Luego de 17 horas de negociaciones con los jefes de gobierno
de los países que comparten la moneda común europea, el primer ministro griego
Alexis Tsipras aceptó la imposición de medidas draconianas que anulan la
soberanía griega...
Luego de 17 horas de negociaciones con los jefes
de gobierno de los países que comparten la moneda común europea, el primer
ministro griego Alexis Tsipras aceptó la imposición de medidas
draconianas que anulan la soberanía griega, a cambio de un acuerdo para la
búsqueda de un nuevo plan de rescate por 86 mil millones de euros. El parlamento
griego tiene hasta el miércoles para aprobar todas las reformas comprometidas
por Tsipras, entre las que se incluyen exigencias rechazadas de manera
contundente por la población en el referendo del domingo 5 de julio: aumento de
impuestos regresivos, limitación del sistema de pensiones, privatización de
bienes públicos estratégicos e involucramiento del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Por si fuera poco, la soberanía griega quedará
abolida de facto, por disposiciones como la incapacidad del país de votar
reformas sin la previa aprobación de los acreedores, y la cesión de activos
estatales a un fondo de cobertura fuera del control
gubernamental.
Es necesario puntualizar que el gigantesco
préstamo negociado por el gobierno griego no representa un rescate de su
economía ni está destinado a mejorar las precarias condiciones de vida de una
población con más de un cuarto de sus habitantes en el desempleo, pues el dinero
será usado casi íntegramente para cubrir las deudas con los acreedores. Es
decir, Alemania y otros países prestarán capital que cobrarán los bancos
alemanes, franceses e italianos pero será pagado por Grecia mediante recortes
brutales a su presupuesto, tal como sucedió en los dos rescates anteriores.
Además, en las negociaciones no se contempló la posibilidad de una condonación
de la deuda, pese a que existe un reconocimiento generalizado de que ésta
resulta impagable, aun si Grecia se sometiera por completo a los dictados de sus
acreedores.
En este complicado escenario el presidente de
la Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la Unión Europea–,
Jean-Claude Juncker, sostuvo que las condiciones impuestas a
Grecia constituyen un arreglo típico de Europa; por contraste, para muchos
observadores es claro que el nuevo plan de rescate griego atenta contra el
proyecto continental. El premio Nobel Paul Krugman, entusiasta de la integración
europea pero crítico de la manera en que se ha manejado la crisis, ha sido
tajante al señalar que las exigencias de Alemania tienen todos los visos de una
venganza política más que de una solución económica, y ha afirmado que el caso
griego demuestra que ser miembro de la eurozona significa que los acreedores
pueden destruir tu economía si te sales del guión.
Reputados economistas, como el propio
Krugman y el también Nobel Joseph Stiglitz,
han señalado de manera reiterada que esta política de austeridad
provoca estancamiento económico y desempleo, privando a las naciones en
dificultades de recursos que les permitan hacer frente a sus compromisos y
financiar su desarrollo.
Como era de esperar, el viraje en las posturas
soberanistas y radicales del gobierno griego y su virtual sometimiento al nuevo
plan de rescate –indistinguible del que había sido rechazado por la población
helena, por su carácter lesivo contra los ciudadanos más desfavorecidos– ya está
causando fracturas dentro del gobernante partido Syriza. Debe
recordarse que esta fuerza de izquierda alcanzó el poder precisamente por su
oposición a la política de austeridad impuesta bajo presión de la canciller
alemana Angela Merkel. El pasado viernes, cuando se votó un
primer paquete de reformas, varios diputados de la referida coalición de
izquierda se ausentaron, abstuvieron o votaron en contra; paradójicamente, la
propuesta de Tsipras recibió los votos de la oposición, encabezada por los
partidos tradicionales Nueva Democracia (conservador) y Socialista Panhelénico
(socialdemócrata). Ahora la inestabilidad interna es inminente: miles de
ciudadanos protestan contra lo que consideran una traición del gobierno,
mientras el ministro del Trabajo, Panos Skurletis, advirtió que
debe convocarse a nuevas elecciones este año.
Pero más allá de las dificultades que pueda tener
un gobierno en el que se habían depositado enormes expectativas, es preocupante
la constatación de que los poderes fácticos constituyen cuentan con capacidad
para imponer límites a las elecciones democráticas y los procesos soberanos,
hasta el punto de anularlos. Una vez más, las decisiones de los grandes
capitales se imponen a las necesidades y voluntades de millones de seres
humanos, en una lógica depredadora de la que ninguna nación parece estar a
salvo.
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