia financiera, al poder político a
su servicio y a la casta judicial en una situación de extrema debilidad
frente a la presión de la PAH y del conjunto del movimiento popular. El
mantenimiento de la tiranía de los bancos sobre la inmensa mayoria de la
población ha requerido la violación flagrante y sistemática de la
legalidad española, europea e internacional.
El gobierno del PP desoyó el clamor popular de la ILP de la PAH, las
sentencias del TJUE, la doctrina del TEDH, las Observaciones Generales
del Comité DESC de la ONU, las recomendaciones de los sucesivos
Relatores de la ONU y la Convención de Derechos del Niño, e impulsó la
Ley 1/2013 para garantizar los intereses de sus amigos los banqueros.
La Ley del PP 1/2013 está fuera de la legalidad y supuso la
continuación de la violación sistemática de los Derechos Humanos
perpetrada por los Tribunales de Justicia.
El gobierno del PP con su Ley 1/2013 ha puesto en peligro al país por
violar de forma reiterada las resoluciones del TJUE para defender a sus
amigos, las entidades financieras españolas y los grandes inversores
internacionales, haciendo posible la apertura de un expediente
sancionador de la Comisión Europea contra España por incumplir la
legalidad de la UE y las sentencias del TJUE.
Ahora es el momento de poner un punto y aparte.
La situación actual nos brinda la oportunidad de lanzar una ofensiva
social unitaria y plural sostenida en el tiempo en torno a cuatro
líneas de reivindicación con posibilidades serias de ser alcanzadas a
corto plazo.
Estas reivindicaciones responden a una necesidad social, cuentan con
el apoyo de la mayoría y se podrían convertir en un revulsivo para el
impulso de un proceso de lucha amplio, participativo, plural, social y
político. En estos tiempos se habla mucho de la confluencia, la
convergencia y muchas cosas más. Aquí tenemos al alcance de la mano la
oportunidad de conseguir una victoria popular frente a la tiranía de los
bancos y su gobierno.
La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a ganar, si
estamos dispuestos a unificar la lucha para conseguir derechos
universales. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) nos
encontramos preparando nuestra asamblea estatal; sirva este artículo
como aportación al debate que hoy de desarrolla en las PAH de todo el
estado de cara afrontar el nuevo periodo. Por qué no abrir el debate
social acerca de la necesidad de una gran ofensiva social para acabar
con las violaciones de Derechos Humanos provocadas por desalojos
forzosos sin alternativa habitacional, por deudas odiosas y en la
práctica perpetuas derivadas una gran estafa social perpetrada por el
capital financiero con un bien de primera necesidad llamado vivienda y
por procedimientos judiciales ilegales.
A fecha de hoy quizás podemos encontrar acuerdo sobre 4 puntos donde
podamos apoyar la palanca social necesaria para ganar un puñado de
derechos universales para todos:
1. Derecho a la dación en pago con carácter
retroactivo. Eso significa acabar con las deudas perpetuas derivadas de
los préstamos hipotecarios. No es admisible que las personas puedan
quedar con deuda después de perder la propiedad de una vivienda que fue
tasada en un valor superior o igual al préstamo concedido. En ese
sentido deben articularse las medidas necesarias para declarar
ilegítimas las deudas generadas como consecuencia de procedimientos de
ejecución hipotecaria.
2. Derechos habitacionales para todas y todos de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Se trata de acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin
alternativa habitacional porque vulneran los compromisos internacionales
en materia de DDHH. Esto significa el renocimiento del derecho al
alquiler social en los casos de las ejecuciones hipotecarias una vez
adjudicado el inmueble, la obligación de los jueces en coordinación con
la administración competente en vivienda de garantizar la alternativa
habitacional estable en todos los casos en los que se vaya a realizar un
desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes,
atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad social y con el objetivo
de evitar la comisión de un delito de acaparamiento y del ejercicio
antisocial del derecho de propiedad. El reconocimiento de los derechos
habitacionales debe amparar todas las formas de tenencia de primera
vivienda frente a los desalojos forzosos. La legislación no puede
considerar delito el uso de una vivienda abandonada máxime cuando no
existe alternativa habitacional, cuando lo realmente punible es la
situación de acaparamiento. La implementación de políticas de vivienda
deben tomar un camino dimetralmente opuesto al trazado por las
administraciones públicas. No solo se debe impedir la privatización del
irrisorio parque de vivienda pública, como está sucediendo en Madrid y
en Cataluña, sino que, al contrario, debe trabajarse en el camino
opuesto. Eso significa una política de vivienda social basada en la
ampliación del parque público de vivienda impidiendo situaciones de
acaparamiento por parte de entidades financieras o inversores
internacionales. Significa en última instancia avanzar de forma
consciente hacia el reconocimiento del derecho al alquiler social
universal.
3. Procedimientos judiciales con todas las garantías.
Impulso de cambios en la legislación que garanticen los elementos
claves como el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial
efectiva, recurso efectivo, igualdad de armas, especial protección de la
parte débil y de la población vulnerable y prevención del delito de
acaparamiento, en los procedimientos donde se dirime el derecho a la
vivienda y los contratos entre corporaciones y consumidores.
4. Fin de la impunidad financiera, apertura de auditoría social, Juicio y Castigo. Constatando
que nos hemos enfrentado a una violación sistemática de Derechos
Humanos que ha tenido su origen en una gran estafa social perpetrada por
las entidades financieras y sus cómplices. Puesta en práctica de los
principios universales de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El planteamiento de estos cuatro puntos pretende proponer una
ofensiva social mediante la construcción de una agenda de lucha común de
todos los colectivos por el derecho a la vivienda, contra las deudas
ilegítimas, contra la impunidad financiera y en defensa de los Derechos
Humanos, desde el reconocimiento de la hermosa diversidad de quienes a
fecha de hoy soñamos y trabajamos por la dignidad humana y por un mundo
nuevo.
¡Sí se puede!
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