El pasado jueves 23 de julio ocurrió la más reciente manifestación en contra
de la extradición de ciudadanos colombianos. Desde tempranas horas Bogotá, Cali,
Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, fueron el escenario de plantones, jornadas
culturales y movilizaciones para apoyar el quinto punto de la plataforma general
del Movimiento Nacional Carcelario e insistir en la necesidad de que el Gobierno
decrete la Mesa Nacional de Concertación para avanzar en soluciones de fondo a
la grave situación carcelaria que vive el país.
La jornada de movilización también respaldó el Proyecto de Ley 009, radicado
el pasado 21 de julio y en el que se regula la figura jurídica de la
extradición, iniciativa legislativa impulsada por la bancada del Polo
Democrático Alternativo en Senado y Cámara de Representantes. La propuesta llama
al Estado colombiano a cumplir con su responsabilidad de administrar y aplicar
la justicia como corresponde.
“En Colombia la extradición ha aumentado dramáticamente durante los últimos
15 años, con más de dos mil personas extraditadas sin ninguna garantía
judicial”, afirmó una de las voceras de la campaña Por la Soberanía, No a la
Extradición, durante el plantón realizado en la ciudad de Cúcuta. Además, los
manifestantes coincidieron en que los constantes “errores judiciales” que han
tenido que padecer personas humildes del país, requeridas en extradición
principalmente por los Estados Unidos, son una clara violación a la dignidad
humana. “La extradición no sólo afecta a las personas requeridas sino a sus
familiares” afirmaron varios de los asistentes a la movilización en la ciudad de
Bucaramanga.
Figura jurídica
Según la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1106 del 2000, “el
fundamento de la figura de la extradición ha sido la cooperación internacional
con el fin de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior
burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el
que cometió el delito. (…) ha sido el interés de los Estados en lograr que los
delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la
impunidad. y (…) que permita garantizar los derechos de las personas que a ella
(extradición) se encuentren sometidos”.
Pese a estas afirmaciones, los familiares y amigos de los presos bajo la
consigna “la cárcel no es la solución, mucho menos la extradición”, denunciaron
que en Colombia existe una política criminal que opera como mecanismo de
represión social y política. Señalaron que la extradición fracasó en la lucha
contra el narcotráfico y por el contrario profundizó la guerra al promover la
impunidad.
Plan Colombia
Por otro lado, a pesar de la figura jurídica ya mencionada, la extradición
responde en la mayoría de casos ejecutados a demandas particulares de los
Estados Unidos y su 'estrategia de guerra contra las drogas' por medio del Plan
Colombia. No obstante, el país sigue siendo uno de los mayores productores y
exportadores de droga en todo el mundo.
Según el último informe mundial de drogas de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito -Undoc-, “América del sur sigue siendo el eje
principal de salida de cocaína al resto del mundo”. Colombia, junto con Perú y
Bolivia, sirven como países de salida y tránsito de cocaína con el resto del
mundo. El informe añade que “las incautaciones de heroína en los Estados Unidos
han aumentado desde 2008 (en 6,2 toneladas en 2013). Las autoridades han
informado aumento en el tráfico tanto de México y Sudamérica y, en 2014, México
informó que es un país de tránsito para la heroína producida en Colombia y con
destino a los Estados Unidos”.
Otra de las mayores preocupaciones que representa la extradición es que
permitió a varios jefes paramilitares evadir su responsabilidad al no realizar
las declaraciones necesarias en el proceso de justicia y reparación a las
víctimas del conflicto armado, ya que estando en Estados Unidos, por ejemplo,
responden a los delitos señalados por narcotráfico y no por aquellos de lesa
humanidad.
Desde hace más de 15 años el presupuesto de la nación se acondiciona para el
sostenimiento y aumento de la guerra, lo que implica modificar la política
carcelaria y penitenciaria, entre otros. Innumerables violaciones a los derechos
humanos ocurren en las cárceles como consecuencia de tal modelo, en el que gran
parte de la responsabilidad recae en el Plan Colombia que no ha permitido a la
administración de la justicia autodeterminación para hacer el respetar estos
derechos.
Se espera el avance durante los debates en el Congreso de la República de
este Proyecto de Ley 009. Una iniciativa del movimiento social por la soberanía
y la autodeterminación de la justicia colombiana. “Estamos reclamando soberanía
porque la justicia debe ejercerse en Colombia, la extradición rompe la familia y
viola las garantías judiciales, además se corre el riesgo de que haya maltrato y
torturas a las personas enviadas a otros países. Por eso nos sumamos al Proyecto
de Ley 009 que busca la reglamentación del código penal para reclamar
condiciones de dignidad y soberanía” concluyó el Senador Alberto Castilla.
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