La resolución del Parlament de
Catalunya sobre el cierre de los CIE, consecuencia del trabajo de 200
organizaciones civiles, abre una vía para impulsar un cambio de las política
smigratorias en todo el Estado.
El pasado 2 de julio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Parlament de Catalunya aprobó una resolución bajo una amplia mayoría que será
refrendada en el pleno, entre los días 22 a 24 de julio. En ella se insta al
Gobierno de la Generalitat a que exija al Gobierno del Estado “iniciar en el
plazo más breve posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los
Centros de Internamiento de Extranjeros”. Dicha resolución, que incluye
otros muchos puntos importantes, se adoptó después de que una fuerte
movilización social convocada por más de 200 entidades ante el CIE de
Barcelona en octubre motivara la creación de un 'Grupo parlamentario de trabajo
sobre modelos de CIE' en el que se han desarrollado debates y comparecencias de
expertos y miembros de organizaciones sociales durante seis meses.
Todo ello ha sido acompañado de un trabajo paciente, pedagógico y determinado
de incidencia política con las diputadas responsables de esta materia de cada
grupo parlamentario. Trasladar con argumentos, determinación y empatía, no
solamente que es importante cerrar los CIES para respetar los derechos humanos,
sino que además es viable jurídicamente y eficaz desde el punto de vista de
las políticas públicas en materia migratoria. Deshacer creencias a través de
estadísticas y estudios, plantear caminos realistas de Cierre, y visibilizar las
realidades de las afectadas ha sido clave en este camino.
Entendemos que estamos ante una resolución histórica debido a que es la
primera vez que un Parlamento autonómico se muestra favorable a cerrar los
CIES y a abrir un proceso de cambio de paradigma en la política migratoria y
de extranjería. Durante años parecía que lo único que podríamos lograr era
mejorar los CIES e incluso se planteaba como una dicotomía lograr mejoras con
caminar hacia su CIErre. Sin embargo, tras años de mucha dedicación, esfuerzo y
enfoque estratégico se ha logrado ese objetivo que siempre planteábamos:
“Celebramos cualquier medida que suponga mejorar los derechos de las personas
que son internadas en los CIES, pero los incluimos en un camino irreversible
hacia su Cierre”.
La dicotomía, falsa a mi entender, entre reformar la institución y
abolirla nunca fue cierta. Creo que uno de los aciertos más importantes ha
sido insertar las pequeñas victorias logradas, como la retirada de mamparas en
los locutorios, la mejora legal y real de los mecanismos de protección de
derechos o la ampliación de los horarios de visita, entre otras, en ese camino
de CIErre. Y repetirlo de manera firme, determinada y consecuente.
Esta importante resolución, además de condicionar la eventual construcción de
un Estado catalán en materia migratoria y de extranjería, podría suponer
el punto de partida para generar un efecto dominó en el resto del Estado.
Es imprescindible que, con carácter previo a las elecciones generales, por un
lado, se multipliquen las resoluciones institucionales en Ayuntamientos o
Parlamentos Autonómicos instando al cierre de los CIES para contagiar, por otro
lado, a los programas de algunos partidos.
Tras años de acompañamiento a las personas internadas, de miles de charlas,
ponencias y debates, de batallas jurídicas para frenar deportaciones y
garantizar derechos, de movilizaciones, de desobediencia civil de las personas
afectadas a las deportaciones, quizá ha llegado el momento de creernos de
verdad que podemos lograr cerrar los CIE en los próximos años y actuar
acorde con dicho convencimiento. Sin creérnoslo, nunca lo lograremos. Y para
lograrlo, hemos de seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero
redoblando los esfuerzos para movilizar a la ciudadanía y para diseñar y poner
en marcha juntas una estrategia inteligente de incidencia política que lleve a
ubicar el CIErre como símbolo que logre imponerse ante la aparición eventual
de un nuevo gobierno. Porque cerrando los CIE, lograremos también comenzar a
cambiar el paradigma en lo que respecta a políticas migratorias y de
extranjería.
Andrés García Berrio, miembro del Observatorio del Sistema
Penal y los Derechos Humanos de la UB
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