Ha pasado más de un año desde que
el Presidente Barack Obama reconoció que “inmediatamente después de los
atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas
bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de Obama,
el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos
para permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es
más que un eufemismo para referirse a la tortura. Del complejo carcelario de
Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak y
la base aérea de Bagram en Afganistán, cientos, quizá miles de personas fueron
sometidas a tortura en nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A excepción
de algunos soldados raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido responsabilizada
de esto. La única persona de jerarquía enviada a prisión por el programa de
torturas fue John Kiriakou, no por haber practicado la tortura, sino por haberla
denunciado como informante.
La apariencia legal con la que se cometieron estos actos atroces se fundó en
gran medida en la cooperación de psicólogos profesionales que capacitaron y
asesoraron a los interrogadores y supervisaron el proceso de “quebrar” de los
prisioneros. Esta cooperación, a su vez, requirió la aprobación oficial de la
Asociación Estadounidense de Psicología ( APA , por sus siglas en inglés), la
mayor organización de psicólogos profesionales del mundo. En 2006, la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría junto con la Asociación Estadounidense de Medicina
prohibieron que sus miembros participaran en interrogatorios militares. No así
la APA .
Este mes, la APA publicó un sorprendente informe independiente que confirma
lo que denunciantes y psicólogos disidentes han sostenido durante casi diez
años: que la APA conspiró con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la
CIA para manipular las políticas, reuniones y a los miembros de la asociación
para lograr que la APA aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta
directiva de la asociación encargó el año pasado la realización de una
investigación independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El
informe de 542 páginas, conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la
APA había afirmado en varias oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros
había sido cómplice de tortura.
Uno de los psicólogos disidentes es Stephen Soldz, catedrático de la Facultad
de Psicoanálisis de Boston y cofundador de la Coalición por una Psicología
Ética. “Desde al menos 2005 ha habido un gran debate en la asociación y entre
colegas de la profesión acerca de la participación de psicólogos en los
interrogatorios de seguridad nacional y en la práctica de la tortura", dijo
Soldz en Democracy Now! tras la publicación del informe. Soldz añadió: "La
asociación lo ha negado. El informe dice que la asociación se equivocó, los
denominados disidentes, los críticos teníamos razón. El informe concluye
fundamentalmente que hubo una conspiración que duró varios años entre los
líderes de la asociación y representantes de agencias de inteligencia del
Gobierno de Bush: el Departamento de Defensa y la CIA”.
El informe Hoffman investiga las prácticas de una un grupo de trabajo clave
creado por la APA , el Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y
Seguridad Nacional, también conocida como Grupo de Trabajo PENS . El grupo fue
creado en 2005 y, en teoría, debía reunirse para establecer las normas éticas
para los psicólogos que supervisaban los interrogatorios. Después de solo dos
días y medio de deliberaciones, el grupo concluyó que los psicólogos estaban
desempeñando un “papel valioso y ético” en su colaboración con las fuerzas
armadas. El grupo PENS alentó a la APA “a garantizar que las actividades de los
psicólogos relacionadas con la seguridad nacional son seguras, legales, éticas y
eficaces”. Posteriormente se reveló que seis de los nueve miembros del grupo con
derecho a voto eran funcionarios militares o de agencias de inteligencia con
vínculos directos con los interrogatorios llevados a cabo en Guantánamo y otros
lugares.
Jean María Arrigo, miembro del Grupo de Trabajo PENS afirmó en Democracy
Now!: “Valoro que me diga que me invitaron para participar. En realidad, me
nombraron para engañarme”. Arrigo fue la primera persona que denunció al grupo
de trabajo como una legitimación de la tortura. Arrigo añadió: “La manipulación
comenzó desde el principio. Por ejemplo, me sentaban, no aleatoriamente ni por
elección propia, entre Morgan Banks, director del Equipo de Asesoramiento en
Ciencias del Comportamiento ( BSCT ) y el ahora presidente de la APA , Barry
Anton, que era entonces el vínculo entre la junta directiva de la APA y el grupo
de trabajo”. Arrigo explicó que el grupo de trabajo era básicamente dirigido por
psicólogos del Pentágono, algunos de ellos incluso vestidos de uniforme. A pesar
de que se le pidió que no tomara notas, igualmente lo hizo y desde entonces creó
los archivos del Grupo de Trabajo PENS en la Universidad de Colorado, Boulder. A
Arrigo se le mintió sobre el proceso deliberativo del grupo PENS al sugerirle
que en reuniones futuras abordarían sus preocupaciones acerca de la tortura.
El informe Hoffman está teniendo fuertes repercusiones en la APA . El
director de la Oficina de Ética de la APA , Stephen Behnke, considerado el
“jefe” de la conspiración entre la APA , el Pentágono y la CIA , ha sido
destituido. Además, esta semana se jubilaron sorpresivamente el director
ejecutivo de la APA , el Dr. Norman Anderson; el subdirector ejecutivo, el Dr.
Michael Honaker; y la jefa de comunicaciones, Rhea Farberman.
Cuando le pregunté a Stephen Soldz si se deberían presentar acusaciones
formales, respondió: “Se demostró que estas personas y las demás estuvieron muy
involucradas en la conspiración. Trabajaban con Behnke, eran informadas de lo
que Behnke hacía, lo ayudaron, ayudaron a seleccionar a los miembros del grupo
de trabajo PENS , trabajaron en las políticas y socavaron sistemáticamente la
voluntad de los miembros. Debería haber una investigación judicial”. Soldz está
instando a que el FBI y el Departamento de Justicia inicien una investigación.
Mientras tanto, Stephen Behnke, el director de ética de la APA que fue
destituido esta semana, ha contratado como abogado al ex director del FBI Louis
Freeh.
© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto
en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,
spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional
que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés
y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el
sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos",
editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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