Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ante la dimisión del ministro Gallardón
La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón cierra
una etapa especialmente negativa para nuestros juzgados y tribunales,
así como para los derechos fundamentales en nuestro país. Desde Jueces
para la Democracia valoramos positivamente el relevo en dicha cartera
ministerial y reclamamos el inicio de un nuevo periodo en el que se
rectifiquen las numerosas medidas erróneas adoptadas y se opte por
buscar soluciones reales a los graves problemas de nuestra
administración de justicia.
El nombramiento de Gallardón generó ciertas expectativas, al tratarse
de un político de cierto peso en el Gobierno, a diferencia de otros
ministros anteriores. Al encontrarse en un ejecutivo con mayoría
absoluta, resultaba evidente que tenía la posibilidad de efectuar la
importante transformación que necesita nuestro sistema judicial. Sin
embargo, pronto estas expectativas quedaron frustradas, ante la
actuación de un ministro que desde el principio mostró escasa
sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en
iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección
personal.
Gallardón no se ha sabido centrar en la modernización de las
estructuras judiciales, pero sí que lo ha hecho en el recorte de
elementos esenciales del servicio público, como la implantación agresiva
de unas tasas que han vulnerado seriamente el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia por
razones económicas a amplios sectores de la población. Del mismo modo,
de manera innecesaria ha procedido a la privatización del Registro Civil
para entregarlo a los registradores mercantiles. Además, ha aplicado
recortes de gran intensidad a una administración de justicia que ya
contaba con unos recursos manifiestamente insuficientes.
Por otro lado, diseñó un Consejo General del Poder Judicial al
servicio del poder político, en clara vulneración del papel de este
organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de
la división de poderes en un Estado de Derecho. Y esta actuación resulta
especialmente reprochable en un momento en el que se investigan
judicialmente centenares de casos de corrupción.
En materia de libertades impulsó una reforma del Código Penal que
opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento
populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión
de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. Pero el ataque a
los derechos más inaceptable socialmente ha sido su proyecto de Ley del
Aborto, que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen
anterior. Resulta inconcebible que semejante iniciativa haya surgido de
un gobierno europeo y desde Jueces para la Democracia celebramos que la
presión ciudadana haya conseguido frenarla. El hecho de que Gallardón
afirme que dimite por esta cuestión resulta muy significativo de la
falta de atención del ministro hacia las necesidades sociales existentes
en nuestro país.
Finalmente, esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de
unas formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de
manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar
consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Al
contrario, solo ha conseguido el rechazo de todos los sectores
vinculados a la administración de justicia. En definitiva, el ministro
Gallardón deja un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión,
con operadores jurídicos ampliamente desmotivados, y con un sistema
judicial mucho más deteriorado que al inicio de esta etapa. Por todas
estas razones, desde Jueces para la Democracia hemos pedido en varias
ocasiones su dimisión y ahora valoramos muy positivamente su marcha, con
la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la
Justicia.
23 de septiembre de 2014
Firmado: JOAQUIM BOSCH
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