¿Adiós al campesinado?
Esther Vivas
La agricultura ha dejado de ser desde hace años una actividad
económica central. Ante un modelo agrario diseñado por y para el
agronegocio, cada vez más campesinos se han visto obligados a cerrar sus
explotaciones y abandonar el sector. Sin embargo nuestras necesidades
alimentarias siguen allí. Sin campesinado, ¿quién nos dará de comer?
La agricultura, en el Estado español, ha pasado de ser una de las principales actividades económicas a una práctica casi residual.
En 1900, el 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola;
en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya
únicamente representaba el 19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3%. Las
explotaciones agrarias, del mismo modo, desaparecen a gran velocidad.
En el período de 1999 al 2009, en solamente diez años, éstas
disminuyeron un 23%, según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística 2009. Pronto no quedarán campesinos en el campo.
Menos explotaciones y más grandes. La concentración empresarial es otra realidad en el mundo agrario.
Entre 1999 y 2009, a pesar del cierre de fincas, las que se
mantuvieron, en todas las comunidades autónomas, aumentaron su
extensión. Aunque los mayores incrementos se dieron en Galicia, La Rioja
y Cantabria. En la ganadería, se repitió la dinámica: el número de
explotaciones de cada especie de ganado disminuyó, pero aumentó el
número medio de cabezas. Castilla y León se situó al frente de la
producción de bovino y ovino y Catalunya fue la primera en la producción
avícola y porcina, ambas comunidades con el mayor número de ejemplares
de cada una de dichas especies. Por cierto, en Catalunya existen
prácticamente tantas cabezas de cerdo como de personas.
La renta agraria en términos generales, en los últimos años, también
ha retrocedido, a pesar de que en 2013, ésta aumentó un 7,7% después de
varios años de mantenerse estable o en caída libre. Según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
el sector agrario en la última década ha perdido un 23% de su renta.
Asimismo, los costes de producción siguen incrementándose, y actualmente
significan un 93% de la renta agraria en su conjunto.
La subida de precios de la energía, los fertilizantes y los piensos ha
contribuido de forma decisiva al aumento. Los ingresos disminuyen, los
gastos no hacen sino aumentar.
Precios en origen y en destino
El diferencial entre el precio que se paga en origen al productor y
el que nosotros pagamos en la tienda o el supermercado continúa
subiendo. Si en junio del 2013, el precio del producto alimentario de
origen a destino se multiplicaba de media por 3,79, un año más tarde, en
junio del 2014, el importe se multiplicaba por 4,52, según el Indice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos.
Aquellos productos con un mayor incremento de su coste eran el
calabacín, el repollo y la berenjena, con un diferencial porcentual
entre el precio en origen y en destino de un 950%, un 808% y un 717%
respectivamente. En definitiva, quien produce lo que comemos es quien
menos dinero recibe.
De aquí que la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios (CEACCU) impulsaran una proposición no de ley sobre los
márgenes comerciales de los productos agroalimentarios, que fue aprobada
por el Congreso de los Diputados en 2008. La proposición instaba a una
mayor transparencia en el proceso de configuración de los precios a lo
largo de la cadena alimentaria, a la creación de un Observatorio de
Precios para controlar y sancionar las malas prácticas en la fijación de
los importes, a actuar para eliminar la especulación en los mercados
agroalimentarios e implantar un sistema de doble etiquetado (precios
origen/precios destino) que permita conocer el valor real de los
alimentos y detectar distorsiones interesadas en los precios, entre
otras medidas. Aunque del dicho al hecho…
El supermercado siempre gana
La venta a pérdidas por parte de los supermercados, vender por debajo
del precio al que se paga al productor, es otra práctica habitual,
aunque está prohibido por la Administración mediante la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de la Competencia Desleal. La
gran distribución, sin embargo, utiliza esta medida con el objetivo de
fidelizar a sus clientes, vendiendo algunos productos, los llamados
“productos relamo”, a un precio muy bajo. A pesar de ingresar menos
dinero con su venta, lo compensa con el incremento de la
comercialización de otras mercancías.
El aceite de oliva ha sido, en los últimos años, uno de los productos
agrarios más golpeados por esta práctica, ahora parece le llega el
turno al arroz. Pero, no es oro todo lo que reluce. El consumidor piensa
que ahorra con estos métodos, aunque una vez en el súper lo que deja de
pagar en un producto lo acaba pagando en otro. La gran distribución
siempre gana. Mientras, estas prácticas tienen un efecto nefasto en el
campo, ya que presionan a la baja el precio que se paga en origen por
dichos alimentos conduciendo a la ruina del agricultor. Sin entrar a
analizar, por otro lado, el fraude que, a menudo, se da con estas
prácticas, cuando nos venden, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra a
un precio extremadamente barato, y al analizar el producto resulta no
tratarse del aceite de primera calidad que nos decían.
Muchos campesinos, ante estas operaciones, tienen que acabar cerrando
sus fincas. Entonces, si éstos desaparecen, ¿quién nos dará de comer?
¿Quiénes producirán y distribuirán la comida? Creo que la respuesta es
clara: unas pocas empresas que controlan cada uno de los tramos de la
cadena alimentaria. Se trata de multinacionales como Dupont, Syngenta,
Monsanto, Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Danone, Carrefour, Alcampo,
El Corte Inglés, Mercadona, por solo citar a algunas. ¿Tenemos, pues,
la comida garantizada?
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