LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA O EL ESTADO POLICIAL DEL PP
Por Isabel Haro Soler
El consejo de ministros, aprobó, el
pasado 11 de julio, el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana,
más conocida como “Ley Mordaza”. Como ya es costumbre, los poderes del
régimen utilizan el verano para dar un golpe traicionero a los derechos
ciudadanos. Esta vez se trata de coaccionar la alta actividad ciudadana
que se viene desplegando en los múltiples movimientos de protesta
desarrollados intensamente, día tras día, en todas las calles de las
principales ciudades españolas.
Se trata de una nueva agresión a la
ciudadanía. No contentos con prevaricar haciendo un uso perverso de su
mayoría electoral, y por tanto, instrumentalizando a su electorado, para
legislar contra los trabajadores/as, contra los desempleados/as, contra
las mujeres, contra los niño/as, contra los adolescentes, contra los
estudiantes universitarios, contra los mayores y discapacitados; contra
todos y todas; y sólo a favor de las grandes oligarquías financieras y
grandes empresarios. El equipo de gobierno de Rajoy, se convierte en
servidor y beneficiario de los intereses neoliberales del ciego, sordo y
voraz sistema económico capitalista.
Este gobierno, después de maltratar a
toda la población, a base de recortes y precarización, ahora también
quiere callarnos, reducirnos, acongojarnos con su estrategia del miedo a
las multas y las sanciones administrativas. Llevan tres años – largos y
angustiosos años para nosotros, los que nos hemos mantenido en la calle
incansablemente- desoyendo nuestra voz, impasibles, y, a veces, hasta
cruelmente sonrientes, ante nuestra enorme indignación y protesta.
Ahora, en un estoque final de su
legislatura, quieren también imponernos una ley represora, que limita el
derecho de reunión y manifestación pacífica y espontánea. Sanciona,
además, con elevadísimas multas el uso de determinados métodos de
protesta pacíficos que venían siendo muy fructíferos como formas de
presión ante las instituciones, así como muy eficaces por su vistosidad
para generar una sensibilidad ciudadana ante problemas que le afectan
directamente y por los cuales luchan todo tipo de activistas sociales
(las protestas de Greenpeace, son un buen ejemplo de ello). Además, esta
ley otorga a la policía unas facultades excesivas para identificar a
los ciudadanos y ciudadanas, pues los habilita para detenernos a los
meros efectos de identificación, cuando anteriormente sólo podían
retenerte mientras comprobaban tus datos. También sanciona como falta
grave lo siguiente: Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o
prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para
la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los
recintos de éstas, … cuando se haya generado un riesgo para las personas
o un perjuicio en dicho funcionamiento. En el caso de las reuniones y
manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.
Tomado del proyecto de ley. Así mismo, prohíbe la grabación, por
cualquier medio, de los agentes y fuerzas de seguridad.
No es una ley de seguridad, en realidad
es una amenaza para la población. Amparada bajo el aspecto de la
supuesta legitimidad que le otorga un parlamento tomado por un grupo
político que trabaja intensamente con el
fin único de garantizar el statu quo de la clase dominante, la clase
empresarial, la casta militar y clerical y la monarquía de este país.
Por todo ello, desde Republicanos de
Murcia, rechazamos profundamente esta nueva imposición parlamentaria.
Condenamos este proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y avisamos desde
aquí que no conseguirán aplacar nuestra indignación ni nuestra rebeldía
ante sus continuas políticas castradoras, impositivas, y en definitiva,
dictatoriales.
Encontraremos nuevos métodos pacíficos de
seguir luchando hasta conseguir poner los bienes comunes al servicio de
la mayoría trabajadora, estudiantes, mayores y la ciudadanía general.
UN GOBIERNO QUE TIENE QUE RECURRIR AL USO
DE LA AMENAZA Y EL MIEDO PARA SEGUIR IMPONIENDO SUS ANIQUILADORAS
POLÍTICAS HA PERDIDO TODA LEGITIMIDAD Y SI NO DIMITE O SE DISUELVE POR
COHERENCIA Y HONESTIDAD DEBE SER EMPUJADO PACÍFICAMENTE POR LA
CIUDADANÍA FUERA DEL PODER.
Es el momento, entonces, para que
generemos un vínculo de unión y fuerza entre todos los grupos sociales,
personas a título individual y los partidos rupturistas con del régimen
del ’78, capaz de ganar para nosotros los bienes comunes que nos
pertenecen, administrándolos nosotros de un modo más directo y por medio
de los mecanismos que genera una DEMOCRACIA REAL Y PARTICIPATIVA.
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