27 sept 1975: los fusilados del régimen franquista
Manuel de la Rosa Hernández. Viento Sur
El 27 de septiembre
de 1975 tuvieron lugar las últimas ejecuciones del régimen franquista.
La Dictadura asesinó a cinco militantes antifranquistas, Ramón García
Sanz, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena, Juan Paredes Manot
(“Txiqui”) y Angel Otaeguí. que militaban respectivamente en el FRAP y
en ETA político-militar. El Dictador tenía en sus manos las vidas de
estos combatientes y no dudo en acabar con ellas. Quien en realidad
tomaba esa determinación era el decrépito régimen de un dictador que
quería dar muestras de su fortaleza. Estas ejecuciones, fueron las
últimas de la dictadura franquista, poco antes de la muerte del general
Francisco Franco. Se les aplicaba la Ley Antiterrorista, pero en
realidad ese injusto e ilegítimo régimen no necesitaba ninguna
legislación para asesinar.
Las sentencias a muerte de esos cinco
militantes antifranquistas levantaron una ola de protestas y condenas
contra el gobierno franquista, dentro y fuera del Estado español, tanto a
nivel oficial como popular. La anunciada condena a muerte contó con una
rápida respuesta internacional, a pesar de lo cual no se logró frenar
esa determinación criminal. La protesta se extendió por Europa. Miles de
manifestantes salían a las calles en grandes ciudades, como en París.
Los
gobiernos europeos habían cerrado filas con Arias Navarro en la
Conferencia de Helsinki, encubriendo su supuesto aperturismo. Los
intereses de índole económico de las oligarquías eran más importantes
que avanzar en las libertades políticas en el Estado español. Los
Gobiernos de los países del Este también estaban encantados con el
espíritu de “cooperación” europeo. Paralelamente el gobierno de los EEUU
se reunió con el embajador franquista para asegurarse el mantenimiento y
renovación de las bases militares yanquis en suelo ibérico.
En
el Estado español se dio una importante respuesta, con la convocatoria
de Huelga General en Euskadi y movilizaciones en lugares como Madrid o
Barcelona. Las organizaciones tradicionales de la izquierda reformista,
en aquellos momentos el PCE y el PSOE, no estuvieron a la altura de las
circunstancias. El PCE se limitó en muchos lugares a la recogida de
firmas y envío de telegramas, más encaminados a convencer a los verdugos
que en promover la movilización; más en la confianza de sectores del
poder que en la única fuerza capaz de derrocarlo, el movimiento obrero y
popular. Así, en lugar de trasladar la Huelga General de Euskadi a todo
el Estado levantó la nefasta política de la “reconciliación nacional”.
En número 26 de Mundo Obrero decía: “En estos dramáticos
instantes hay quienes pueden y deben intervenir decisivamente., la
Iglesia española, el Episcopado y sectores fieles” (…) “El Ejercito
necesita impedir que los ultras arrojen sobre él nuevas manchas de
sangre, nuevos crímenes…” Esta actuación del PCE va a marcar toda la
transición “democrática” que contribuyó a la instauración del régimen de
la monarquía.
Nos quedamos con aquellas palabras de Juan Paredes
Manot (“Txiqui”) que decía que “es el pueblo y la solidaridad de los
pueblos del mundo quienes dirán la última palabra.“ Esperemos que, más
pronto que tarde, los pueblos del Estado con la solidaridad
internacional terminen con el régimen del 78, heredero de aquella
dictadura que cercenó la vida de cinco luchadores antifascistas.
Manuel de la Rosa Hernández es militante de Izquierda Anticapitalista.
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