Tres asociaciones de jueces se oponen a la reforma del Poder Judicial y no descartan movilizaciones
Tres de las asociaciones mayoritarias de la judicatura española han
querido mostrar este martes su oposición al anteproyecto de reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha impulsado el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón. Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de
Vitoria y Foro Judicial Independiente han cargado contra varios de los
planteamientos de la reforma, como la jurisprudencia vinculante del
Supremo o la prohibición a las asociaciones judiciales de pronunciarse
sobre causas en instrucción, y no han descartado la posibilidad de
sumarse a la huelga de la Administración convocada para octubre.
Marcelino Sexmero, de la asociación Francisco de Victoria, ha
expresado que se trata “de una ley de nuevo cuño y no una reforma, como
pretende vender el ministro Gallardón”. Ángel Dolado, de Foro Judicial
Independiente, ha ido más allá y ha denunciado que las reformas en
materia judicial de este Gobierno “solo crean desigualdad entre los
ciudadanos”. “Mantenemos una posición conservadora: preferimos lo que
tenemos, aunque malo, que lo que se nos viene encima”, ha expresado el
Juez Decano de Zaragoza.
“Si el anteproyecto avanza nos plantearemos llevar a cabo medidas de protesta”, ha señalado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. No descartan unirse a la convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores del Registro Civil, ante la privatización de este órgano que plantea el anteproyecto del Ministerio de Justicia.
“Si el anteproyecto avanza nos plantearemos llevar a cabo medidas de protesta”, ha señalado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. No descartan unirse a la convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores del Registro Civil, ante la privatización de este órgano que plantea el anteproyecto del Ministerio de Justicia.
Sexmero ha querido señalar la repulsa de las tres asociaciones a la
jurisprudencia vinculante, con muy poca tradición “en los sistemas
judiciales del continente europeo”. “Nos sumamos así al rechazo mostrado
por otros organismos, como el Tribunal Supremo”, ha añadido.
El portavoz nacional de la asociación judicial Francisco de Victoria
ha explicado que, de aprobarse esta ley, estarían “atados a decisiones
tomadas hace años, imposibilitando la adaptación a la realidad social,
como recoge el artículo tres del Código Civil”. Según el juez, el
Gobierno pretende que los jueces pasen a ser “meros aplicadores de la
ley, y no intérpretes como recoge nuestra Constitución”.
En este sentido también se han referido a la nueva organización del
sistema judicial que recoge la ley. “Con este anteproyecto no se sabe
cómo va a quedar la ‘foto fija’ de la organización judicial”, ha
apuntado Sexmero. “Somos conscientes de que los partidos judiciales
necesitan una reforma, pero no suprimirlos”.
Han denunciado además que muchas de las medidas que recoge el
anteproyecto van en contra de la independencia judicial. La supresión de
los Decanatos y las Juntas de Jueces y su sustitución por un sistema
presidencialista que responde directamente ante el Consejo General del
Poder Judicial es, en su opinión, una “decisión arbitraria que supedita
la judicatura al poder político”.
“El sistema de elección parlamentaria del CGPJ ha fracasdo durante
los últimos 25 años”, ha señalado Sexmero. “La politización del mismo
provoca un efecto cascada que afecta a todos los jueces”, ha enfantizado
antes de explicar que se verá agravado con esta nueva ley.
Junto a estas medidas, la ley también recoge lo que los tres jueces
presentes han calificado como “una coartación de la libertad de
expresión”. “Ni los jueces ni las asociaciones judiciales,
organizaciones que nuestra Constitución recoge como legítimas, podrán
expresarse ya sobre temas como la política judicial”, han denunciado.
Esto afectará, en su opinión, a la posibilidad “de defender los derechos
e intereses de la ciudadanía”.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia ha pedido a
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, que aclare “si ha participado en la
redacción de los primeros borradores de la ley, como algunos medios
publican”. De ser así, el juez cree que Lesmes debería no participar “en
las discusiones sobre esta ley en el seno del órgano que preside”.
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