El Supremo envía a Carlos Fabra a la cárcel
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- El alto tribunal confirma la condena de la Audiencia Provincial de Castellón contra el expresidente provincial
- Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por delitos fiscales
- El tribunal rechaza la petición de la Fiscalía de duplicar la pena
El Diario | 23/07/2014
El Tribunal Supremo envía a
la cárcel al expresidente de Castellón Carlos Fabra. El alto tribunal ha
confirmado la pena de cuatro años de prisión dictada por la Audiencia
Provincial por varios delitos fiscales, según ha publicado El Mundo.
El Supremo ha rechazado el
recurso presentado por el exdirigente del PP en Castellón contra la
sentencia del tribunal provincial que dictaminó que Fabra y su esposa
recibieron 3,2 millones de euros no justificados y defraudaron a
Hacienda un millón de euros.
La defensa del expresidente
provincial recurrió la decisión de la Audiencia de Castellón por el
llamado Caso Naranjax. Además de una pena de cuatro años de prisión, el
tribunal impuso a Fabra una multa 693.000 euros. Sin embargo, el
exdirigente conservador fue absuelto de los delitos más graves al
considerar que no estaba probada la comisión de los delitos de cohecho y
tráfico de influencias en relación con la participación de Fabra en la
obtención de permisos para la comercialización de determinados productos
fitosanitarios.
El Supremo ha rechazado
también el recurso de la Fiscalía, que solicitó duplicar la condena. El
fiscal del Supremo y el representante de la Abogacía del Estado
solicitaron que la pena aumentara hasta los ocho años al entender que la
Audiencia Provincial de Castellón aplicó indebidamente la atenuante de
dilaciones indebidas.
El representante del Ministerio Público
defendió que los más de siete años que duró la tramitación de esta
causa, debido fundamentalmente a los cambios en los jueces instructores y
los recursos interpuestos por Fabra, estaban justificados dada la
complejidad de la misma. El alto tribunal entiende que la instrucción
que se demoró durante diez años fue excesiva.
Tras conocer la condena en
noviembre de 2013, Fabra anunció su intención de recurrirla ante el
Supremo y, de ser necesario, ante el Constitucional, aunque también
explicó que no tiene “miedo a ir a la cárcel” y que no iba a solicitar
el indulto. El exdirigente del PP aseguró entonces que no posee el
dinero para hacer frente a las sanciones económicas que recoge la
sentencia: una indemnización a la Hacienda Pública de 693.074 euros y
una multa por la misma cuantía.
A finales de 2010 la
Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un
tribunal y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de
los cinco delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, por entender que
habían prescrito. Un año después el Supremo revocó la decisión de la
Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa al considerar que no
habían prescrito los delitos.
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