Nueva política para un nuevo país
Este otoño de 2014 estará protagonizado por la aceleración de
la crisis política del modelo de la segunda restauración borbónica que
tiene lugar de forma clara desde la primavera de 2010.
Sabemos que las fuerzas políticas, económicas y sociales que intentan
preservar el modelo de acumulación y dominio surgido de la Transición
del franquismo a la democracia tienen todavía una enorme capacidad de
resistencia y de hegemonía de pensamiento, pero ahora es el momento de
trabajar para configurar una nueva correlación de fuerzas que posibilite
la resistencia y la victoria de los intereses populares.
No estoy planteando la reedición del gobierno de izquierdas en
Cataluña, o un gobierno del PSOE en España con apoyos de la izquierda
real. Las experiencias del pasado han mostrado todas sus limitaciones.
Ahora hace falta un gobierno de la gente para la gente, superando la
vetusta dinámica de los partidos que hasta ahora han sido el eje del
sistema dinástico. En él debemos incluir al PP, al PSOE, a CiU y a las
falsas alternativas del propio sistema para que nada importante cambie:
UPyD y C ’s.
Hay otra razón necesaria para urgir un cambio de orientación: nos
estamos quedando sin país; país entendido como proyecto colectivo que
identifica unos bienes materiales y un proyecto social y ambiental de
convivencia pensado para la mayoría de la ciudadanía. La crisis está
siendo utilizada para cambiar el modelo social y ambiental, también para
una involución democrática y del modelo de Estado que conocíamos hasta
el momento. Todo indica que la Cataluña, la España y la Europa que se
proyectan nada tienen que ver con los ideales de justicia, libertad,
igualdad y sostenibilidad por los que lucharon y murieron nuestros
abuelos y nuestras abuelas y nuestros padres y madres.
La crisis de los partidos dinásticos es la crisis de la Monarquía
Borbónica, y la crisis del sistema político, económico y territorial
diseñado en 1978, basado en olvidos y silencios cómplices. Se sacrificó
la memoria; se diseñó un sistema político-electoral bipartidista (con la
participación de PNV y CiU); se desarrolló un sistema de financiación
de partidos basado en la corrupción y el expolio de los bienes públicos;
la cultura especulativa y rentista sustituyó buena parte de la cultura
productiva y el desarrollo irracional urbanizó y cubrió de
infraestructuras innecesarias parte de nuestro territorio con sus
consecuentes corruptelas.
Comparto la opinión del constitucionalista Javier Pérez Royo cuando
afirma "El ejercicio del poder constituyente del pueblo español en 1978
comportó que la Monarquía no pudiese someterse a discusión. Sólo se
pudieron tomar decisiones sobre su configuración constitucional...El
texto aprobado por las Cortes fue sometido a referéndum el 6 de
diciembre de 1978, pero no por exigencia del propio constituyente, sino
porque el texto constitucional tenía su origen en la Ley para la Reforma
Política, que había sido aprobada como Ley Fundamental del Régimen de
Franco, y su derogación o reforma exigía referéndum"
Así pues la Monarquía, el sistema político y el modelo económico se
han convertido en un todo y ahora todo eso está en crisis y es
cuestionado.
Hoy, al irse perdiendo la fuerza unificadora de la doctrina de la
Transición (basada en el silencio de la complicidad compartida y en la
opacidad ante la opinión pública, no rota generalmente por los medios
informativos), vamos conociendo episodios siniestros, como por ejemplo
la financiación irregular de la campaña a favor de la OTAN del PSOE, las
redes mafiosas y corruptas del PP, la financiación de la operación
reformista de Miquel Roca en los ochenta y, últimamente, la verdadera
historia de la familia Pujol.
El caso Pujol está haciendo mucho daño a Cataluña y lo tenemos que
utilizar para no volver a cometer como sociedad los mismos errores otra
vez. Por la asimilación que se hizo desde las instituciones gobernadas
por CiU y por la sociedad civil construida alrededor del discurso y los
recursos de la derecha nacionalista, donde CiU, Pujol y Cataluña eran la
misma cosa; se construyó un modelo de país y de sociedad que, a cambio
de un incremento del autogobierno, reproducía un modelo económico,
político y cultural profundamente conservador. Todo ello con el apoyo
del PP y PSOE, que obtenían los compromisos de estabilidad, complicidad y
gobernabilidad que CiU les ofrecía en Madrid y Europa, como los pactos
de la Transición estipulaban.
Todo esto se ha acabado, y aunque la estrategia de la familia Pujol
sea la contaminación de pruebas defendiendo el secreto bancario - aquel
que permite lavar y blanquear los beneficios de la prostitución, la
droga, la extorsión, el crimen organizado y la corrupción en paraísos
fiscales - el referente político y moral del modelo de nacionalismo
conservador que representa Pujol y CiU están agotados. Que la derecha
extrema y la caverna comunicativa no cante, sin embargo, victoria: Pujol
es uno de los suyos, como muy bien señalaba el diario ABC en 1985
escogiéndolo "español del año", porque Pujol y CiU forman parte de este
pasado y las formas de robar de Pujol o Bárcenas se parecen como dos
gotas de agua.
Así pues, el futuro de Cataluña no puede pasar por CiU, como
evidentemente no pasa por el PP o por el PSOE del artículo 135 de la
Constitución y la negativa al derecho de autodeterminación. No es
posible pensar que CiU lidere nada: ni la salida a la crisis, ni el
derecho a decidir, ni nada liderado por CiU debe contar con fuerzas
sociales y políticas de izquierdas, que quedarían contaminadas por un
modelo caduco, fracasado y corrupto.
Es necesario un nuevo comienzo, con fuerzas sociales y políticas y
ciudadanía crítica emergente de la experiencia de la crisis y del
fracaso del modelo de la Transición, y de ninguna manera ayudar y
mantener un modelo corrupto que gesticula sobre la consulta del 9N para
proceder al mismo tiempo a la privatización de la salud y la educación, a
votar las reformas laborales o a poner como modelo el estado sionista
de Israel. La izquierda que justifica o participa en esta agonía queda
contaminada para construir un proyecto alternativo de país.
Podríamos estar entrando en una nueva fase recesiva que, si se
produce, sería la tercera en cinco años y reforzaría la percepción de la
continuidad de la crisis que el Gobierno de Rajoy intenta negar a base
de propaganda, en el mejor de los casos asistiremos a un bajo y precario
crecimiento económico.
Esto seguirá provocando el aumento de la pobreza y la exclusión
social en la zona del euro y afectará especialmente a los países del
sur, por la falta de crecimiento y por las políticas de austeridad y
devaluación salarial que impiden un crecimiento suficiente y de calidad
para favorecer una redistribución de rentas y de patrimonios que
perjudica a la mayoría social.
Quien piense que el debate sobre la independencia de Cataluña está al
margen y es independiente de la evolución de este tema, o practica la
ilusionismo político o utiliza el debate soberanista como cortina de
humo de sus verdaderas intenciones.
Las políticas de austeridad aplicadas de forma vanguardista por la
derecha catalana han sido conectadas de forma plena con las mismas
políticas en su dimensión europea, al tiempo conectadas con la acción y
el discurso conservador que la derecha española desarrollaba en España.
Ataques continuados a los derechos y las conquistas sociales,
privatización del sector público y amplio discurso ideológico para poder
desarrollar en el ambiente propenso todo tipo de recortes,
privatizaciones, agresiones y actos de desposesión generalizada.
En Cataluña se ha puesto en marcha una acción sistemática de cambio
de modelo social y territorial y de desguace planificado y sincronizado
del Estado del Bienestar y de los Bienes Comunes con desfiscalización,
fraude, recortes y privatizaciones. El debate de las balanzas fiscales
(donde existe independientemente de la metodología un problema real de
descompensación y falta de transparéncia) se utiliza de forma víctimista
para ocultar el modelo clasista a la hora de afrontar la redistribución
de la riqueza.
Frente a esto, la alianza entre movimiento social y ciencia ha sido
clave para la aparición de una ciudadanía más sabia, más participativa,
más activa, que quiere ser protagonista e intervenir en las decisiones
sobre las dinámicas y procesos que se quieren implementar en los lugares
donde viven. En muchos casos estos ciudadanos organizados se han
convertido en los auténticos garantes de los intereses de todos y del
bien común, por encima de los intereses privativos. Experiencias de
lucha contra la MAT, el fracking, la incineración de residuos y los
vertederos descontrolados o contra las nucleares y los trasvases
representan un modelo de país hoy indispensable para construir la
alternativa, junto a los que han luchado por un sistema de salud, de
educación, de vivienda o de derechos laborales y tienen muy claro qué
país quieren en estos ámbitos.
El programa mínimo para gobernar en Cataluña o en España debe partir
de la experiencia de fracaso de las políticas de austeridad y recortes y
de la experiencia de la contestación y movilización ciudadana. Quien se
aferre a las lógicas institucionales de los últimos 30 años, incluyendo
las del tripartito de izquierdas en Catalunya o las proyecciones
mecánicas de gobiernos con el PSOE, se equivoca.
El resumen de todo ello tiene que ver con la democracia como
mecanismo de control, planificación y propuesta para organizar lo que es
de todos y todas; lo público. Como bien afirmaba en un artículo
reciente Joan Subirats, "la democracia como -nuevo- contrato político y
social".
Es por ello que la democracia se convierte en el polo, en el vértice
de respuesta a la triple crisis que nos ocupa, económica y social,
política y de modelo de Estado. La respuesta a los tres retos es más
democracia, y sin más democracia ninguno de los tres retos tiene
solución satisfactoria para las clases populares.
Ahora es el momento de sumar las experiencias sociales y políticas de
transformación en nuevas fórmulas que superen el caduco modelo político
de la Transición. Hoy las fuerzas políticas transformadoras, las
organizaciones sociales y la ciudadanía crítica deben dar lugar a nuevas
fórmulas políticas de participación política-electoral relacionadas a
la movilización y con voluntad de alternativa a las instituciones.
Las fuerzas políticas transformadoras debemos formar parte de la
corriente de fondo de cambio, de forma compartida con miles y millones
de personas críticas, que en las elecciones municipales y generales de
2015 deben derrotar a las derechas en pueblos y ciudades y también en
las Cortes de Madrid.
El Parlamento y el Gobierno de Cataluña no son diferentes; si somos
capaces de sumar para ganar pueblos y ciudades, y si seremos capaces de
sumar para ganar el Gobierno del Estado, debemos ser capaces de sumar
para ganar Cataluña. Ganar Cataluña debe convertirse en una realidad
política que complete el ciclo electoral de cambio.
La única solución para afrontar los retos de construir un nuevo
proyecto de país es la de no tener miedo a la democracia, y apostar de
forma radicalmente decidida por un proceso que dote de más poder
político al único soberano realmente existente en nuestro país, el
pueblo.
Un proceso constituyente para construir nuevas bases económicas,
políticas, sociales y territoriales sobre las que asentar un proyecto
común de convivencia entre pueblos libres e iguales. Este proyecto debe
estar basado en el respeto verdadero a los derechos humanos, algunos de
ellos mencionados en la Constitución del 78 y al Estatuto de 2010, pero
desgraciadamente no ejercidos ni respetados en la práctica, como el
trabajo, la salud, el educación, la vivienda, la libertad de expresión y
manifestación, la participación política o la libre determinación de
los pueblos.
Un nuevo proceso constituyente que ya ha comenzado y que no puede ser
restringido a una simple reforma constitucional, y mucho menos a una
reforma constitucional cosmética y limitada.
El manejo y la planificación de recursos y sectores estratégicos de
nuestra economía, la superación de las limitaciones de leyes electorales
y sistemas bipartidistas de reparto de los poderes públicos, la
privatización de derechos y servicios públicos como la vivienda, la
salud o la educación, por no hablar de la energía, el agua o el suelo,
nos indican que, para poder reconstruir este proyecto común que hace
aguas por diferentes vías, son los intereses de los diferentes pueblos
los que deben protagonizar la agenda y las propuestas de solución.
Un proceso constituyente a nuestro entender es un proceso federativo y
republicano. República entendida no sólo como un cambio democrático del
jefe del Estado, sino como poder ciudadano organizado al servicio del
bien común.
El proyecto federal no sólo significa descentralización
administrativa y respeto y apoyo al poder local de los ayuntamientos;
significa una nueva organización política común sobre nuevas bases
cooperativas con respecto a la libre decisión de los pueblos.
Un proyecto federal hace una propuesta positiva de nueva relación
entre los diferentes pueblos de España y tiene en cuenta un cambio
necesario en la construcción europea, una nueva oportunidad que haga que
la cooperación conlleve muchas más ventajas que el alejamiento o el
enfrentamiento. No esperamos que esto lo hagan las derechas: si éstas
lideran el proceso, el fracaso y el enfrentamiento está servido.
En Cataluña se abre en otoño un momento político que ni la derecha
nacionalista y conservadora catalana ni la derecha nacionalista y
conservadora española pueden protagonizar si queremos hacer prevalecer
los intereses populares. Las derechas que tanto han coincidido en el
modelo de los recortes y la austeridad no pueden liderar en Cataluña ni
en el resto del Estado Español las opciones de construcción de nuestro
nuevo modelo de convivencia. Son las izquierdas, los movimientos
sociales y la ciudadanía crítica los que en un marco constituyente deben
presentar una alternativa sólida que dote de capacidad real de decidir a
los pueblos y que al mismo tiempo plantee una propuesta común.
Este nuevo marco constituyente es lo que puede generar el nuevo país
en el que valga la pena vivir y por el que valga la pena luchar, en
función de las personas que lo habitan y no en función de las grandes
fortunas y sus marcas políticas. La ciudadanía ya no espera, y ha
empezado a protagonizar el cambio.
* Diputado en el Congreso por Izquierda Plural
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