Podemos y Guanyem se querellan ante la Audiencia Nacional contra los Pujol, sus cómplices y los políticos que lo permitieron
Sitúan la trama de la familia Pujol dentro de un fenómeno patológico, donde la corrupción forma parte del juego económico y político. Acusan a Artur Mas de formar un tandem con los Pujol para la concesión de parques eólicos
Jaume Asens y Ada Colau.
Los movimientos Podemos y Guanyem han anunciado este martes
la presentación de una querella contra toda la familia de Jordi Pujol,
el cofundador de CiU Carles Sumarroca así como contra Jordi Puig,
hermano delConseller Felip Puig, entre otras personas, además de las
empresas adjudicatarias de contratos irregulares, los responsables
públicos que los concedieron y los políticos y funcionarios que miraron
para otro lado durante tres décadas.
Acusan a los Pujol de haber
conformado un entramado familiar que ha funcionado como un todo, para
beneficiar económicamente a la familia y a su círculo de amigos. Una
trama que afecta a CiU, PP y PSOE y demuestra la corruptocracia
incrustada en las instituciones, denuncian.
A esta acusación se unen movimientos políticos y sociales como ICV-EUiA y Procés Constituent, y Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ya había anunciado que se querellaría contra el expresident por su "gobernanza mafiosa".
También
se suma el Partido X, que ha iniciado un trabajo sobre la trazabilidad
de los flujos de fraude financiero de las empresas de la familia Pujol
gracias a un grupo de especialistas liderado por Hervé Falciani, que ha
destapado tramas de corrupción en Suiza.Tienen razones para creer que
las cuentas de los Pujol en Andorra son la puerta de salida de un
entramado de sociedades Offshore (deslocalizadas en paraísos fiscales) a
través del cual se evadieron capitales para expolio masivo y continuado
durante tres décadas "y que implica a otros grupos y familias de las
élites catalanas, del estado español e internacionales".
Una 'corruptocracia' extendida como un virus
Los
movimientos ciudadanos ejercerán la acusación popular contra la familia
Pujol y su entorno y consideran que constituyen un ejemplo del modus
operandi de la "corruptocracia" que se ha incrustado en el sistema
surgido de la Transición y que se ha extendido "como un virus", según ha
dicho el abogado Jaume Asens que compone el equipo juridico de esta
iniciativa penal.
La familia Pujol ha desarrollado una estrategia
"propia de mafiosos", destaca Asens. Así, difundió una carta en julio
pasado donde revelaba que había tenido una fortuna durante 34 años en
paraísos fiscales.
Consideran que este relato ha sido construido
como un acto expiatorio, cuando, en realidad, es el resultado de la
construcción de una coartada precipitada. Y sostienen que este caso no
es aislado, sino que es la trama afecta a CiU y sus aliados políticos,
económicos y sociales.
La querella sostiene que la familia Pujol constituye un complejo entramado que consentía pagos por adjudicaciones de obras públicas y por favores políticos. Esta red presuntamente permitía a los hijos utilizar facturas de sus empresas para simular trabajos o encargos no realizados y para ocultar pagos ilícitos.
La
querella señala al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, de
haber formado un tándem con los Pujol para propiciar una trama de
parques eólicos entre los años 2000 y 2003.
Los Pujol hijos se
encargaban de la concesión de las licencias y de los informes de impacto
ambiental y hasta se desbloquearon informes negativos de Medio
Ambiente. En aquella época Oriol Pujol era Secretario General del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, responsable de la concesión de las licencias, y Artur Mas era Conseller en Cap y mano derecha de Jordi Pujol.
La
querella los acusa de tráfico de influencias, blanqueo, cohecho,
malversación, prevaricación, falsedad en documento público... La
querella acusa a la trama de presuntos delitos contra la Hacienda
Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho,
malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento
público, y omisión de perseguir delitos.
La querella se presenta
como acusación popular y solicitan que sea la Audiencia Nacional el
órgano competente para instruir toda la causa. El motivo: el caso abarca
defraudaciones que han causado una grave repercusión en la economía
pública y a una generalidad de personas, según argumentan en el escrito.
Por
ello, piden que el juzgado de instrucción 31 de Barcelona que lleva la
querella de Manos Limpias se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.
Es
de recordar que ya hay una causa abierta en la Audiencia Nacional que
atraería esta querella, de admitirse a trámite. Es la que instruye el
juez Pablo Ruz, del Juzgado Central 5 de Instrucción, contra el hijo del expresident Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa.
Los querellados dicen responder a una demanda de la sociedad catalana y española de destapar la trama del 'caso Pujol' para acabar con una sensación de impunidad generalizada
surgida en 1986, con el caso Banca Catalana, cuando Pujol quedó
exonerado de los delitos de apropiación indebida, falsedad y maquinación
para alterar el precio de los bienes.
La singularidad de esta
querella reside en que consideran que toda esta trama no podría haber
existido sin la probable connivencia de Jordi Pujol y la confabulación de innumerables políticos y funcionarios
a lo largo de tres décadas. Por ello, extiende la querella a quienes
tuvieron conocimiento de los delitos que se cometían y no hicieron nada.
Los querellantes afirman que los ciudadanos
son sujeto pasivo de un juego económico y político con una corrupción
organizada y criminal
Otra singularidad es que sitúa la trama de la familia Pujol dentro de un fenómeno patológico
de la España contemporánea donde los ciudadanos son un sujeto pasivo de
un juego económico y político del que forma parte una corrupción
organizada y criminal.
La acusación popular se presenta porque
quieren esclarecer una trama destinada a la defraudación del dinero
público, y más en un contexto como el actual en el que los derechos
sociales han quedado subordinados a los intereses de los grandes poderes internacionales.
La
familia Pujol, según percibe la sociedad catalana, disfrutaba de un
amplio margen de impunidad gracias al gran poder político atesorado, ya
que Pujol presidió la Generalitat de Catalunya (1980-2003) y por el apoyo parlamentario que CiU brindó a los sucesivos gobiernos de España.
La
querella solicita investigar las 50 empresas creadas por la familia
Pujol y presenta los registros y documentación sobre una treintena de
ellas. También requiere la investigación judicial del dinero defraudado a
Hacienda por el expresident durante 34 años.
Informes, licencias, ventas irregulares...
En la querella se describen varias operaciones presuntamente irregulares. Por ejemplo, Carles Sumarroca y Pere Pujol Ferrusola
obtuvieron numerosos contratos de la Generalitat de Catalunya y de
empresas públicas. La adjudicación era para la redacción de informes
medioambientales.
Entre los años 2002 y 2003 la mayoría de los
informes medioambientales necesarios para lograr las licencias de
parques eólicos otorgados por la Generalitat fueron elaborados por
empresas dirigidas por Pere Pujol y Carles Sumarroca, fundador de CDC y amigo íntimo de Jordi Pujol.
Otra operación es la venta a Indra de una empresa de Jordi Pujol cuando su padre era president, en 2001. Tras la compra, Indra multiplicó sus contratos con la Generalitat de Catalunya. Además, pagó a Jordi Pujol jr. y sus cinco socios por esa empresa -Europraxis Consulting- un total de 44 millones de euros y ellos siguieron de ejecutivos cuatro años más con unos ingresos de nueve millones de euros.
También solicitan que se investigue un movimiento societario realizado por Jordi Pujol jr y su exesposa Mercé Gironés que provocó que en cinco días del pasado diciembre ingresaran en cuentas desconocidas más de 15 millones de euros.
O
las circunstancias de la venta a una empresa de Oleguer Pujol de los
terrenos donde estuvo ubicado el antiguo Cuartel de Valenzuela del
Ministerio de Defensa, por un precio de 15.600.000 Euros. La sociedad de Oleguer está domiciliada en Melilla y entre sus accionistas figura una empresa luxemburguesa.
Cómplices y silentes
La
querella de estos movimientos políticos y sociales se extiende a
catorce personas con nombres y apellidos. Pero también a los
responsables de las empresas adjudicatarias, a los funcionarios y
políticos que adjudicaron contratos públicos y a quienes conocieron
estos delitos y no hicieron nada para perseguirlos.
Esta es la lista completa:
- Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat de Catalunya; su esposa Marta Ferrusola i Lladós; los siete hijos del matrimonio: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola.
- Carles Sumarroca Coixet, amigo íntimo de Jordi Pujol, cofundador con él de Convergència Democrática de Catalunya y beneficiario de numerosas concesiones públicas de la Generalitat en construcción, sanidad, cárceles..., así como sus hijos Carles y Jordi Sumarroca Claverol.
- Mercé Gironés Riera, ex-esposa de Jordi Pujol i Ferrusola.
- Jordi Puig i Godés, ex-socio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano del Conseller de
la Generalitat de Catalunya Felip Puig. Fue socio de Pujol Ferrusola
en Iberoamericana de Business and Marketing SA, a través de la sociedad
Ascot Inversiones, S.L.
- Los funcionarios públicos y responsables políticos de la Generalitat y de otras administraciones que hayan adjudicado de forma irregular contratos públicos en este caso y cuya responsabilidad delictiva se determine durante la investigación judicial.
- Las personas responsables de las empresas adjudicatarias de contratos
de la Generalitat de Catalunya o de otras administraciones que
mantuvieran relación mercantil directa o indirecta con las empresas
implicadas en este caso.
- Y las autoridades o funcionarios que conocieron estos delitos y no hicieron nada frente a ellos.
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