Luego de ganar un referéndum de
forma abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras firmó un acuerdo humillante.
Treinta y ocho de sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex ministro de
Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta del parlamento. Varios altos
cargos renunciaron. Tsipras dice que no cree en el acuerdo que firmó, en el que
tampoco creen Francia y el FMI, porque no va a sacar a Grecia de la crisis y va
a profundizar la pobreza.
Las preguntas se apilan. El corresponsal de
Publico.es en Atenas Alberto Sicilia asegura (martes 14) que “Tsipras jugó
fuerte en la negociación”, pero que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang
Schäuble, “vio el órdago y les abrió a los griegos la puerta para irse del
euro”. Ante el jaque alemán, “Tsipras no llevaba cartas”, porque, según dijo,
“una Grexit (salida del euro) no planificada habría sido terrible para las
clases medias y bajas. Y no teníamos plan B porque siempre hemos querido el
euro”. Es posible que sea la explicación más aproximada de los motivos que
llevaron al gobierno griego a firmar un acuerdo que el semanario alemán Der
Spiegel (domingo 12), difícilmente calificable de izquierdista, definió como “un
catálogo de atrocidades” que Tsipras “se vio obligado a firmar con una pistola
en la sien”. Lo mismo sostuvo incluso la biblia de las finanzas, el Financial
Times, uno de cuyos editorialistas habló de “acuerdo versallesco” para graficar
el grado de sumisión al que fue sometida Grecia, similar al armisticio firmado
por Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial.
Si fuera así, hay dos
preguntas que necesitan ser respondidas. ¿No previó Tsipras que firmar
significaba la división de su partido y la pérdida de legitimidad de su
gobierno? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo, luego de cinco meses de
negociaciones en las cuales quedó clara la intransigencia alemana, no tuviera un
plan B al de la troika?
Culpar a Alemania de lo sucedido, algo que toda
la izquierda y parte del resto del espectro político está vociferando, aunque
libera de frustraciones tiene escasa utilidad y, sobre todo, permite esconder
durante un tiempo las propias inconsistencias. Porque de eso se trató en esta
historia: de una fuerza política que llegó a dirimir instancias de gran
trascendencia (geo)política sin la suficiente capacidad. O se pecó de ingenuidad
o se fue completamente irresponsable. Quizá una combinación de ambas.
Lo
firmado
El domingo 12 el gobierno griego aceptó un documento de siete
páginas que contiene tres partes. La primera son medidas para “restaurar la
confianza” del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la UE) en Grecia, que se
tenían que aprobar el miércoles 15. Incluyen el aumento del IVA, garantizar la
sostenibilidad a largo plazo del sistema de las pensiones mediante una reducción
drástica de su monto, independencia de la oficina de estadística y controles a
la evasión tributaria.
La segunda parte contiene propuestas que se deben
implementar antes del 22 de julio. Se trata de reformar el Código Civil y
adoptar las normas de la Unión Europea para rescatar bancos. Además, Grecia se
compromete a establecer un calendario para el recorte de las pensiones con
cláusula de déficit cero, la reforma del mercado interior para que sea “más
competitivo” (liberalizando sectores como medicamentos, lácteos y panaderías,
aperturas de tiendas en domingos, entre otros), privatizaciones (energía,
puertos, aeropuertos, empresa de telecomunicaciones), reforma del mercado
laboral mediante la “revisión y modernización de la negociación colectiva y la
acción sindical” facilitando los despidos, y finalmente una fuerte reforma del
sistema financiero y bancario.
Pero es la tercera parte del acuerdo la
que resulta más irritante. Para asegurar que se llevará a cabo el agresivo
programa de privatizaciones, el gobierno griego transferirá activos de su
propiedad a un fondo independiente que garantizará el pago del nuevo préstamo.
Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones
de euros, de los cuales 25 mil millones se utilizarán para pagar la
recapitalización bancaria, otros 12.500 millones para pagar la deuda y los
12.500 millones restantes serán utilizados para inversión en el país. En ese
fondo estarán incluidos el sector energético, transportes y telecomunicaciones,
cuyas empresas serán muy probablemente adquiridas, y a muy buen precio para los
compradores, por trasnacionales provenientes de los países
acreedores.
Además, el gobierno griego deberá consultar con la troika
cualquier borrador de nueva legislación antes de enviarla al parlamento y se
compromete a retirar o enmendar toda la legislación introducida a partir del 20
de febrero que fuera contraria al anterior acuerdo, como la reapertura de la
tevé estatal y la recontratación de funcionarios públicos despedidos por
gobiernos anteriores.
Si se aprueban todas estas reformas, consideradas
como “requisitos mínimos”, recién ahí la troika comenzaría a discutir el tercer
“rescate” de 82.000 millones de euros durante tres años.
En el último
párrafo del documento figura la propuesta del ministro alemán de sacar a Grecia
del euro. “Si no se llega a ningún acuerdo se ofrecerá a Grecia negociaciones
rápidas para una salida de la zona euro, con una posible reestructuración de la
deuda” (Der Spiegel, 12-VII-15).
El ministro griego de Defensa, Panos
Kamenos, aseguró que se produjo un intento de derrocar a Tsipras. “Fue amenazado
con el colapso de los bancos y el recorte completo de los depósitos” (Russia
Today, 14-VII-15).
El después
En los hechos, se trata de una
completa cesión de soberanía que permite que los acreedores aprueben leyes clave
antes de llevarlas a consulta pública o al parlamento. Tsipras debía saber que
este acuerdo tendría graves consecuencias.
La primera es la fractura de
su partido y, en menor medida, de su gobierno. La mayoría absoluta del comité
central de Syriza (109 en 201) rechazó el acuerdo y difundió un texto muy duro:
“El 12 de julio se produjo en Bruselas un golpe de Estado que demostró que el
objetivo del liderazgo europeo es la aniquilación para dar ejemplo de un pueblo
que buscaba otro camino a seguir más allá del modelo neoliberal de austeridad
extrema”. Algunos altos cargos del gobierno presentaron renuncia.
En el
parlamento las cosas tampoco marcharon bien. Ganó el acuerdo con 219 votos a
favor, 64 en contra y seis abstenciones. El Ejecutivo recibió el apoyo de la
oposición de derecha, en particular de Nueva Democracia, del ex primer ministro
Antonis Samarás, y de los socialistas. Un número para nada despreciable de 38
diputados de Syriza se desmarcaron del gobierno. Por lo tanto, en adelante
Tsipras puede tener que gobernar con el apoyo de sus adversarios en un eventual
gobierno de coalición, sobre todo para aprobar el resto del paquete impuesto por
Bruselas.
Una parte importante de la sociedad, incluyendo destacadas
voces de su partido, le mostraron a Tsipras que sí había alternativas. Por un
lado, las varias que elaboraron sus ministros y que el primer ministro desechó.
Varoufakis, por ejemplo, propuso un plan ante la eventualidad del cierre de los
bancos griegos por la troika: “Deberíamos haber puesto en circulación nuestros
propios pagarés, anunciar que íbamos a crear nuestra propia liquidez denominada
en euros; deberíamos haber tomado el control del Banco de Grecia” (Eldiario.es,
13-VII-15).
Por otro lado, Tsipras ni siquiera se prestó a debatir
seriamente la alternativa de salir del euro. No alcanzaba con decir que sería
peor, tenía que abrir un debate real sobre las consecuencias y los modos
posibles para enfrentarla, le reclamó la mayoría de la dirección de su
partido.
No hubiera sido fácil, claro, una Grexit. Según la economista
estadounidense Carmen Reinhart, ex funcionaria del FMI y especialista en las
“crisis de deuda”, la salida de una unión monetaria no es tan común como la
salida de políticas monetarias de cambio fijo. Desde 1982 hubo cinco casos:
Argentina en 2002 y en 1989, Perú en 1985, Bolivia en 1982 y México en 1982, en
los que las economías estaban dolarizadas y convirtieron de forma forzosa los
depósitos en dólares a la moneda local.
Si Grecia saliera del euro,
asegura Reinhart, el resultado sería similar. Los depósitos se convertirían en
dracmas (u otra moneda) sufriendo una drástica devaluación. “Se colapsaría la
confianza en el sistema y habría un dramático aumento de las deudas privadas y
públicas. El sector privado haría un impago de su deuda y la mitad de los
créditos del país no serían pagados, y si se incluyen las tarjetas de crédito
sería incluso mayor. Los ciudadanos dejarían de pagar impuestos y habría una
acumulación de euros u otras monedas” (Bloomberg, 9-VII-15). Las consecuencias
serían muy duras. “Si se produce la salida del euro, y sigue la conversión
forzada de los depósitos, el retroceso de la economía de Grecia es probable que
sea de larga duración.”
Al parecer, incluso los griegos opuestos al
acuerdo firmado por Tsipras eluden la salida del euro. Varoufakis señala que el
caso argentino es bien diferente al griego en tres aspectos. Tras el default, el
PBI argentino creció desde 2003 a 2008 a un promedio del 8 por ciento anual,
impulsado por las exportaciones de soja. Pero “los griegos no disponen ni de
soja ni de ningún producto agrícola que se pudiera exportar en semejante
escala”. Además, si Grecia saliera del euro “tardaría meses en introducir una
nueva moneda y un régimen cambiario”. Por último, “el impacto que les generó
Argentina a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue
significativo mientras que Grecia, al salir del euro, perdería subsidios a la
agricultura, fondos para el desarrollo y en general la cooperación económica con
otros países europeos empeoraría” (Russia Today, 14-VII-15).
Llegados a
este punto, sólo cabía resignar la soberanía o apostar por la dignidad nacional,
ya que el retroceso económico está garantizado en cualquier caso. Es cierto que
la presión de casi tres semanas de corralito debe sentirse con fuerza en una
sociedad ya empobrecida. Conviene recordar, no obstante, que no es fácil echar a
un país del euro y que aun estando fuera de la eurozona se puede utilizar el
euro, según lo recuerda el belga Eric Toussaint, presidente del comité de
auditoría de la deuda griega.
Legalmente Grecia no puede ser expulsada
de la zona euro ni por las instituciones europeas ni por un grupo de países.
Puede incluso salir de la UE y seguir utilizando la moneda, aunque ya no
emitirla. Sería un caso similar a los de Panamá y Ecuador, que usan el dólar, o
de Montenegro y Kosovo, que usan el euro.
Sin embargo, ahora Grecia
tampoco tiene soberanía completa sobre el euro, como sí la tienen los demás
países de la Unión. Los bancos centrales de cada país sólo pueden emitir la
cantidad de euros que les permite el Banco Central Europeo (BCE). El Banco
Central griego tiene congelada la cantidad de euros que puede emitir, y el BCE
no está dando liquidez a los bancos griegos porque está en desacuerdo con la
política fiscal del gobierno (Forbes, 3-VII-15).
Fin de
época
Buena cantidad de analistas, incluido el gobierno alemán, o en
todo caso su ministro de Finanzas, estiman que la salida de Grecia del euro es
sólo cuestión de tiempo. Es una decisión política, no económica, dicen. Y ya fue
tomada tiempo atrás. El 4 de febrero, apenas nueve días después de que Tsipras
asumiera como primer ministro y se plantara firme ante sus acreedores, el BCE le
cortó los grifos, “ante las serias dificultades para cerrar con éxito el
rescate” (El País, 4-II-15).
Antes de llegar a esa situación, que motivó
titulares como “El BCE pone a Grecia contra las cuerdas”, el entonces flamante
primer ministro emprendió una gira europea para cosechar apoyos. Luego de
reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del
Consejo Europeo, Donald Tusk, y del Parlamento, Martin Schulz, “se llevó de las
tres instituciones un sabor amargo, y sobre todo un tono duro acerca de sus
posibilidades en la negociación que ya ha empezado sobre el futuro de Grecia”.
Varoufakis llegó a contar en estos días que desde su primera reunión con “las
instituciones”, en particular con su par alemán, tuvo claro que los “socios”
querían a la díscola Grecia fuera.
Eso sucedió hace cinco meses. Durante
150 días se estuvo negociando el rescate, sin el menor resultado. ¿Pensaba
Tsipras que el 62 por ciento de apoyo al No en el referendo podía ablandar al
sistema financiero? Todas las propuestas que hizo a la troika el primer ministro
fueron recibidas con absoluta indiferencia. Peor: a cada concesión de Atenas
llovían nuevas exigencias. Pero Tsipras no cambió de línea. Incluso Varoufakis
participaba de la ilusión de convencer a sus interlocutores. Hasta que se
convenció de lo contrario. “Desafortunadamente las instituciones y nuestros
socios europeos han perdido la oportunidad que brindamos: mirar las
negociaciones como una deliberación entre socios. Lo convirtieron en una guerra
contra nosotros” (Der Tagesspiegel, 9-VI-15).
Todo indica que Grecia y
también Europa ingresan en un nuevo período de su historia. El relato sobre la
“Europa de los pueblos” fue demolido por Bruselas y Berlín. Se está ante el fin
del Estado del bienestar, pero también ante una crisis de la democracia
representativa, ya que las mayorías se quedan sin voz. Las izquierdas –incluso
las nuevas, como Syriza y probablemente sea el caso del Podemos español– han
mostrado una carencia poco creíble de estrategias alternativas. De ahora en
adelante les costará mucho volver a convencer de que representan el
cambio.
Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La
Jornada. Integrante del Consejo de ALAI.
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