Ley del aborto: “Si se aprueba la ley habrá desobediencia”.
El Gobierno prepara la aprobación de la ley para verano, a pesar del rechazo desde dentro y fuera del Estado.
Teresa García Espejo. Redacción⎮Diagonal⎮04/07/14⎮Edición impresa
JAVIER HERNÁNDEZ
El
anteproyecto de Ley del aborto propuesto por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un rotundo rechazo social, liderado
por el movimiento feminista, en todo el Estado español. La
movilizaciones más numerosas tuvieron lugar en febrero, pero las
concentraciones y manifestaciones de repulsa no han cesado. En países
europeos como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido también se han
producido protestas, así como en algunos Estados latinoamericanos, como
Perú y Ecuador. Incluso Naciones Unidas ha instado al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la ley que actualmente está en vigor,
según denuncia Amnistía Internacional. Esta organización considera que
el texto planteado por el Ejecutivo vulnera los derechos humanos y ha
puesto en marcha distintas acciones para evitar su aprobación. A través
de una acción internacional de recogida de firmas, más de 100.000
personas de 150 países han mostrado su rechazo a la propuesta del
Gobierno.
De aprobarse la nueva ley, sólo podrán abortar legalmente el 3% de las mujeres que decidan hacerlo
Amnistía Internacional ha enviado también una carta a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría,
suscrita por 176 entidades, para pedir la retirada del anteproyecto.
Marta Mendiola, responsable de derechos económicos sociales y culturales
de esta organización declara que el nuevo texto es “una medida regresiva con serios impactos sobre el derecho a la salud que
hace peligrar la vida de mujeres y niñas, en especial, las que están en
situación de vulnerabilidad”. En este sentido, Mendiola subraya que
introduce “obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro, cuestiona
la capacidad y el derecho a decidir de las mujeres, y restringe su
autonomía”.
El delito de abortar
El
aborto siempre ha estado tipificado como delito en el Código Penal.
Tras el franquismo, la primera regulación se aprobó en 1985 y sólo
permitía abortar en tres supuestos: violación, durante las 12 primeras
semanas; grave riesgo para la salud psíquica o física de la madre, sin
límite de tiempo; y malformación del feto, en 22 semanas. Según la
Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (ACAI), esta norma generaba una grave situación de indefensión
legal, tanto para las mujeres como para el conjunto de profesionales
médicos que practican abortos. La siguiente ley, hoy en vigor, es de 2010 y reconoce el aborto libre en las primeras 14 semanas.
Después de este período, también fija supuestos para abortar dentro de
la legalidad: en caso de grave riesgo para la salud de la embarazada o
graves anomalías en el feto (22 semanas) y, en cualquier momento, si son
anomalías fetales incompatibles con la vida.
El
anteproyecto de Ley que ahora quiere aprobar el Gobierno elimina el
aborto libre y, aunque el texto inicial limitaba a dos los supuestos
para abortar, es previsible que también se incluya un tercero, el de malformación fetal. Los
otros dos casos son el de violación, dentro de las 12 primeras semanas y
siempre que la mujer haya presentado denuncia, y por riesgo para la
salud psíquica y física de la madre, en 22 semanas, “cuando el embarazo
produzca un menoscabo importante a su salud, con permanencia o duración
en el tiempo –especifica textualmente el anteproyecto– y así se constate
en un informe motivado y emitido por dos médicos de la especialidad
correspondiente a la patología”, puntualiza el texto.
Para Amnistía Internacional, la obligación de que las víctimas de una violación tengan que poner una denuncia “puede suponer una gran barrera para mujeres migrantes en situación irregular que, al denunciar, podrían ser expulsadas del
país”, señala Marta Mendiola. Por otro lado, el Código Penal prevé
penas para los médicos que intervengan en la interrupción del embarazo
de entre cuatro a ocho años de prisión, y de hasta diez años de
inhabilitación. Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid,
considera que “se crea una absoluta inseguridad jurídica para las
mujeres y para los profesionales” y vaticina un panorama de juicios y
denuncias en los casos de las mujeres que puedan abortar dentro de
nuestras fronteras, aunque en su opinión, “la mayoría tendrá que
recurrir al aborto clandestino o hacerlo en otro país”.
Una Ley contra las mujeres
Montero
sostiene que la nueva ley es “inaplicable” y, de aprobarse, sólo podrán
abortar legalmente el 3% de las mujeres que decidan interrumpir su
embarazo, es decir, el porcentaje que suponen los casos de malformación
fetal. Además, el hecho de que las mujeres tengan que demostrar graves y
permanentes daños en su salud psíquica es, para Justa Montero,
someterlas “al maltrato y la humillación”. Por su parte, la Asociación
de Clínicas Acreditadas ha criticado que “el sector conservador del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” haya conseguido que este
órgano apruebe un informe favorable a “la Ley Gallardón”, según informa
ACAI en una nota de prensa. Esta Asociación considera que el CGPJ ha
legitimado la pérdida de derechos básicos de las mujeres y “se redunda
en la estigmatización” del grupo de profesionales médicos que se dedican
a la interrupción voluntaria del embarazo. La mayoría absoluta con la
que gobierna el Partido Popular también ha permitido que se celebre el
Seminario Internacional por el Derecho a la Vida,de clara inclinación antiabortista,
en las instalaciones del Congreso de los Diputados entre los días 3 y 4
de julio, y la nueva ley del aborto podría ser aprobada a lo largo de
este mes. En opinión de Montero, “esta ley contiene una profunda carga
ideológica que tiene que ver con el encuentro de parlamentarios por el
derecho a la vida. Se trata de la negación de la capacidad de decisión
de las mujeres, que no son consideradas como sujetos con capacidad para
decidir sobre su vida”.
En
la misma línea, Aitana Garí, del colectivo Las Lilas, añade que “el PP
está intentado imponer una moral que nos impide decidir, es machismo
puro y duro, y lo que quieren es controlarnos y meternos en casa”. En
este sentido, Justa Montero acusa al Gobierno de erigirse en portavoz
de la jerarquía católica, “de los sectores más de ultraderecha y más
patriarcales” que se han opuesto a todo avance en igualdad. La portavoz
de la Asamblea Feminista de Madrid recuerda que el calendario de
movilizaciones sigue abierto y advierte de que la lucha feminista no va a
parar. “Si se aprueba la ley, habrá desobediencia civil en la práctica y
la vamos a librar todas las organizaciones feministas y todos los
sectores que apoyan el derecho a decidir de las mujeres. Esta ley no se
puede aceptar”, concluye Montero.
17 mujeres presas en El Salvador por abortar
Llegaron
desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud.
Las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado,
obligándolas a dejar el hospital para entrar en la cárcel. Ahora 17
mujeres cumplen condena en El Salvador acusadas de haber abortado, una
práctica castigada con la prisión en este país centroamericano.
Coincidiendo con el Seminario Internacional por el Derecho a la Vida,
donde figuran parlamentarios de El Salvador, el 1 de julio ha sido
convocada una concentración frente a la embajada de este país en Madrid.
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inforelacionada
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