Ejes programáticos para las elecciones municipales Ejes programáticos de la Federación Estatal de Republicanos para las elecciones municipales de 2015

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Ejes programáticos para las elecciones municipales

Ejes programáticos de la Federación Estatal de Republicanos para las elecciones municipales de 2015

¡Ganemos (ciudad/pueblo), ganemos nuestro país para la democracia!

Los próximos comicios, municipales y autonómicos, se van a desarrollar en un momento histórico y crítico para nuestra sociedad; con una aguda crisis social provocada por un capitalismo desatado que ha tenido dramáticas consecuencias sociales, económicas y políticas. Ello nos ha llevado a una situación de debilidad del sistema democrático y de los derechos y libertades que de él se derivan. Pero también ha provocado que el actual régimen político sea débil e ineficaz, ya que son los poderes económicos los que dirigen y deciden, con una evidente crisis del bipartidismo, desprestigio de las instituciones y con una izquierda que, en su conjunto, sigue presentando un problema de coherencia política.

De este panorama surge la necesidad de un plan político claro, coherente y de progreso, que garantice que el pueblo, esa mayoría trabajadora que muchas veces permanece silenciosa aunque expectante, lleve adelante sus objetivos. Un programa que sea capaz de poner las bases para dar solución a sus principales problemas (paro, hambre, exclusión social, educación, sanidad, vivienda, privatizaciones, corrupción y falta de democracia,…), y que es imposible dentro del régimen monárquico y bipartidista. La “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución, la operación abdicación/sucesión en 15 días en junio pasado, el control económico de las instituciones políticas o la falta de independencia judicial son claros ejemplos de que el régimen del 78 no puede responder a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. La persistencia, además, en este marco político sólo producirá una mayor profundización en la brecha social, un control aún mayor de la población y una limitación en el ejercicio de sus derechos.

Se impone, pues, la necesidad de un derrocamiento de la oligarquía, un cambio y un empoderamiento popular, si queremos acabar con unas leyes que nos oprimen y someten. Hay una oportunidad política y social palpable. Las elecciones municipales deben ayudar a avanzar en la acumulación de fuerzas, en la construcción de la unidad popular con ese objetivo político. Las próximas elecciones municipales y autonómicas tienen un peso político que puede ser crucial. Ambas están íntimamente ligadas a la política estatal (y por extensión al ámbito de la UE), y pueden suponer un aldabonazo que inicie un cambio que es urgente, pero que debe tener un mensaje nítido, transparente y coherente. Es por ello por lo que existe la decidida intención, desde el PP, de cambiar las reglas de juego electorales a pocos meses de las elecciones. Es una jugada antidemocrática. Ellos también perciben el deseo de cambio existente en la sociedad.

De todo ello se deduce que una de las claves de las próximas elecciones municipales será dotarlas de una perspectiva global de lucha y por objetivos políticos generales. Hay quien nos dice que el programa unitario de la izquierda para las elecciones municipales y autonómicas debe limitarse a las reivindicaciones locales. Por nuestra parte, insistimos en que las plataformas, que ya se avanzan en algunas ciudades, no pueden limitarse a defender solamente un programa electoral local y, por tanto, parcial y deslocalizado.  La estrategia debe pasar por promover candidaturas unitarias con fuerzas políticas y sociales, incluidas también personas no organizadas, que pueden adquirir distintas formas, incluida la de tipo “Ganemos”, y establecer y reforzar lazos con dichas organizaciones.  Es la oportunidad para avanzar en la unidad de la izquierda, con perspectiva global, luchando para que las diversas plataformas aprueben los siguientes puntos comunes:

1. Ruptura con el régimen monárquico: trabajar en todos los niveles institucionales en pos de la apertura de un periodo Constituyente por la III República. Debe quedar claro el mensaje de que sólo la ruptura democrática puede crear las condiciones para el desarrollo de programas populares.
2. Compromiso de todas las fuerzas de que, si alguna vez se alcanza una mayoría parlamentaria a nivel estatal, se derogará la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local impuesta por el PP en diciembre pasado, que supone, entre otras medidas antidemocráticas, el refuerzo del papel de las Diputaciones Provinciales que son importantes nidos de corrupción institucional, y fomentar el papel de los Ayuntamientos como instituciones cercanas a la gente, las Mancomunidades y otras formas de coordinación intermunicipal.
3. Combatir y denunciar cualquier atisbo de clientelismo, enchufismo, nepotismo,… generalizando las cláusulas de revocabilidad de los cargos electos si incumplen sus compromisos.
4. Compromiso de todas las fuerzas de que, si alguna vez se alcanza una mayoría parlamentaria a nivel estatal, se derogará la inminente reforma electoral, en caso de que finalmente terminen imponiéndola, por atentar contra criterios democráticos básicos, al impedir que se exprese la voluntad real de los electores.

En un plano municipal, los ejes programáticos a promover, con carácter general, serán los siguientes:

1. Creación de trabajo por las corporaciones municipales. El Estado debe intervenir en la economía si queremos salir de la crisis. El ayuntamiento forma parte del Estado y puede, y debe, intervenir en economía. Será el objetivo prioritario de los presupuestos municipales. Se creará una Bolsa Municipal de Empleo que será gestionada, con criterios de igualdad, y controlada tanto por el ayuntamiento como por los representantes de los trabajadores. La recuperación de la gestión de servicios públicos permitirá que se pueda incidir en este aspecto.
2. Mitigar la situación de penuria de las familias más desfavorecidas. Nuestro principal objetivo es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares, especialmente de las familias más desfavorecidas. Para ello, utilizaremos todos los resortes y capacidad del Ayuntamiento para intervenir directamente en la economía de la localidad. Los servicios sociales deberán potenciarse de manera efectiva.
3. Remunicipalización de los servicios públicos y sociales privatizados. La mayoría de los servicios públicos (especialmente agua y basuras) y sociales están pasando a manos de empresas privadas, (bien su titularidad y gestión, bien únicamente su gestión). Esto supone un coste adicional para las arcas municipales y un grave deterioro de las condiciones de trabajo para garantizar el beneficio de la empresa privada, además de promover la corrupción.
4. Defensa de la sanidad y la educación públicas. Desde los ayuntamientos la asunción de este punto es crucial. Se debe promover, también, el acceso a la cultura.
5. Fiscalidad y control de cuentas. Los ayuntamientos, aunque limitados, tienen competencias sobre impuestos y tasas municipales. Se debe tender hacia la progresividad de manera racional. Se llevará a cabo, además, una racionalización y escrupuloso control contable, que será absolutamente transparente para la ciudadanía. Se evitará todo gasto superfluo y despilfarro, priorizando los gastos en atención a las necesidades de las clases populares e intereses generales. La realización de auditorías será fundamental para conocer la situación financiera y poder exigir responsabilidades por las irregularidades detectadas.
6. Vivienda. El Estado debería promover un parque de viviendas en alquiler con las garantías necesarias, y poner a disposición de los ciudadanos las miles y miles de viviendas vacías que hay en la actualidad, en especial aquellas en manos de la banca. El ayuntamiento utilizará todos sus recursos y mecanismos (incluida la movilización social) para evitar desahucios de las primeras viviendas, e intentar garantizar una primera vivienda para aquellas personas y/o familias que no dispongan de ella mediante distintas estrategias: utilización de suelo público, viviendas en alquiler a un precio del 10-15 % salario; aumento del gravamen fiscal sobre viviendas desocupadas, promover y facilitar las iniciativas basadas en el cooperativismo,…etc.
7. Democratización de la gestión municipal. -Creación de Consejos de Barrio o Asambleas de Vecinos (según el tamaño de la localidad) como espacios de participación y toma de decisiones de los vecinos sobre aquellos asuntos que les afecten directamente y de la vida política municipal, trasladando sus decisiones y acuerdos al Ayuntamiento. El ayuntamiento dará cuenta regularmente de su quehacer político a dichos órganos. Los Consejos de Barrio participarán en la elaboración de los presupuestos municipales. -Realización de plenos en periodos que favorezcan la participación de los vecinos.
8. Combatir, disponiendo los medios necesarios para ello, cualquier atisbo de corrupción y clientelismo. Control estricto y transparente de las cuentas municipales. Regularmente se informará de las mismas a los/as Consejos de Barrio/Asambleas de Vecinos convocados/as al efecto, así como de temas sensibles como las licitaciones y contratas, la recalificación de terrenos, las cuentas de los cargos públicos. -La contratación pública debe ser transparente, abierta y garantista. Se deben evitar las adjudicaciones arbitrarias.-Ningún cargo público tendrá un sueldo superior a 3.5 veces el SMI (unos 2.240 euros netos mensuales). La percepción de dietas para indemnizar gastos relacionados con el cargo serán objeto de un escrupuloso control, y su percepción será aprobada, razonada, pública y detallada.-Renuncia al nombramiento de asesores para funciones que pueden ser garantizadas por personal del Ayuntamiento. Deben aprobarse procedimientos para limitar el nepotismo y sus nombramientos deberán ser transparentes, publicando sus funciones y sus credenciales profesionales, y pudiendo rendir cuentas de su actuación ante los órganos municipales.
9. Ayuntamiento laico. Separación del Ayuntamiento de los asuntos religiosos: sus representantes no podrán participar, en el ejercicio de sus funciones institucionales, como tales, en actos y/o manifestaciones religiosas. Se suprimirá toda simbología religiosa en los actos oficiales, así como en instalaciones, dependencias municipales o en organismos dependientes del Ayuntamiento. No habrá subvención ni ayuda alguna a entidades o manifestaciones religiosas por el mero hecho de ello.

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