Allende nuevamente asesinado. Juan
Pablo Cárdenas
Diario U de Chile
A pesar de que existen presunciones tan fundadas en cuanto a que Salvador
Allende habría sido ultimado en La Moneda, la versión oficial, como la de su
propia familia, insisten en que éste se suicidó en 11 de septiembre de 1973. Sin
embargo, lo que no podrá negar la historia es que su pensamiento y legado han
sido trágicamente asesinados durante la posdictadura por quienes aún se
proclaman como sus admiradores y compañeros de ruta.
Habla de ello el hecho de que todavía nos rija la Constitución de Pinochet y
de que permanezcan en la más completa impunidad los terroristas que consumaron
su derrocamiento. Pero también que, después de veinticinco años, los niveles de
injusticia social sigan tan vigentes, así como que se haya pronunciado en este
tiempo la brecha entre los ingresos de los más ricos y los más pobres. Como
consecuencia, por supuesto, del sistema económico y social del Régimen Militar y
sacralizado durante los gobiernos que estaban llamados a restablecer la
Democracia y los derechos del pueblo.
Como se asume, las privatizaciones emprendidas por Pinochet siguieron su
curso durante los gobiernos posteriores, al grado de que hoy la presencia del
Estado en la producción y la economía no excede del treinta por cierto. La gran
minería del cobre y otros estratégicos minerales acrecentaron, incluso, su
dominio extranjero durante los gobiernos de la Concertación autoproclamados de
centroizquierda. Por supuesto que vulnerando flagrantemente aquella Ley de
Nacionalización dictada por la unanimidad del Congreso Nacional durante los mil
días del extinto gobernante. De la misma forma que su ideal de la educación
gratuita se extinguiera con la proliferación de universidades y colegios
destinado a lucrar con este derecho tan fundamental.
Allende jamás habría consentido en que la salud y la previsión fueran
asaltadas por las isapres y las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFPs) que
medran hasta hoy del ahorro de los trabajadores chilenos, como que servicios tan
estratégicos como el agua, la electricidad y el gas hayan sido entregadas a
dominio privado por la Dictadura, como por los gobiernos posteriores. De esta
forma, estamos ciertos que le resultaría inaceptable que todavía los sindicatos
no recuperen sus derechos conculcados; que el diario El Clarín nunca haya
reaparecido y que, con recursos fiscales se haya enmudecido a un grupo de
impostores que nada tuvo que ver con la propiedad del periódico de mayor
circulación de nuestra historia republicana.
Imagino, también, lo perplejo que estaría Allende al comprobar la
descomposición moral de nuestros legisladores y gobernantes sobornados hasta por
empresas como las de un Ponce Lerou, amigo y cómplice de los crímenes de lesa
humanidad cometidos luego de su muerte. Tampoco creo que su visión
latinoamericanista y tercermundista podría compartir la posición actual de
nuestra Cancillería, el desdén chileno a nuestros países vecinos y la indigna
actitud de nuestro país ante los Estados Unidos, de donde se auspició la
acometida golpista que lo derrocara , bombardera e incendiara la sede de nuestro
Poder Ejecutivo.
Estamos seguros que, menos todavía, Allende podría dar crédito a ese
socialismo tan renovado que se apoderó de su partido, e hizo de un militante de
esta colectividad acometiera el gobierno más aplaudido por la derecha política y
patronal de nuestro país. Ni menos, todavía, que parlamentarios del Partido
Comunista hayan rendido homenaje en el Parlamento a la memoria de Jaime Guzmán
y, desde la testera de la Cámara Baja, se haya consentido con religioso silencio
y de pie con el tributo rendido a propio Augusto Pinochet en la conmemoración
del día de su natalicio.
De esta forma es que, si ya pareciera imposible corregir su certificado de
defunción, nos parece justo consignar que su ideario y heroica lucha han sido
traicionadas y asesinadas por quienes lo conocieron, se llenan sus bocas en su
recuerdo y salen al extranjero a proclamar, impúdicamente, que el actual
gobierno tiene como propósito ser lo más parecido al gobierno de la Unidad
Popular.
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