Un fantasma nacionalcatólico
recorre la Historia de España y alcanza nuestros días. Buena parte de los
litigios actuales entre el estado (laico) y la iglesia católica tienen su origen
muchas décadas atrás, pero se prolongan y pueden apreciarse hoy en el modelo de
financiación, la fiscalidad, la educación o la influencia (aunque en declive) de
la jerarquía católica en asuntos morales. Este poso histórico puede extraerse de
la lectura de “La cruz en las aulas”, publicado en la colección “A Fondo” de
Akal, cuya autoría corre a cargo de un especialista en la materia. Además de
presidente de Europa Laica, Francisco Delgado ha sido miembro del Consejo
Escolar del Estado durante 15 años, y autor de libros como “Hacia la escuela
laica” (2005) o “Evanescencia de la escuela pública” (2013).
Francisco
Delgado toma partido por el laicismo. Recomienda a los políticos actuales la
lectura de un texto, vigente, de Gil de Zárate, director general de Instrucción
Pública a partir de 1835 y una de las personas que intervino en el Plan de
Estudios de 1845 (“Plan Pidal”): “La cuestión de la enseñanza es cuestión de
poder. El que enseña, domina. Entregar la enseñanza al clero es querer que se
fomenten personas para el clero y su moral y no por el estado; es, en suma,
hacer soberano al que no debe serlo. Nos toca al poder civil indicar a los
obispos la conducta que deben seguir y no al contrario (…)”. Un texto escrito
hace más de siglo y medio que podría argüirse en los debates actuales.
El
concordato de 1851 firmado por la monarquía de Isabel II con Pío IX lega buena
parte de su base filosófica al concordato franquista de 1953 (hoy todavía no
derogado), y también a los acuerdos actuales y vigentes de 1976 y 1979 con la
Santa Sede; esta situación “ha venido perpetuando –a lo largo de más de 160
años- enormes privilegios políticos, jurídicos, tributarios, económicos y
patrimoniales concedidos por el Estado a la Iglesia Católica”, explica Francisco
Delgado. El único paréntesis en esta tendencia lo constituyó la II
República.
La enseñanza de Religión en las aulas también tiene
antecedentes históricos, en este caso en los inicios del siglo XX. En 1913 se
planteó la “cuestión del catecismo”, a cerca de la cual el Consejo de
Instrucción Pública dispuso lo siguiente: “Las enseñanzas de Doctrina y Nociones
de Historia Sagrada continuarán figurando con carácter obligatorio en el plan de
estudios de las escuelas públicas de instrucción primaria, quedando exceptuados
de recibirlas los hijos de los padres que así lo deseen”. Salvado el lapso
histórico, el entrecomillado resume los enfoques actuales sobre la didáctica de
la religión.
Las andanzas de algunas instituciones permiten observar los
intereses en juego. Hasta hoy. Francisco Delgado define la CONCAPA
(Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) como
la organización familiar que fue “la gran aliada de la jerarquía católica y de
la dictadura hasta la llegada de la democracia”. A partir de 1979, la CONCAPA
actuó como “punta de lanza” para que la Conferencia Espiscopal no perdiera sus
privilegios y además difundir el catolicismo en la enseñanza. En las últimas
décadas se han sumado a esta labor organizaciones como los “Kikos” (Camino
Neocatecumenal). Delgado recuerda una reunión de la CONCAPA en Burgos (octubre
de 1936), con proclamas nacionalcatólicas y, según las actas, peticiones a
Franco para que se repudiaran las escuelas de la II República.
No menor
vigencia tiene un documento de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal –“planteamientos ante la enseñanza” (septiembre de 1976)- en la que
hace visibles sus aspiraciones: el derecho a la libre elección de centros; la
libre creación de centros y su financiación; y la obligación cristiana en la
formación religiosa en todo tipo de centros. Precisamente uno de los nudos de la
cuestión tiene que ver con la financiación. Porque la Constitución de 1978,
explica Francisco Delgado, permite la libre creación de centros, pero no hace
explícito que el estado deba financiar estos centros de carácter privado.
Tampoco es asunto palmario que la Religión forme parte del currículo
escolar.
Por eso se agrega la coletilla del artículo 16.3, sobre la
consideración que los poderes públicos tendrán hacia las creencias religiosas de
la sociedad española. ¿Qué sentido tiene esta cláusula? “Generar ambigüedad en
paralelo a las negociaciones (ocultas) que se están manteniendo con el Vaticano
mientras se debate la Constitución”, apunta Francisco Delgado. Los Acuerdos del
Estado Español con la Santa Sede (1979) engarzan con la citada cláusula
constitucional con el fin de establecer unos criterios que, para muchos
expertos, son inconstitucionales; por ejemplo, que los planes educativos tengan
que incluir la Religión en los centros escolares en condiciones equiparables a
las disciplinas fundamentales.
De todas maneras, sostiene Delgado, “los
Acuerdos no expresan en ningún momento que el estado esté obligado a financiar
los centros de ideario católico”. El autor recoge una sentencia de la Audiencia
Nacional de 1984 y otra anterior, de 1983, que así lo apuntan; también una del
Tribunal Constitucional, en 1985. A pesar de todo, el PSOE, en el gobierno entre
1982 y 1996, creó el “régimen de conciertos con la enseñanza privada”, con el
pretexto de la falta de recursos estatales para la atención a todo el alumnado.
Hoy la financiación de la enseñanza privada católica supera los 4.000 millones
de euros anuales, según Europa Laica y las organizaciones sindicales.
Los
principios y las renuncias ideológicas se traducen en realidades materiales:
inversiones, centros educativos y número de aulas. La crisis económica apunta
una tendencia que señalan las cifras del Ministerio de Educación. El presupuesto
para educación pasó de 53.092 millones de euros en 2009 a 46.606 millones de
euros en 2013 (una reducción del 12%). Pero en ese mismo periodo la caída de la
inversión pública para los conciertos privados fue sólo del 3%. “Se han
eliminado, poco a poco y muy sutilmente, líneas y plazas escolares en la pública
–explica Francisco Delgado- mientras que aumentan en la privada, preferentemente
si es católica; sobre todo en Madrid, Valencia, Cataluña o Aragón”. Según
informaba El País en julio de 2013, la escuela pública perdió en dos años (desde
el curso 2010-2011) un total de 22.689 profesores, mientras que los alumnos a
los que debían impartir clase aumentaron en 191.484 (un 3,6%).
El libro
aborda el tratamiento de la religión en las aulas (la diferencia entre la Ley
Orgánica de Educación, de 2006, y la LOMCE (2014-2015) es que la segunda incluye
la evaluación para el expediente académico e introduce una materia alternativa;
en ambos casos la religión es de oferta obligatoria para los centros y
voluntaria para el alumnado); Pero Francisco Delgado se detiene en una cuestión
capital: la asunción por el estado de los salarios (y la seguridad social) de
las personas designadas por los obispos (o jerarcas de otras confesiones) para
impartir religión en los centros escolares. Es decir, unas 20.000 personas
designadas por el obispado en centros públicos y privados-concertados, que
representan 610 millones de euros anuales al erario público. En la escuela
pública, subraya el autor, forman “un batallón de verdaderos delegados
diocesanos que se dedican a hacer proselitismo religioso católico”, además de
practicar sustituciones o impartir otras asignaturas.
Mientras, en la
escuela pública proliferan crucifijos, imágenes, colocación de carteles, misas y
otros actos rituales, mucho más en los privados-concertados de carácter
religioso. Tal vez todo ello sea el resultado de una apuesta política, a largo
plazo, de la que daban cuenta los datos del INE en julio de 2012. El gasto
público destinado a la enseñanza privada-concertada se incrementó en un 29,8%
entre los cursos 2004-2005 y 2009-2010. El estado español es el segundo de
Europa, tras Bélgica, en aulas de carácter privado o privado concertado, muy por
encima (22 puntos) de la media continental. En Madrid (según los datos de CCOO
en enero de 2013), la escuela privada había aumentado su peso un 30% en la
última década, periodo en el que la pública decayó un 10%.
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