TPP confirma situación gravísima en materia comunicativa y mediática. Aram Aharonian
México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, el TPP realizó en ciudad de México la audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo
a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una
amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes, trabajadores de la
comunicación y periodistas. representantes del mundo académico, de
medios libres y radios comunitarias.
Los
elementos de la estrategia de los movimientos sociales, expresados en
las audiencias del TPP priorizan el respeto a los derechos humanos y la
igualdad de los derechos. En estas estrategias los jurados encontraron
formas diversas de acción política como las luchas y las resistencias
–bajo la consigna de "resistir es crear"-, el reclamo de políticas
públicas de igualdad, la búsqueda de una alternativa al pensamiento
hegemónico, prácticas concretas de emancipación. Allí hay nuevas
concepciones: el rechazo de las desigualdades y de las formas de
dominación, el respeto de la naturaleza, la gratuidad, los bienes
comunes y los servicios públicos, la democratización de los medios, la
protección contra la represión, el rechazo a la criminalización.
En su diagnóstico, el TPP señala que México juega un papel de
experimentación muy grave en la evolución mundial: se trata de una
estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de
poder. Las audiencias del tribunal permitieron identificar los elementos
que componen esta estrategia mundial de violación de los derechos de
libertad de expresión y de acceso a la comunicación.
Entre
ellos se suman el control de los medios de comunicación por el capital
financiero asociado al capital internacional; el monopolio de las
telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder
financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y
de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales
neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de
violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores
de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos
sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización
del terrorismo: la intimidación que ha llegado a más de un centenar de
asesinatos de comunicadores profesionales y populares.
El
Tribunal resaltó que la preeminencia de este modelo económico en México,
el semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que el
duopolio posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como en el
crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada
“información en medios masivos” en el conjunto del Producto Interno
Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el volumen
de negocio del conjunto de las industrias culturales en el país.
De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la
configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de
acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y
privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la
tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder
situados en las estructuras de producción de bienes y servicios
materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las
estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en
el campo de la comunicación mediática.
El Tribunal señaló que
el monopolio mediático sobre la producción y circulación de la
información no sólo descansa en una alianza explícita entre el poder
político y el poder económico, sino que convierte la actividad mediática
en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y
de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y
una racionalidad que difiere del discurso dominante. Esta pauta
mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de
verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la
existencia de un ecosistema mediático de índole netamente totalitaria.
El 92% de las señales televisivas están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca que
además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras,
portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía
satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, y se asocia a muchas
otras empresas de actividad financiera y bursátil.
El mediático, primer poder
Los testimonios recogidos por el Tribunal documentaron cómo el
ejercicio del poder político en México atiende el mandato que la
televisión mercantil impone a los tres poderes constitucionales
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que esta relación la complementan
tres factores denominados estructurales.
El primero, la
corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e
impartición de justicia: el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo
no son siquiera denunciados, y del magro porcentaje de denuncias (2%)
más de la mitad no recibe sentencia alguna. El segundo, una relación de
complicidad entre medios de comunicación y poder político que fue
sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de un sólo
Partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Arraigadas prácticas de
control sobre los medios mediante el uso discrecional de la publicidad
oficial, han significado para éstos formas de sometimiento y servilismo.
La ausencia de organizaciones gremiales de periodistas, fenómeno
complejo y difícil de comprender, apuntala que los comunicadores
reproduzcan en su tarea cotidiana ese mismo fenómeno.
En tercer
lugar, la precaria profesionalización y la limitada capacitación de los
comunicadores que vulnera su situación laboral. En promedio un
periodista gana en México entre 300 y 400 dólares al mes, o cobra por
nota 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades a veces tiene
hasta tres trabajos o redacta hasta diez notas por día. Los dueños de
los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son los
principales obstáculos para la capacitación de sus reporteros y la
mejora de las condiciones laborales.
Según el Consejo Nacional
para la Prevención de las Discriminaciones (Conapred) los medios masivos
contribuyen a reproducir y alientan todas las formas de discriminación
que en México se practican desde el período colonial con sus 300 años de
esclavitud: por el color de la piel, la estatura, el aspecto, las
edades (niños, jóvenes, ancianos), el sexo, las preferencias sexuales,
la procedencia regional, la lengua que se hable (sobre todo si es
indígena), la condición civil, las discapacidades físicas o mentales, la
pertenencia a ciertos grupos, las creencias religiosas, la vida
matrimonial y sus avatares, entre otras muchas cosas . Todas las formas
de discriminación son alentadas en la variedad no tan amplia de géneros
televisivos y radiofónicos.
Las acusaciones documentaron que el
virtual monopolio político ejercido durante más de 80 años por el
Partido Revolucionario Institucional, hoy nuevamente en el poder
presidencial, requirió para reproducirse del monopolio de los medios
radiofónicos, promovido y apoyado desde sus inicios por los presidentes
de la República, quienes entregaron frecuencias radioeléctricas al
margen de toda normatividad a unos cuantos de sus amigos y aliados.
No exageraba el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Milmo cuando dijo a
la revista “Proceso” que él y Televisa eran “soldados del Presidente y
del PRI”. Sin embargo, la relación se invirtió, según los testimonios
basados en estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana: de ser
Televisa y su dueño soldados del Presidente, a ser el Presidente soldado
de Televisa junto con los otros poderes constitucionales.
Más que ciudadanos, consumidores
Destacó el Tribunal que la evolución del sector mediático y de las
industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la
producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte
ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino
que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del
mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la
producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta
convertirse en espacio de valorización y de negocio.
La
transformación de los ciudadanos, en tanto que usuarios y productores de
la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y
consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en
la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos.
En
el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país,
el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera
alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual. Por
un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y
de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del
periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer
sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación
social de naturaleza comunitaria.
Y, por otro lado, una violencia simbólica
que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios
que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de
vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo
económico imperante y los regímenes de existencia que éste impone.
Tras escuchar y analizar la documentada denuncia de organizaciones y
movimientos sociales (campesinos, indígenas, de trabajadores, académicos
y juveniles) presentada en la audiencia, el Tribunal dejó en claro que
la problemática de la falta de acceso a la información -y de ejercer el
derecho humano a la información-, la concentración duopólica de los
medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta
muy gravemente los derechos individuales y colectivos de loa mexicanos.
La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno
(2000-2012), no han tocado esta concentración: los gobiernos, los
partidos políticos, los legisladores (por ende, las leyes) se han
subordinado a los intereses del duopolio Televisa-Televisión Azteca,
consolidado con los tratados de libre comercio.
Consideró que la
brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que
cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes
de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de
diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus
pueblos originarios, una nación referente por su sus luchas sociales,
que hoy criminaliza y elimina todo tipo de protesta ciudadana.
Señaló el Tribunal que México ha carecido y sigue careciendo de una
regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en
materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y
la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un
esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera
manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos
que luchan por sus derechos.
Afirmó que la violencia contra la
prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con
explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas
profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores
por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e
infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones;
vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a
usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y
toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el
temor y el terror entre los comunicadores. Recordó que por todo esto, la
Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a
México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el
continente.
En lo que va del siglo, según la Procuraduría
General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido
desaparecidos y hay un número no posible de identificar de desplazados
y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron
durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la
aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas
asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de
asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se
extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos
delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.
El Tribunal tomó en consideración que más de mitad de las denuncias
presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de
expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra
periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares,
policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la
delincuencia organizada, en n país donde la aprobación de mecanismos
institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada
de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los
agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En
los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a
periodistas, un promedio de una cada 28 horas.
Destacó,
asimismo, que a dos años de creada la Ley de Protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado
y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas -
físicas, sicológicas, legales y cibernéticas- que ponen en peligro la
integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a
manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y
ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra
los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de
expresión y el acceso a la información.
Tomó nota de lo
ocurrido en los últimos 20 meses, cuando 11 periodistas fueron
asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en
Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa,
Coahuila, Puebla y Chihuaha), y que en 21 de los 32 estados se ha
denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos,
detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante
la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la
violencia.
Entre 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180
casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos
cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido
el crimen de feminicidio.
La antirreforma y el fin de la privacidad
El Tribunal consideró que la reforma constitucional a la Ley de
Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos sectores
de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada
en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado,
nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo.
Constató que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves
violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión,
acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a
Internet, al obligar a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y
administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de
los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.
La reforma establece el derecho de “la autoridad” a desplegar la
vigilancia masiva del internet, los celulares, la fibra óptica, la
telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los
usuarios en tiempo real, dónde están, a dónde hablan, con quién se
comunican, qué se dicen y eventualmente bloquear por razones de
“seguridad nacional” la transmisión de señales en actos de carácter
masivo o de protesta social y censurar previamente contenidos de
internet. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a
prestar esos servicios de espionaje, localización y de fichaje: tienen
la obligación de resguardar los datos de los usuarios al menos por dos
años.
La reforma en telecomunicaciones, concebida en lo básico
como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la
radiodifusión y de la telefonía apabulló al conjunto de leves trazos que
dibujaban un posible fortalecimiento de los medios de sentido social. A
las radios comunitarias e indígenas se les impuso exigencias semejantes
y aún más estrictas que a las concesiones privadas, para obtener una
frecuencia en el 10% del espectro o para conservarla. El Tribunal
consideró ridícula la potencia de 20 watts que se les concede para
transmitir, mientras se les niega, discriminatoriamente, toda
posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitieran su
sostenimiento.
Para comprender el origen de la reforma en
telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable
considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión
juvenil de 2012: por primera vez en la historia aparecieron en las
calles multitudes ciudadanas reclamando la democratización de la
comunicación y el fin del control priísta de la sociedad. Los
testimonios juveniles en la audiencia desplegaron en detalle los
episodios que originaron y se sucedieron durante el creativo movimiento
que ocupó la atención nacional e internacional a lo largo de más de
nueve meses.
El Tribunal comprobó que la criminalización
mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una
herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y
se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales,
religiosas, ideológicas y/o culturales. Se utiliza con pretextos de bien
común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la
decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para
intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier
conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La
criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de
la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la
militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se
usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo
cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.
El Tribunal destacó, asimismo, que muchos informadores y opinadores
ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que
pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no
solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en
diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la
injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la
discriminación de género.
Nota:
*Jurado del
Tribunal Permanente de los Pueblos en la Audiencia final tem ática sobre
DESINFORMACIÓN, CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS COMUNICADORES, ralizada
en Ciudad de México, del 17 al 19 de septiembre de 2014
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